Cantaura: 30 años de una masacre del Pacto de Punto Fijo

Víctimas de la Masacre de Cantaura

Víctimas de la Masacre de Cantaura

Credito: Fundación Américo Silva

28/09/12.- El 4 de octubre de 1982, se escribió una de las páginas más oscuras de la historia contemporánea en Venezuela. Ese día, 23 jóvenes guerrilleros, integrantes del Frente Américo Silva (FAS) del entonces movimiento de izquierda Bandera Roja, fueron masacrados por los organismos de seguridad del Estado, en el gobierno del copeyano Luis Herrera Campíns.

Un contingente de 400 funcionarios y efectivos, formaron parte de la operación en la que aviones Bronco y Camberra de la Fuerza Aérea lanzaron bombas y dispararon artillería pesada contra el campamento guerrillero, que celebraba el pleno del frente, en la zona de Changurriales, cerca de Cantaura, municipio Freites del estado Anzóategui.

Testimonios de los sobrevivientes, permitieron reconstruir la historia de un hecho que fue silenciado de manera oficial por más de 27 años. A la hora del café de la mañana, los guerrilleros escucharon el tronar de los aviones y las bombas que cayeron por sorpresa.

Relata el periodista Alexis Rosas en su libro, La Masacre de Cantaura, que luego de los cohetes y la metralla del ataque aéreo, no hubo muertos, pero a los pocos minutos, en lo que sería la avanzada por tierra, se reanudó el tiroteo a mansalva, por tres flancos y sin llamado a la rendición.

Aún después de que cayeran casi todos muertos, y con el resto huyendo, las balas continuaron. Los cadáveres, exhumados luego de haber sido enterrados en una fosa común por las autoridades, evidenciaron la saña del ataque. Los cuerpos estaban desmembrados, con heridas de bombas en las extremidades, múltiples impactos de bala, y 14 de ellos mostraron marcas de ajusticiamiento, con tiros en la nuca, o en la cabeza.

Los trabajos de investigación realizados, permitieron descubrir que la orden del gobierno, fue arrasar con los “subversivos”, y eliminar definitivamente “la amenaza” que representaba el FAS. La magnitud del ataque así lo demostró, pues habitantes de Cantaura han declarado que ese día, “era como si de pronto se hubiera desatado un huracán, se oía el rugir de los aviones y el intenso tiroteo”.

El Ejército tomó la vía Cantaura – El Tigre y acordonó la zona, que parecía de guerra, mientras en Caracas se desconocía lo que ocurría. Sin embargo, ante las proporciones del hecho, los rumores corrieron.

Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Interiores, así como el de Defensa, emitieron comunicados en los que se admitía “un encuentro armado entre la Disip y unidades de las Fuerzas Armadas Nacionales, con guerrilleros uniformados”, y cuantificaban “23 bajas y numerosos heridos por parte de los irregulares”.

Los cadáveres fueron llevados al hospital de El Tigre, donde los médicos fueron testigos de la forma brutal en la que fueron asesinados los jóvenes. Algunos de ellos, como el doctor José Hernández, quien brindó su testimonio para el libro de Rosas, afirmó “esa fue una masacre sin sentido; los militares planificaron la acción con mucha antelación, y cargaron con todo contra los guerrilleros cuando pudieron rendirlos con facilidad”.

El gobierno, y sus nefastos personajes a cargo de los cuerpos de seguridad y la lucha contra la guerrilla, se vanagloriaron de la acción, que luego, ante la presión de la opinión pública, se vieron obligados a callar.

“Esta es una demostración de que los organismos de seguridad en Venezuela están absolutamente capacitados para cumplir su misión. La guerrilla en Venezuela no ha tenido ni tendrá futuro” , refirió una fuente del ministerio de la Defensa, citado por Rosas en su trabajo sobre la masacre.

