Caracas, 27 Mar.- Durante la transmisión del programa radial Fiscalía Contigo, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, aseguró que el golpe de Estado de abril de 2002 «no está impune ni quedará impune».

El Ministerio Público dijo en un boletín de prensa que por estos hechos hay un total de 73 imputados, 32 acusados, ocho condenados, 13 solicitudes de privativas de libertad con órdenes de captura, 11 privados de libertad, 43 prohibiciones de salida de país, 16 personas sometidas a presentación y 13 personas prófugas.

«En algunos de estos últimos casos no sabemos el paradero. Están escondidos hasta de ellos mismos porque no aguantan el cargo de conciencia», dijo.

El fiscal general indicó que entre las personas que se encuentran prófugas están Pedro Carmona Estanga, Carlos Molina Tamayo, Isaac Pérez Recao, Daniel Romero, Néstor Gonzalo González, Daniel Comisso Urdaneta, Jesús Camacho Kairuz, Rafael Damiani Bustillos, Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Alan Brewer Carías y Pedro Antonio Pereira Olivares.

«Estas personas andan huyendo y, en cada caso, nosotros estamos con las órdenes de aprehensión, prevenidos, para que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) los ubique y si lo hace con toda seguridad van a ser traídos al país», puntualizó el titular del Ministerio Público.

En cuanto a Pedro Carmona Estanga, aclaró que se está
tramitando lo concerniente a su extradición y ratificó que sobre él pesa una orden de captura.

En tal sentido, el máximo representante del Ministerio Público reafirmó que el asilo otorgado a Carmona por el Gobierno colombiano es ilegal, en virtud de que «ésta es una figura política y quien comete un delito común, no político como quieren hacer ver, y tenga una privativa de libertad acordada por un Tribunal, no puede otorgársele dicha medida. El asilo nunca debió darse».

Señaló que se cuenta con una experiencia en este sentido, en referencia al asilo otorgado a Víctor Raúl Haya de la Torre por la embajada de Colombia en Perú. Este caso se tramitó a instancias internacionales que terminaron dándole la razón al Gobierno peruano.

Acciones temerarias

Por su parte, la directora de Actuación Procesal, Luisa Ortega Díaz, quien estuvo a cargo de la investigación del Decreto Carmona, luego de la muerte del fiscal Danilo Anderson, explicó que la audiencia preliminar contra Alan Brewer Carías, José Gregorio Vásquez, Guaicaipuro Lameda y Cecilia Sosa no se ha podido realizar.

Explicó que ello se debe a que la defensa de la ex magistrada (Sosa) ha interpuesto siete recursos de apelación y dos de amparo, lo cual trae como consecuencia el retraso, es decir, que «tenemos más de dos años resolviendo recursos de apelación y de amparo».

La representante fiscal aclaró que la defensa de Sosa está actuando de mala fe y de manera subrepticia «al obstaculizar el desenvolvimiento normal de un proceso. Cuando los abogados actúan de esa manera lo hacen con el fin de que no se realice la audiencia, el juicio, es decir, que realizan acciones para paralizar el proceso, que es lo que han hecho hasta ahora».

Apuntó que para este lunes 26 estaba prevista la audiencia preliminar y la defensa volvió a presentar otra apelación, por lo que solicitaron el
diferimiento.

«Por parte del Ministerio Público nunca se ha suspendido ninguna audiencia, porque siempre hemos sido diligentes al concurrir a todas las citas», agregó.

En consecuencia, cuando el fiscal general, Isaías Rodríguez, le preguntó que si estaba de acuerdo con el criterio de que los hechos de abril de 2002 han quedado impunes, la directora de Actuación Procesal no vaciló al responder que esa era una afirmación totalmente irresponsable que ha encontrado eco en algunos medios.