Caracas, 31 de mayo de 2011.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público creará oficinas especiales en cada uno de los estados en los que han sido denunciados crímenes, torturas y violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el lapso de 1958 a 1998.
En ese sentido, la Fiscal General dijo que estas oficinas estarán situadas especialmente en aquellas regiones donde en las décadas de los 60, 70 y 80 funcionaron los denominados Teatros de Operaciones convertidos en centros de torturas y actos violatorios de los derechos humanos.
Este martes 31 de mayo, la Fiscal General recibió en su Despacho a la diputada e integrante de la Comisión promotora de la Ley Contra el Olvido y la Impunidad de los crímenes de la Cuarta República (60, 70 y 80), Marelis Pérez Marcano; a Pura Soto (hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Fernado Soto Rojas); a Lídice Navas y a un grupo de representantes de organizaciones sociales y populares.
En dicha reunión, le fue entregado a Ortega Díaz, el anteproyecto de Ley para Sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas y Reparación e Indemnización a las Víctimas durante el período 1958-1998 (popularmente conocido como Ley contra el Silencio y el Olvido).
El acto sirvió además para que la parlamentaria y varios de los visitantes, expresaran su agradecimiento y apoyo a la labor que en los últimos años ha realizado la actual gestión del MP para esclarecer hechos que conmocionaron al país por la violación de los derechos humanos, tales como El Caracazo y Yumare.
Ortega Díaz destacó que el MP hará todo lo posible por establecer las responsabilidades penales en aquellos casos en que las personas les fueron cercenadas sus derechos humanos, o tienen familiares desaparecidos o asesinados en el período de 1958 a 1998.
La Fiscal General indicó que contrario al pasado, en Venezuela se cuenta con un Estado garantista y respetuoso de los derechos humanos, sin negar que puedan haber situaciones violatorias pero que son perseguidas penalmente por las instituciones.
