Caracas, 07-03-2016.- La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que lleva treinta años dedicándose a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país expresa su postura ante el proyecto de “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.

Como organización de derechos humanos nuestra posición está orientada a la protección de las víctimas, sus familiares y especialmente de las personas más vulnerables que son las que provienen de los sectores excluidos y empobrecidos del país, por esta razón rechazamos que se utilice este instrumento para olvidar delitos y responsabilidades penales.

Históricamente la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz no ha respaldado las Leyes de Amnistía ya que existen antecedentes de leyes similares en todo el mundo que promueven la impunidad e invisibilizan a las víctimas y sus derechos, haciendo imposible el diálogo y la reconciliación.

Por otra parte, es preciso resaltar que incluir en una ley de amnistía o autoperdón, a todas las personas que tienen responsabilidades comprobadas en violaciones de derechos humanos, delitos de “lesa humanidad”, homicidios y corrupción para ser objeto de una Amnistía, es irresponsable, ya que todas las víctimas sin discriminación alguna tienen derecho a la justicia como lo expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”. Lo correcto es que las leyes de Amnistía correspondan solo para delitos de naturaleza política, principalmente los que tengan que ver con la expresión de ideas, difusión de informaciones, vilipendio político y rebelión, siempre que se haga en un proceso de diálogo y reconciliación.

En este sentido, violaciones a los derechos humanos, delitos como el homicidio y otros que pongan en riesgo la integridad física de las personas, no deberían ser amparados con el manto de la impunidad que tradicionalmente subyace en este tipo de leyes. De igual forma, la corrupción administrativa y otros delitos de naturaleza más bien económica tampoco deberían dejarse colar en este instrumento. Mucho menos delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos, que causan dolor, angustia y sufrimiento a centenares de familias y personas víctimas de la violencia.

Es lamentable que una oportunidad para el encuentro y la búsqueda de la verdad sea empañada por la inserción innecesaria de estos delitos en el aludido proyecto, que lo afectan negativamente, así como que dicho proyecto no promueva mecanismos para el diálogo, la búsqueda de la verdad, la promoción de la justicia y la reconciliación, contribuyendo al contrario con el aumento de la polarización política nacional, en la que un debate constructivo encuentra poca cabida.

La Red de Apoyo, como organización plural está abierta para dar este debate y para tender puentes de comunicación e intercambio entre diversos sectores de la vida nacional, especialmente entre los que manifiestan posiciones antagónicas entre sí, siempre y cuando se escuchen a las víctimas y se respeten sus derechos. Sin justicia no hay paz, diálogo ni reconciliación. No a la impunidad.


Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los Derechos Humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter. y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de Derechos Humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y general procesos de educación en Derechos Humanos.
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