Si leemos las noticias de estos últimos días, notamos que el Gobierno de Venezuela esta tocando intereses muy importantes a nivel agroindustrial, nacional e internacional, intereses que a su vez vienen con un gran poder económico y hasta político, dentro de una sociedad que refleja una minoría.

Hay que destacar, que el ataque contra el latifundio se esta materializando ahora con el nuevo Presidente del Instituto Nacional de Tierras, (INTI) Richard Vivas, el Ministro de Agricultura y Tierras, (MAT) Antonio Albarrán y el constante pronunciamiento del Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías sobre el ataque al latifundio.

El tan nombrado ataque al latifundio o régimen contra el latifundio como otros lo llaman, no es mas que el cumplimiento de la ley en su articulo 306-de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela establece: que “El latifundio es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecer las medidas necesarias para su transformación económica y productiva, rescatando las tierras que son productivas.

Por otra parte el antiguo presidente de (FEDENAGA), José Luís Betancourt, afirma que la intervención de tierras "viola los derechos fundamentales del hombre, la propiedad, la defensa, la libre empresa y el debido proceso" Las autoridades venezolanas "pueden hacer todo lo que establezca la Constitución, lo que no se puede violar es lo que establecen nuestra normas legales”. Betancourt un Hombre de familia latifundista, terrateniente y ganadero, claro que tiene que objetar esta decisión del Ejecutivo nacional.

"Fedecámaras exige: el cese inmediato de acciones arbitrarias e ilegales contra la propiedad privada; la restitución de las propiedades afectadas a sus legítimos dueños; el respeto del derecho al trabajo de los obreros y trabajadores de las empresas intervenidas," Pronunciamiento de José Luís Betancourt desde la presidencia de Fedecamaras, hoy su despacho.

Recordemos que en Noviembre del 2001 el Sr. Betancourt como cabeza de la Federación Nacional de Ganaderos y su comitiva, expreso un profundo rechazo hacia la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tal rechazo lo llevo a romper la gaceta oficial donde aparecía dicha ley, esto se realizo frente una gran rueda de prensa y ante miles de televidente, (21/11/2001). Supongamos que esta es una acción anticonstitucional, pero asumida por el ejecutivo Nacional, como un acto político si mayor tracendecía, aun cuando esto trajo consigo un recurso de amparo al TSJ donde (FDNGA) o Betancourt ejerciendo su legitimo derecho, pedía la anulación de algunos artículos, mismos que fuero anulados no en su mayoría pero los mas relevantes para el campesinado del país, como los fueron el (89 y 90). (06/0 2/ 2002).

Betancourt que también amenazó al estado, de tomar las armas, si este intentaba meterse con su propiedad, acusado por los campesinos y campesinas de financiar el sicariato en contra de ellos. Interesante el hecho de que Betancourt como Presidente de Fedecámaras se preocupe por los 37 obreros que trabajan en el silo de la “Propiedad Polar”. Empleados que a su ves hicieron un llamado al estado. ''Señor ministro, le solicitamos que ponga fin a la toma arbitraria de la planta de Barinas, La posición asumida por usted pone en riesgo nuestros puestos de trabajo y constituye una amenaza al sustento económico de nuestras familias y de los 250 productores pequeños y medianos con los cuales estamos trabajando'', dicen los trabajadores. (Posted on Wed, Sep. 14, 2005).

Ahora bien, estos obreros no se pueden quedar sin trabajo, aunque, esto seria un paro forzoso, que la empresa si está en su pleno funcionamiento estría obligada a pagarles a sus empleados por causa de ley. También tenemos que hablar, de los mas de 3 mil ex-empleados de esta empresa intervenida, que sin ningún motivo fueron despedidos del 19 al 25 de enero del 2002, momento cuando cierra la planta y a partir de ese momento empieza un proceso de desmantelamiento de equipos importantes, sobretodo en el procesamiento de harina precocida", comentó el diputado Graterol. (7 de Septiembre de 2005, RNV)

Aunque la inoperatividad de la empresa no fue el motivo mas fuerte por el cual la empresa y tierras de Barinas fueron intervenida, la principal causa es el decreto, realizado el 14 de enero del 1965, en el primer periodo de gobierno, de Carlos Andrés Pérez, donde se establece que las tierras son baldías y de la nación, desde entonces pertenecen a la Nación “Afirmo el Ministro del MAT Antonio Albarran”. Sobres las pruebas que tenga el Estado y las pruebas del apoderado de Empresas Polar, Gustavo Grau para defender sus argumentos, quien determina si la intervención esta bien o mal es el Tribunal Supremo de Justicia y la comicion de la Asamblea Nacional.

La AN hará una inspección para determinar la inoperatividad de los silos y la ociosidad de las tierras para luego, establecer una ley mediante la cual se declarara de utilidad pública la actividad para la cual se requieren los bienes en cuestión, también, Haría falta un decreto de afectación de las instalaciones para el fin de utilidad pública y basado en esto se determinara quien se queda con los silos y las tierras.

En este caso si las instalaciones intervenidas quedan en manos del estado se beneficiaran, mas de 3-mil ex empleados de Promabasa, Fribarsa y Remavenca ubicadas en el estado Barinas, Antonio Albarrán, Ministro de Agricultura y tierras, solicita el reenganche de los trabajadores y hace un llamado a los ex-empleados a reincorporase a las empresas cerradas con el fin de garantizar los puestos de trabajo. También se beneficiaran productores agrícolas de los estados Barinas, mas de mil familias, cooperativas y otras entidades campesinas organizadas.

En el caso de que “Empresas polar” quedará con los bienes intervenidos, los beneficiados serán los monopolios que durante años son dueños de la producción derivada del maíz, entre 170 pequeños y medianos productores y
los 70 obreros que de igual manera seguirán en su labores de ser el estado quien asuma la responsabilidad de estas tierras y los silos.

Esta intervención que aun no está determinada ni definida como expropiación, responden a una necesidad de darle respuesta a los mas de 2 millones de campesinos que en un 45% están organizados, y que día a día exigen respuestas al Ejecutivo nacional, también a un plan de reforma agraria. Será el TSJ y la AN quienes determinen si las intervenciones con propósito de expropiación son legales.