Según un trabajo recientemente publicado en la revista científica inglesa “The Lancet”, en los Estados Unidos de América hay 22,6 millones de consumidores de drogas ilegales mayores de 12 años, es decir, el 8,9 % de la población del país. De este alto porcentaje de la población, anualmente 17 de cada 100.000 jóvenes son víctimas de tiroteos y otros sucesos atribuidos al uso excesivo de alcohol y drogas. Una cifra cuatro veces más alta que en Israel y Suiza los otros países “desarrollados” que le secundan en ese renglón. Esos datos ponen de manifiesto, que la violencia delictiva se concentra en el sector juvenil de las sociedades “desarrolladas” y tiene como componentes fundamentales el uso excesivo de alcohol, drogas y el porte de armas. En Venezuela, según datos extraoficiales (los oficiales no están a nuestro alcance) y que pudieran estar intencionalmente exagerados, para calificarnos como el país más violento de América Latino, hubo en 2010 alrededor de 14 mil homicidios, es decir 48 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esa tasa de homicidios se elevó en 2011 a 67 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese año también fueron asesinadas 500 mujeres. En el mes de enero pasado hubo 1.347 homicidios y 37 secuestros. Sean exageradas las cifras o no, debemos aceptar que tenemos una inaceptable alta tasa de criminalidad. De acuerdo a las noticias de prensa y los informes de las autoridades policiales, las zonas con alto índice delictivo son barrios pobres densamente poblados, en los cuales hay expendios ilegales de bebidas alcohólicas y se ha asentado el narcotráfico concomitantemente con la ausencia de organización popular en defensa de los valores de la comunidad. Los países más pobres de Latinoamérica como Haití, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Paraguay tienen índices de criminalidad más bajos que Venezuela, Brasil, México y Colombia. Pero los datos estadísticos a veces son algo engañosos. El 40% de la población latinoamericana que es extremadamente pobre vive en Brasil y en México. En Brasil viven casi 15 millones de personas con menos de un dólar al día y los más altos índices de criminalidad se encuentran en Río de Janeiro y Sao Paulo. Brasil no es productor de drogas ni vía de tránsito de las mismas. México tiene oficialmente 8 millones de seres en pobreza extrema, hay quienes dicen que el gobierno oculta las verdaderas cifras, sus altísimos índices de criminalidad, principalmente en las ciudades fronterizas con los Estados Unidos, se dice que son consecuencia de la lucha entre las mafias de la droga. México es vía de transito y productor de drogas. En Venezuela tenemos un poco más de dos millones de personas viviendo en pobreza extrema en las ciudades más densamente pobladas y somos una vía de tránsito de la droga hacia Estados Unidos y Europa. ¿Por qué tenemos tan altos índices de criminalidad? ¿Será falta de presencia policial? Brasil cada vez gasta más en policía pública y privada y la tasa de criminalidad no se reduce. Para 2005 ese país destinaba al rubro policial 10 % de su PIB, paradógicamente mientras el número de presos ascendía en forma significativa, la tasa de criminalidad también lo hacía. El ministro Al Aissami dijo que la Policía Nacional Bolivariana había logrado bajar los índice delictivos en las parroquias Sucre y Antímano, pero no los homicidios. Hay quienes piensan que el problema de la criminalidad está en la desigualdad social, pero Venezuela tiene el menor índice de desigualdad en América Latina y Chile el más alto del continente y tiene menor criminalidad que Venezuela, Brasil, México, Colombia y el Salvador. ¿Qué pasa realmente entre nosotros? En Venezuela, el problema de la inseguridad, no es nuevo, pero es evidente que ha ido en aumento en los últimos años. En un intento de entenderlo vamos a analizarlo en forma descarnada. Hay los homicidios circunstanciales cometidos bajo los efectos del alcohol y las drogas, los homicidios premeditados como consecuencia de las disputas territoriales por el narcotráfico, los ajustes de cuentas entre narcotraficantes, los secuestros de personas para cobrar recompensas, que en muchos casos son asesinadas y cuyas muertes están asociadas al narcotráfico. Tenemos además los homicidios de mujeres, de los cuales un buen porcentaje está conectado al consumo de alcohol y drogas. Visto así, no hay dudas que el narcotráfico es el principal causante del elevado número de homicidios. ¿Por qué en nuestro país y no en otros? El problema de la desatada delincuencia urbana no está determinado por la pobreza en sí. El fenómeno de los pobres viviendo en los cerros circundantes al valle de Caracas, podemos ubicarlo a comienzos del siglo XX. En ese entonces no había ranchos, eran modestas casas de tejas sin los servicios de agua potable y cloacas, que algunos “ricos” construían para alquilarlas a los pobres. No había hacinamiento ni promiscuidad. Otros igualmente pobres vivían en casas con 20 o más habitaciones, llamadas casas de vecindad, ubicadas en las