11 de julio de 2016.- “Posada Carriles dio la orden de matar a mi hijo en mi vientre. Yo tenía 8 meses de embarazo y duré 21 días con el bebé muerto dentro de mi”, este es uno de los tantos testimonios de los luchadores populares a los que se les aplicó tortura tanto física como psicológica con el propósito de coartar una postura contraria a la profesada por los gobiernos que lideraron entre 1958 y 1998.
Muchos otros militantes no corrieron con la suerte de permanecer con vida y fueron desaparecidos o asesinados. Por tal motivo, la Comisión por la Justicia y la Verdad, que tiene como objetivo esclarecer estos hechos, se encuentra inspeccionando con el apoyo técnico del Ministerio Público los centros de reclusión donde se produjeron delitos vinculados con violaciones de derechos humanos como está previsto en la ley por la cual rige sus funciones.
En esta oportunidad se realizó, apegada a la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período 58-98, una inspección técnica en las instalaciones del SEBIN, situado en San Carlos, estado Cojedes, conocido antiguamente como DIGEPOL y posteriormente DISIP, gracias a la colaboración del alcalde del Municipio Ezequiel Zamora, Pablo Rodríguez; el Contralmirante de la Zona Operativa de Defensa Integral 34 (ZODI), Viverto Quinteiro Pérez; el General José Rosso y el Comisario Jefe del SEBIN de esa jurisdicción, Johan Torres.
Expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público estuvieron a cargo de la recopilación de datos y evidencias a través de la fijación fotográfica del recinto. Con esa información, el Investigador II y Criminalista II Edgar Hernández y de Einar Amaro, respectivamente, procederán a dejar registro de la existencia de ese centro de represión mediante un informe técnico.
La extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) era conocida por recurrir a prácticas violentas y la experiencia de Brenda Esquivel, miembro suplente de la Comisión por la Justicia y la Verdad, da fe de ello. “Fui recluida en la antigua Disip de San Carlos, Cojedes. Me detuvieron y torturaron por una reunión que sostuve con unos camaradas en Tinaquillo. Llegaron disparando y una camarada Esladia Vásquez, que estaba embarazada, fue asesinada. También duré dos años presa en el Cuartel San Carlos donde me aplicaron rebelión militar”, señaló la comisionada.
Añadió que el objetivo de la investigación que impulsa el ente dirigido por la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, “es dejar constancia de lo que sucedió para que la juventud conozca las políticas de Estado de antes y ahora, donde existe una convivencia cívico-militar activa. Ya no hay desapariciones ni tortura, podrá haber un caso aislado pero no es política de Estado”.
Este organismo policial fue disuelto en el año 2009 por mandato del Comandante Hugo Chávez, lo que abrió camino para la formación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en 2010. La sede de la institución en Cojedes fue remodelada y convertida en un centro médico.
Un vecino del centro de salud relató que durante su niñez fue testigo del amedrentamiento que se le propinaba a los detenidos. La situación empeoró, según dijo, durante los disturbios conocidos como El Caracazo.
“Me crié en la casa de al lado de la DISIP. De noche se escuchaban los gritos y cuando la gente era golpeada. Cuando el saqueo del 89 la situación fue más fuerte. Mi abuela y yo, que vivíamos en esa casa solos, teníamos temor por lo que sucedía y eso me generó una especie de trauma porque era un niño y escuchaba como golpeaban a la gente allí”, contó el testigo Luis Antonio Gutiérrez.
