Colombia: historia secreta de una masacre

Estrategias clandestinas de "limpieza política" puestas en práctica en una zona fronteriza entre Venezuela y Colombia por narcoparamilitares, que habrían contado en algunos casos con la colaboración del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se convirtieron en un baño de sangre binacional, con más de 11,000 muertos en cinco años, de acuerdo con investigadores sociales, fuentes militares colombianas e informantes de inteligencia consultados por El Nuevo Herald en Bogotá y Caracas.

Por G. Guillén - El Nuevo Herald

Apenas ahora comienzan a perfilarse la magnitud y la historia de una masacre cometida por paramilitares y traficantes de cocaína, confederados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes el presidente colombiano, Alvaro Uribe Vélez, ha concedido indultos, libertad y la seguridad de no ser extraditados a Estados Unidos, que los reclama, ni a ningún otro país en el que hayan delinquido.

Los hechos ocurrieron a lo largo de una pequeña porción de la extensa frontera entre los dos países, de 2,220 kilómetros de longitud.

Desde agosto del 2002, el DAS habría consentido tratos gubernamentales con poderosos narcotraficantes y paramilitares que han logrado instalar en territorio venezolano un contingente ilegal de al menos 1,000 combatientes que hoy dominan en ese país amplios territorios, por lo menos, en tres estados de frontera: Zulia, Táchira y Apure, dijeron las fuentes.

El proyecto paramilitar de frontera, durante los últimos cinco años ha ocasionado los homicidios de 11,200 personas, solamente en 15 de los 40 municipios del limítrofe departamento colombiano de Norte de Santander, de acuerdo con estadísticas dispersas de la Policía Nacional y del Sistema Nacional de Medicina Legal, recaudadas por la organización no gubernamental Fundación Progresar, de la ciudad colombiana de Cúcuta, que dirige el investigador social Wilfredo Cañizares.

Ese número de muertos no incluye el de personas desaparecidas en el mismo departamento de Norte de Santander y en las regiones venezolanas controladas por los paramilitares colombianos. La cifra de estos varía entre 500 y 3,000 personas, de acuerdo con las fuentes de información consultadas.

La envergadura de los estragos paramilitares en la región mencionada comenzó a verse hace pocos días. Entre el 2 y el 9 de abril pasados, la Fiscalía Colombiana exhumó los restos de 32 personas en el sector de La Gabarra, dentro de la jurisdicción del municipio de Tibú, al pie de Venezuela.

"La comisión también recibió restos óseos de nueve grupos familiares para su identificación. Se realizaron 33 inspecciones a cadáveres y se diligenciaron 37 formatos de desaparecidos [. . .] Se efectuaron 17 necropsias y se recogieron 34 muestras de sangre para identificación de ADN", también, "se elaboraron 17 cartas dentales y se hicieron 16 tomas de muestras de restos óseos y piezas dentales", dice un informe de la Fiscalía General de Colombia entregado a El Nuevo Herald, en Bogotá.

La comisión judicial llegó a los cementerios clandestinos de La Gabarra y encontró los restos de las víctimas de los paramilitares, guiada por informaciones y mapas elaborados por la Fundación Progresar.

Limpieza política

En una extensa entrevista con El Nuevo Herald, Cañizares sostuvo que, por ejemplo, "solamente en el municipio colombiano de El Tarra, con 3,000 habitantes, hay al menos 200 viudas". Esta población se encuentra en la selvática zona fronteriza de Catatumbo, dentro de Norte de Santander.

"Tenemos las denuncias de la gente. Tenemos información de que en siete municipios del departamento hay por lo menos 35 fosas o cementerios clandestinos", sostiene Cañizares. "Solamente en La Gabarra, donde estuvo la comisión de la Fiscalía, nosotros sabemos que hay 19 fosas. ¡Solamente en la Gabarra! La Fiscalía solamente encontró dos fosas y la comisión ya salió. Encontraron restos de 32 personas".

La fundación de Cañizares está protegida por el Ministerio del Interior con base en acuerdos internacionales que obligan al gobierno de Colombia a tolerar y resguardar a los defensores de los derechos humanos.

El Nuevo Herald contactó a Cañizares y su fundación por recomendaciones de fuentes de Naciones Unidas y otras ONG que investigan el tema.

"Nosotros tenemos la información", sobre esas fosas, dice Cañizares. "Pueden ser más".