Los responsables gubernamentales de la acción; el presidente Luis Herrera Campíns, el gobernador de Anzoátegui Adel Tineo, el ministro de Defensa Vicente Narváez, el director de la DIM, Rafael Machado, el ministro de Relaciones Interiores Luciano Valero, el director de la Disip Remberto Uzcátegui y el tristemente célebre Henry López Sisco (también responsable en el caso Yumare), resultaron impunes de uno de los operativos mas desiguales y sangrientos de la historia cuartorrepublicana.

La larga búsqueda de la justicia

Los familiares de la víctimas no solo tuvieron que arrastrar el hecho de perder a sus seres queridos, masacrados a manos del Estado por defender una idea, sino que a su escenario debieron sumar la búsqueda y recuperación de los cuerpos y el castigo a los culpables.

Las autoridades en 1982 explicaron de forma descarada que ante la ausencia de familiares reclamando a sus deudos los fallecidos fueron enterrados en fosas comunes, sin autopsias y sin notificación.

En tanto, en el Congreso se aprobó una moción por parte de los partidos de izquierda y se creó una Comisión de investigación, que investigó, sin embargo, jamás se conoció el contenido del informe.

La movilización de grupos de derechos humanos, la protesta pública y el incansable trabajo de los familiares permitió que se realizara la primera exhumación de los cuerpos en medio de contradicciones y encubrimientos entre las autoridades; quienes no permitieron el acceso de la prensa y negaron incluso la presencia de la entonces Fiscal del Ministerio Público, Luisa Marcano Berti.

La exhumación se manejó como una operación para ocultar los desmanes del Estado en el caso. Sólo le fue practicada autopsia a uno de los cuerpos, y en el hospital de El Tigre no quedó ningún documento relacionado con la masacre. En los tribunales el manejo fue similar, con negligencia de la Fiscalía, se protegió a los efectivos militares y policiales involucrados.

Si bien pudieron identificar a sus deudos en esa oportunidad; los familiares se enfrentaron a la negligencia judicial, y aún al miedo de denunciar pues, como dijo el presidente de la asociación Cantaura Vive, Ricardo Ochoa, “no podíamos declarar abiertamente porque nos abrían un expediente por subversión”.

Fue apenas en 2009, cuando la Fiscalía General de la Republica retomó el caso Cantaura. Hasta el año 2011, se exhumaron 18 cuerpos en Caracas, Barcelona, Anaco, Cumaná, La Guaira y Puerto Cabello, que confirmaron que la mayoría de las víctimas del ataque fueron ajusticiadas.

Al cumplirse los 29 años del hecho, la Asamblea Nacional aprobó rendir tributo a los caídos, todos los 4 de octubre, como forma de honrarles y preservar la memoria histórica del país, ocultada y desvirtuada durante los 40 años de gobiernos de Acción Democrática y Copei.

“Los gobiernos de la Cuarta República utilizaron la muerte como expresión de la democracia y la tortura como método de paz”, expresó el día de la aprobación del acuerdo el diputado Braulio Alvarez, quien además señaló la importancia de que en el país existan instrumentos legales tendentes a buscar la justicia en casos de ataques a los derechos humanos por parte del Estado.

La Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998, aprobada en segunda discusión en octubre de 2011 y nacida a petición de familiares de fallecidos y desaparecidos, es el instrumento que permitirá establecer los mecanismos para dar con la verdad de los hechos, la reparación y búsqueda de víctimas y victimarios.

Los cientos de víctimas de la llamada democracia representativa; que ejerció la represión sistemática, torturas, asesinatos y violaciones a los derechos humanos sobre una población cuyo deber era proteger; forman parte de la deuda histórica del país que hoy más que nunca se intenta devolver a través de la justicia, la recuperación de la verdad y la participación activa y protagónica de sus ciudadanos en la vida política del país, sin el temor de que los cuerpos de seguridad atenten, en número de 10 a 1 y con armas de guerra, como hace 30 años en Cantaura, contra aquellos que luchan por sus ideales.

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La fuente original de este documento es:
Radio Nacional de Venezuela (http://www.rnv.gov.ve)