La ONU vuelve a pedir al estado español la derogación de la ley de Amnistía

La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul

La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul

13/02/12.-La relatora especial de la ONUpara la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, dijo que la condena impuesta al juez español Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, una trama de corrupción "parece una venganza".

Knaul consideró además que dicha condena, de inhabilitación de Garzón durante 11 años,puede responder al deseo del Tribunal Supremo que la impuso de no pronunciarse sobre por el llamado caso de la memoria histórica, en relación a la acusación de prevaricación contra el juez por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.

"Otros jueces e instancias judiciales españolas, incluidas la Fiscalía, avalaron la actuación de Garzón en relación con las escuchas, pero sólo él ha sido castigado. Parece una venganza", dijo Knaul a Efe en una entrevista telefónica desde Brasil.

La jueza brasileña, con una larga experiencia en la administración de los sistemas judiciales nacionales e internacionales, afirmó: "mi principal preocupación es que (Garzón) tiene tres investigaciones diferentes. Temo que estén utilizando esta primera para castigarle y que al final no le juzguen y sentencien por las otros dos".

"Como ha perdido el cargo a raíz de esta sentencia, el Tribunal Supremo español podría decir ahora que los otros dos procesos ya no tienen sentido, porque la persona imputada ya no es un juez", explicó la relatora de la ONU.

"La condena permite al Supremo escapar de la necesidad de emitir un veredicto sobre los otros dos casos, especialmente en el relacionado con la memoria histórica", agregó Knaul.

La relatora especial afirmó no tener razones para ver "una motivación política" tras la condena de Garzón por las escuchas, pero expresó "la profunda preocupación que me produce el impacto que la sentencia tendrá en la independencia judicial en España".

"Mi temor también es que lo ocurrido pueda ser utilizado como una manera de intimidación contra otros jueces y tribunales en España", indicó Knaul, que definió a Garzón como "una persona competente, que conoce bien las leyes y que sabía que hacía una excepción cuando ordenó interceptar comunicaciones entre imputados y sus abogados".

La jueza señaló que "es importante recordar que todo el mundo debe rendir cuentas ante la justicia", pero insistió en que "Garzón es un juez cualificado y muy respetable, que debería ser respetado en lo que se refiere a la independencia de sus actos".

"El veredicto final es desproporcionado en relación con el caso, porque, aunque existe un derecho de confidencialidad entre abogado y cliente, no se aplica en absoluto si se tiene evidencia de que se está cometiendo un delito", argumentó la jurista.

El miércoles pasado, la relatora especial ya declaró en un comunicado que "los supuestos errores en las decisiones judiciales no deberían ser una razón para la expulsión de un juez y, mucho menos, para la puesta en marcha de un proceso penal".

Por otro lado, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido este viernes a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.

"España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra. Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación".

Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base elPacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por España en 1985.

Refiriéndose a Garzón, Colville a asegurado que "los jueces no deberían ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo", habida cuenta de que sus investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales en la medida en que no cabe amnistía "para graves crímenes internacionales".


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