Fuentes del Ministerio Público venezolano, por su parte, revelaron a este diario que Caracas va a solicitar acceso a las pruebas de ADN de los restos humanos encontrados en las fosas de la frontera, para ver cuántos ciudadanos suyos desaparecidos podrían estar entre los muertos que los paramilitares y el DAS virtualmente sacaron de ese país en lo que podría haber sido el proyecto criminal de "limpieza política" más escabroso que haya vivido Venezuela.

El Fiscal General colombiano, Mario Iguarán, declaró que su oficina adelanta 16 investigaciones sobre las fosas de Norte de Santander.

Fuentes de la propia Fiscalía General y Cañizares contaron a El Nuevo Herald que, desde que se dijo que los paramilitares de la zona habían supuestamente depuesto las armas el 6 de noviembre pasado en un acto que presidió el Alto Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, algunos campesinos comenzaron a contactar a la Fundación Progresar para llevarle huesos, restos de cabelleras y pedazos de pieles secas de parientes a quienes los paramilitares habían asesinado y enterrado en fosas comunes.

Los dolientes no se atrevían a desenterrar los cuerpos completos de sus parientes muertos cuando descubrían las fosas en las que estaban. Solamente extraían y guardaban residuos con la esperanza de que algún día fueran analizados en exámenes de ADN.

Los retenes fatales

El genocidio comenzó a gestarse exactamente a las 9:30 de la mañana del 29 de mayo de 1999, cuando un contingente de paramilitares instaló un retén en la carretera que une La Gabarra con la cabecera municipal de Tibú, al pie de Venezuela, de acuerdo con el Informe global: el derecho a buscar y recibir refugio en la zona fronteriza colombo-venezolana, preparado por las ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz de Venezuela, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, y Asociación para la Promoción Social Alternativa, de Colombia.

El retén fue puesto cerca de "un puesto de control de la Policía Nacional de Colombia, conocido como Refinería", sostiene el informe binacional de las ONG. "Más de 60 vehículos que transitaban por el lugar fueron obligados a detenerse".

"Aproximadamente 100 personas, entre campesinos, comerciantes y demás pobladores de la zona, fueron retenidos por los paramilitares, quienes les pidieron los documentos de identidad que luego confrontaron con una lista que portaban", agrega el informe. "Las personas que aparecieron en dicha lista fueron ejecutadas; entre ellos, Jorge Camilo González Prada, Gerardo Berbesí y Rafael Claros".

En total, el informe sostiene que fueron asesinadas ocho personas "y se llevaron 16 más, cuyo paradero y suerte posterior se desconoce".

De esta manera los paramilitares llegaron a desterrar a las guerrillas de izquierda que durante años habían cometido varias masacres, cuatro de ellas en La Gabarra, y habían dominado la zona, también a sangre y fuego.

Con el paso del tiempo se hizo costumbre que los paramilitares montaran retenes sobre esa vía al mismo tiempo y a corta distancia de otros que ponían el Ejército y la Policía Nacional.

Los retenes del Ejército, sostiene el informe, estaban a cargo, de "efectivos pertenecientes al batallón Grupo Mecanizado Maza, comandado por el coronel Víctor Hugo Matamoros y efectivos del batallón Héroes de Saraguro, comandados por el mayor Mauricio Llorente. Usualmente en el sitio conocido como Refinería, se instalaba un retén de la Policía de Colombia".

El día en que los paramilitares abrieron fuego en la zona "fue levantado un retén del Ejército pero estaba instalado el retén de la Policía y por allí pasó el numeroso grupo de paramilitares, vestidos con ropa militar y portando armas de largo alcance, con brazaletes que decían AUC", sostiene el informe.

Añade que la autoría de estos hechos fue reconocida posteriormente por el comandante paramilitar conocido como comandante Camilo, en declaraciones dadas a una comisión integrada por miembros de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Diócesis de Tibú, el día 10 de julio de 1999, dos meses después de la masacre.

Amparo gubernamental

Estas acciones permitieron que los cultivos de hoja de coca de la zona de Catatumbo y los laboratorios para la producción de cocaína que proliferaron quedaran en manos de los narcotraficantes que comandaban las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso.

La toma de La Gabarra y, en general, de la región binacional de Catatumbo, generó sucesivos éxodos de campesinos hacia Venezuela. Algunos de ellos se instalaron en haciendas como jornaleros y echaron raíces mientras que otros fueron repatriados y volvieron a salir en repetidas ocasiones, huyendo de la persecución de los paramilitares que gozaban del respaldo del Ejército y la policía colombianos.

