En el marco de su política humanista para enfrentar la delincuencia, el ministro Pedro Carreño ha llevado a la práctica un ambicioso dispositivo de seguridad combinado entre la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, al cual se integran tangencialmente la Disip y el Cicpc, que garantiza, según sus palabras, permanencia diaria y a toda hora de agentes de seguridad del Estado en Caracas y las principales ciudades del país.
Contrasta esta medida con las desplegadas durante la IV República, en las que el delincuente perdía su condición humana y era asesinado como perro rabioso en simulados enfrentamientos, sin que los sedicentes “defensores de los derechos humanos” alzaran su voz de protesta. Ahora el ataque contra la delincuencia se libra en otros frentes: en el de la educación, basado en la fe en el hombre, en la posibilidad de su redención y arrepentimiento y su posterior reacomodo en la sociedad.
En el entendido de que la delincuencia es producto de la marginalidad económica a que estuvieron sometidas durante décadas nuestras clases populares, que les impidió obtener vestido, vivienda, educación y alimentos, el Gobierno del presidente Chávez habilitó varias misiones, cuyo propósito es saldar esa añeja deuda con la mayoría de los venezolanos, que van desde la Robinson, para hincarlos en la ilustración educativa, hasta la Mercal, con la cual facilita llevar a la mesa los productos básicos para una alimentación decente.
Mientras el Gobierno despliega estos mecanismos nunca vistos en la historia de la Humanidad, los canales de televisión comerciales bombardean a la juventud con películas de violencia e incitan al consumo, ya no sólo de la producción de las fábricas capitalistas, sino también de la droga y el licor, y de imágenes de que el sujeto violento, empistolado, es el arquetipo del hombre valiente y poderoso. Envenenados con esas imágenes, nuestros jóvenes se sumergen en el mundo del delito. Claro, hay otras razones para el delito que sería prolijo explicar aquí pero que tienen su basamento en la economía de mercado que privó durante tantas décadas en Venezuela.
La preservación de la vida es la consigna que reitera el ministro Pedro Carreño, enfrentando a quienes pretenden que nuestras policías y fuerzas armadas irrumpan en barrios y cerros disparando contra cualquier morenito con pinta de choro. Y añorando esas medidas, hablan de “creciente inseguridad”, “desborde del hampa” y presentan videos como el de Globovisión, con la saña y el morbo que en otras épocas les producían las “muertes por enfrentamiento” de los delincuentes con “las fuerzas del orden”.
Innegable es la actividad de delincuentes, pero frente a eso el Gobierno asume su responsabilidad. Prueba de ello son las cifras sobre la disminución del delito, la incautación de drogas, la detención de delincuentes y la recuperación de bienes y rescate de personas que periódicamente ofrece al país el ministro Carreño. De Perogrullo es la verdad de que el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y los cuerpos policiales no pueden divulgar las medidas que toman para combatir el crimen. Pero se está haciendo una labor cuyos resultados comienzan a sentirse, a pesar de que la oposición empuja la carreta en sentido contrario.
Veamos, de pasada, sólo algunos ejemplos: la humanización de las cárceles, el cuantioso decomiso periódico de grandes cantidades de drogas, el creciente número de choros apresados, la sensación que ya comienza a recuperar el venezolano, y el caraqueño en particular, de que sí se está trabajando para su seguridad.
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