12 de mayo 2009. -La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía, abogada venezolana que fue entrevistada en Dando y Dando, por VTV, afirmó que el reclamo público hecho por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela contra esta instancia, es compartido por muchos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que han exigido que sea revisado profundamente el funcionamiento del organismo dependiente de la OEA

"No podemos dejar de darnos cuenta de la importancia de un planteamiento como éste... Amerita que la Comisión se revise, que sea objetiva y garantice que las decisiones sean más legítimas", dijo en relación a las observaciones del mandatario venezolano, quien criticó la doble moral de esta instancia que pretende responsabilizar a Venezuela basándose exclusivamente en fuentes periodísticas abiertamente opositoras, entre otras consideraciones

"Es un llamado de varios países, no es un llamado único...Es la necesidad que revisemos lo que estamos haciendo como institución", acotó Mejía.

Reiteró que el reciente informe donde se señala en el capítulo cuatro a Venezuela, Haití, Cuba y Bolivia como países donde no se ha observado mejoría en los DDHH, debe revisarse, por cuanto es un mecanismo que no compara la situación con el resto de la región. Dijo que, lamentablemente, en la región no existe óptima situación de derechos humanos, ya que la pobreza, la inequidad y la injusticia se mantienen presentes.

"La pobreza, la inequidad social, la injusticia en la región, hace que el tema siga siendo el gran desafío de estos 50 años".

En el caso concreto de Venezuela, el informe tiene únicamente fuentes de medios de comunicación y ONG, la mayoría de los cuales han tomado posición política definida en contra del Gobierno, lo que hace frágil la legitimidad de sus conclusiones y recomendaciones. Aclaró que como venezolana no ha actuado dentro de las deliberaciones que concluyeron en el informe, pero puede hoy expresar sus consideraciones, las cuales ha planteado al seno del organismo en diversas ocasiones.

Dijo que la CIDH es un cuerpo colegiado que cumplirá, próximamente, 50 años de creada y se hace necesario que cambie. Consideró que las declaraciones del presidente venezolano precipitan la necesidad de esa reforma profunda y transformadora, de lo que supone cómo ha venido abordando la defensa de los DDHH, qué ha faltado por hacer y qué se necesita hacer de cara al futuro.

"La correlación de fuerzas de la OEA ha cambiado, la forma de ver la dinámica de la democracia participativa es fundamental. Hace 50 años la visión era la democracia representativa. Hoy es participativa y protagónica. Lo que ocurre en nuestro continente se acerca a un modelo de transformación que pone al pueblo como protagonista".

Informó que la CIDH está conformada por 7 comisionados, y ninguno es permanente, como sí lo es la Secretaría Ejecutiva, la cual no es electa por ninguno de los estados miembros de la OEA, sino por el Secretario General. "Hemos planteado que los comisionados deberíamos ser permanentes", acotó.

Además, señaló que la Comisión no tiene recursos propios y 50% de su presupuesto proviene de fondos no regulares. Peor aún, la fuente principal de esos fondos proviene exclusivamente de EEUU, uno solo de los países miembros de la OEA. Consideró que esta situación es una desproporción que amerita revisión, pues el propósito de velar por los pueblos del continente puede terminar restringido en su accionar.


La CIDH es organismo subsidiario y no puede estar por encima del Estado:

La Presidenta de la CIDH recordó que esta instancia es un órgano subsidiario que busca fortalecer la institucionalidad democrática de los Estados y no pretende sustituirlo, por lo cual nadie puede pretender acudir a ella hasta tanto no se agoten los trámites legales internos de cada país.

Esta información la dio tras analizar la noticia según la cual el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) anunció que denunciaría al Estado por la presunta amenaza a los medios privados, y acudiría a la CIDH porque no confía en la justicia venezolana.

"En Venezuela ha habido una fórmula de desconocer los mecanismos internos de administración de justicia", dijo, mediante la excusa de la desconfianza en la justicia interna.

"Eso es bien delicado, porque los organismos internacionales son órganos subsidiarios y se debe acudir a ellos cuando se han agotado las instancias internas. Ese requisito es fundamental", manifestó, y explicó que existen excepciones específicas que no es el caso en Venezuela, entre ellas la posibilidad de otorgar medidas cautelares mientras el Estado agota los procedimientos internos.


El Estado no es el único responsable de los DDHH:

La presidenta de la Comisión, explicó que en los 50 años del Sistema Interamericano se ha desarrollado una doctrina según la cual la libertad de prensa y expresión son las piedras angulares de la democracia.

"Cuando hacemos análisis de esta doctrina, lo que ha venido pasando es que si la libertad de prensa es la piedra angular de la democracia porque garantiza la pluralidad del pensamiento, ¿qué pasa cuando esa pluralidad no está garantizada?", planteó Mejía, al explicar que, actualmente, hay muchísimos países donde los pueblos en su autodeterminación han optado por elegir gobiernos no tradicionales y los medios de comunicación establecidos han reaccionado en contra, abiertamente y con violencia.

Apuntó que ante esta resistencia de medios de comunicación, cuyos dueños están opuestos a esos gobiernos y transmiten un único mensaje homogeneizado de acuerdo a sus intereses, y no existen otros mecanismos que puedan contrarrestar esa información, el objetivo de esa libertad de expresión está en riesgo, porque no se garantiza la pluralidad de ideas.

"Venezuela, Uruguay, Argentina hacen ejercicio amplio para que quienes nunca han sido escuchados puedan hablar por los medios", reconoció, agregando que eso ha generado polémica, porque los grandes intereses económicos se oponen a esta posibilidad e, incluso, se resisten a la existencia de medios comunitarios y alternativos.

"Los medios no garantizan libertad absoluta...", aseveró, y advirtió sobre la necesidad de estudiar la situación cuando los medios tradicionales hacen llamado al odio, a la discriminación, que representan limitaciones de la doctrina en el articulado interamericano.

"Históricamente se ha visto al Estado como único responsable de los DDHH...", manifestó, sobre la doctrina actual. Por ello, expresó, que también se le ha considerado como el único violador, cuando en realidad hay terceros que tienen mucha responsabilidad en este tema.

Ejemplarizó este caso con lo que ocurre en Bolivia, donde la Comisión identificó casos de servidumbre de la población indígena y campesina, que el Estado ha tratado de revertir, pero se ha encontrado con resistencia de otros sectores con gran poder económico.

"Nos damos cuenta que hay poderes de terceros que muchas veces tienen más poder que el propio Estado. Y entonces, esos poderes tienen tanta o más responsabilidad que el Estado, en muchos casos".

Señaló que es necesario abordar en el seno de la Comisión Interamericana esta fuente de violaciones a los DDHH. "¿Qué pasa cuando los terceros son responsables de esas violaciones? ¿Qué debemos hacer?", planteó, como tema de discusión.

"Es un gran momento en los 50 años de la Comisión para abordar estos temas. Asistir al reto de la transformación, ¿si no somos capaces de transformarnos, qué ocurrirá?".