De acuerdo con el corregidor de La Gabarra, en Tibú, Elkin Carrero Rojas, por lo menos 105 fincas y 58 propiedades fueron ocupadas a la fuerza por los paramilitares cuando ingresaron al Catatumbo en mayo de 1999.

En el 2002, con el ascenso al poder de Uribe, los paramilitares montaron frentes de operaciones del lado de Venezuela y en el transcurso de dos años y medio consiguieron respaldo de ganaderos opositores al presidente Hugo Chávez en los estados Zulia y Táchira, principalmente.

Cañizares sostiene que los contingentes de paramilitares enviados a conquistar regiones fronterizas dentro de Venezuela fueron preparados en una base de entrenamiento que hasta hace poco tiempo funcionó en Puerto Santander, Colombia, cerca de La Gabarra.

"Sabemos que la base de entrenamiento en Puerto Santander funcionó hasta el 2005", aseguró Cañizares a El Nuevo Herald. "De manera permanente eran entrenados contingentes y pelotones. No podemos calcular cuántos, pero son muchos. Las estructuras de Norte de Santander pertenecieron y pertenecen al Bloque Norte de los paramilitares, que manda Mancuso y en esta, la última etapa, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40".

De acuerdo con informaciones de la Agencia Contra la Droga de Estados Unidos (DEA), Mancuso es uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia.

Un alto oficial del Ejército colombiano que reconoció haber visitado aquel campo de entrenamiento confirmó que los paramilitares eran preparados para ir a instalarse en Venezuela y que, entre sus funciones, estaba la de atrapar personas y trasladarlas a Colombia para darlas de baja en lo que describió como "operaciones limpias", debido a que las víctimas eran "bandidos".

Una vez que se inició la entrada de los paramilitares, sostiene Cañizares, ahí se comienza a presentar una alianza con los ganaderos del estado Zulia, que hoy en día se da también en el estado Táchira de Venezuela.

"Ha copado sectores como Machiques, como el Catatumbo venezolano, como El Vigía y, en el estado Táchira, como Colón, Coloncito, La Fría, Boca de Grita", precisa.

La versión de Cañizares fue confirmada a El Nuevo Herald por una fuente de inteligencia policial de Venezuela y otra cercana a un fiscal nacional de Caracas que se especializa en estos temas.

Reuniones sin actas

El avance del paramilitarismo y de la guerrilla dentro de Venezuela se ha dado de tal manera que más de 60 por ciento de los secuestros que hay en el país ocurren cerca de la frontera con Colombia. En San Cristóbal, ciudad venezolana próxima a Cúcuta, Colombia, 95 por ciento de los homicidios ocurren con armas de fuego ilegales.

Una fuente de inteligencia policial venezolana contó que durante los últimos tres meses, en la región de El Nula, estado Apure, se han registrado 28 homicidios asociados con la penetración paramilitar.

Durante el mismo período y por las mismas causas han ocurrido más de 50 homicidios en cuatro poblaciones del estado Apure. Esta semana, la policía de Venezuela anunció el arresto del venezolano Erick Antonio Zambrano, presunto jefe de Operaciones del Bloque Catatumbo de las AUC.

La actual presencia paramilitar en Venezuela fue denunciada recientemente por un alto ex funcionario del DAS y la describió como parte de un supuesto plan del propio gobierno colombiano, destinado a desestabilizar el régimen del presidente Hugo Chávez.

El denunciante, Rafael García, ocupó la dirección informática de la agencia de inteligencia a la que llegó amparado por la amistad y la confianza de Jorge Noguera, quien hasta noviembre pasado ocupó la dirección del organismo, por directa designación del presidente Uribe.

García actualmente está preso bajo cargos de haber borrado de los sistemas del DAS, entidad que maneja la información migratoria del país, los antecedentes de narcotraficantes y paramilitares supuestamente amigos de Noguera, quien debió salir de la agencia de inteligencia envuelto en un escándalo de corrupción. A su salida de este cargo, Noguera fue trasladado al consulado general de Colombia en Milán, Italia, alegando razones de seguridad.

García, en entrevista concedida a El Nuevo Herald en la cárcel La Picota, de Bogotá, sostuvo que algunos de los paramilitares que se encuentran en Venezuela salieron a sabiendas de Noguera, a quien acusa de mantener contactos y reunirse con los más poderosos paramilitares del país.

"El DAS sabía", dijo García. "Pero esto es superior al DAS".

Al ser preguntado si ese superior era el presidente Uribe, García contestó: "Usted lo ha dicho".

Noguera dijo a El Nuevo Herald que sus reuniones con los paramilitares se realizaron para coordinar aspectos de su desmovilización en el marco de un acuerdo de paz con el gobierno.

"Yo no me reuní solamente con Jorge 40. Yo también me reuní con Mancuso y con varios otros de los miembros de las autodefensas, pero todas, todas las reuniones, incluyendo la de Jorge 40, [ocurrieron] siendo director del DAS y estando en curso el proceso de paz. Nunca antes de eso".

Al ser preguntado sobre las actas que debieron quedar por haber sido reuniones oficiales, contestó: "No, de eso no se dejan actas".

Frontera porosa

García dice que Noguera salía a Venezuela por la frontera de Cúcuta, acompañado por el director local del DAS, Jorge Enrique Díaz, y que no permitía que sus movimientos fueran registrados por los controles migratorios.

En abril del 2005, Díaz fue asesinado en Colombia y su cuerpo fue arrojado en Venezuela. Al mes siguiente también fue asesinado el abogado Vitelmo Galvis Mogollón, quien fuera subdirector de la agencia de inteligencia en esa ciudad.

García sostiene que Noguera se había enemistado seriamente con Díaz porque "decía que le creaba problemas con el presidente Uribe".

Un ex fiscal que pidió no ser identificado también aseguró a El Nuevo Herald que tiene testigos y maneras de probar que las salidas de Noguera a Venezuela "eran ciertas".

García declaró que Noguera varias veces le dijo que cuando iba a Venezuela era "para hablar con una gente", y agregó, "supongo que eran antichavistas".

Al ser consultado por El Nuevo Herald sobre sus supuestas salidas a Venezuela sin permitir que se registraran, Noguera dijo:

"No, eso no es cierto, es absolutamente falso".

Al insistirle en el punto de que si nunca había salido a Venezuela como director del DAS, respondió:

"Mire, yo no le voy a decir cuáles fueron todos mis actos en el DAS. Lo que sí le puedo decir es que fueron actos absolutamente transparentes, que no cometí ninguna irregularidad".

Sin embargo, García no es el único que señala al DAS y a Noguera, la mano derecha de Uribe en cuestiones de inteligencia y seguridad, con las operaciones de "limpieza política" y "limpieza social" que los paramilitares desplegaron en Venezuela.

Cañizares declaró a El Nuevo Herald que durante la segunda etapa del paramilitarismo en Norte de Santander, marcada por el inicio del gobierno de Uribe, en el 2002, "lo que nosotros hemos encontrado y lo que hemos dicho es que nada de lo que se mueve en la frontera es desconocido para el gobierno colombiano".

Respecto de las estrategias de asesinar gente en Venezuela y traer personas, incluidas venezolanas, para matarlas en Colombia, Cañizares sostiene que en Cúcuta y en el Táchira son vox populi todas estas situaciones".

"Díaz salía a Venezuela con el propio Noguera", aseguró Cañizares. "Sí, claro, eso es cierto, y con paramilitares".

García dijo a El Nuevo Herald que está dispuesto a declarar ante la justicia venezolana sobre los planes que, desde Colombia, el DAS y los paramilitares habrían urdido para desestabilizar al gobierno de Chávez.

Sin embargo, García sostiene que solamente hablará fuera de Colombia, por razones de seguridad.

La fiscalía colombiana dijo a El Nuevo Herald que Venezuela ya solicitó oficialmente que se le permita interrogar a García en cumplimiento de acuerdos binacionales de cooperación judicial, pero que el pedido no ha sido resuelto.

Uribe defiende las actuaciones de Noguera y niega que haya existido un complot en Venezuela. Sin embargo, admite la posibilidad de que pudiera ser cierto:

"Si alguien en Colombia es responsable de eso, se tiene que ir a la cárcel. El primero que estimula que se vaya a la cárcel es el gobierno de Colombia y el primero que ofrecería disculpas al Gobierno de Venezuela y al pueblo de Venezuela, sería el Presidente de Colombia".

Y se pregunta:

"¿Usted cree que yo hubiera cultivado buenas relaciones con Venezuela y simultáneamente hubiera estimulado golpes de Estado o conspiraciones contra el gobierno de Venezuela?".



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