diferentes parroquias caraqueñas comenzando por Catedral, en las cuales familias de 3 y 4 personas alquilaban una habitación que servía de dormitorio, cocina y comedor al mismo tiempo. Los pobres que no tenían como pagar un alquiler, optaban por vivir debajo de los puentes de la ciudad. Había promiscuidad es verdad, pero su incidencia en los actos delictivos no era significativa. Porque había convivencia humana y respeto ciudadano. Los pobres siguieron emigrando insensiblemente hacia las grandes ciudades y los barrios fueron creciendo progresivamente, pero podemos decir que hasta 1959 Venezuela era un país de bajo índice delictivo. Caracas era una ciudad pacífica, había pobreza pero con valores morales y espirituales, y como consecuencia predominaba una conducta ciudadana de respeto a los demás. Después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958, hubo una masiva migración de gente pobre desde el interior de país hacia las grandes ciudades, en busca de mejores condiciones de vida. El resultado inmediato fue la aparición, como hongos, de barrios con ranchos construidos con latas y cartón habitados por gente muy pobre, sin profesión con un muy bajo nivel de escolaridad y muchos eran analfabetos. Al poco tiempo se puso en evidencia un fenómeno social que se caracterizó por la aparición de una pobreza carente de valores morales y espirituales. Era la consecuencia del hacinamiento y la promiscuidad en cuartuchos de ranchos sin ningún tipo de servicios, donde se desarrollaba una contracultura del ser humano, signada por carencias afectivas a nivel familiar. Es decir, había desaparecido el núcleo familiar donde se forjan los valores morales y espirituales que permiten el progreso social. Es necesario tener presente que los valores que enaltecen la condición humana se adquieren entre el nacimiento y los seis años de edad del niño o niña. Las experiencias vividas en ese período conforman el subconsciente que ordenará el 95% de la conducta de los seres humanos durante el resto de su vida. El hambre, la suciedad, el desorden, la promiscuidad, el incesto, el irrespeto a las normas ciudadanas y a la condición humana, unidas a la carencia afectiva dejan profundas huellas en el subconsciente de los niños, que ordenan una conducta antisocial que se extiende a toda la vida. Este es un estigma que no desaparece aún cuando mejoren las condiciones económicas y sociales. Este fenómeno social es notorio en los barrios pobres, pero en la clase media y en la alta también aparece, porque el problema reside principalmente en la carencia afectiva. Los niños pequeños atendidos por vecinas, “el servicio”, o nanas, sufren lo que pudiéramos llamar el síndrome del desamor, fundamento de las conductas delictivas que afloran con la ingestión de alcohol y el uso de drogas psicotrópicas y estupefacientes. El fenómeno social que se desarrollaba en el rancherío de los barrios, no llamó la atención del gobierno “democrático” del pacto de Punto Fijo, presidido por Rómulo Betancourt, que a principios de 1961 devaluó el bolívar de Bs. 3,30 por dólar a 4,40, redujo en 10% los sueldos y salarios de la Administración Pública. Venezuela fue empobrecida violentamente. Después de caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hubo una fuga de divisas impresionante, las reservas del país desaparecieron impunemente. La burguesía financiera había desangrado al país en tres años. Nadie dijo nada, todo el mundo calló. El pacto de Punto fijo se impuso. Ese impacto negativo en la economía tuvo una incidencia fatal entre los pobres de los barrios y en la clase media. En ese momento se produjo una escalada en los actos delictivos, fundamentalmente robos, atracos y arrebatones. A los jóvenes pobres y sin trabajo, no le quedaba otra cosa que recurrir a los actos delictivos para sobrevivir. Las madres pobres y de clase media, abandonaron a sus hijos y se lanzaron a la calle en busca de trabajo para la supervivencia de una familia que inevitablemente habría de fracturarse. Así se instaló el síndrome del desamor entre los venezolanos. Junto con la lucha armada que inició los líderes de la izquierda de entonces, ahora en la extrema derecha, hizo su aparición la marihuana colombiana. El fumar la “yerba” se hizo moda dentro de la farándula criolla y los hijos de papá y mamá, en el Este de Caracas. Se imitaba a los “hippies”, protagonistas en los años 60 del “american way of life”. La escalada a drogas más tóxicas fue inmediata y paralelamente se inició el microtráfico de drogas prohibidas: marihuana, cocaína, heroína, crack y drogas sintéticas. Un productivo mercado de “trabajo” había aparecido, ahora los jóvenes de los barrios eran reclutados por el narcotráfico como vendedores al detal de drogas y comenzó una escalada delictiva de robos, atracos, secuestros y asesinatos cometidos por jóvenes de los diferentes estratos sociales, pues necesitaban dinero para comprar la droga que les desataba el subconsciente delictivo. Recordamos que una “patota” de jóvenes del Country Club que andaba en motocicletas, mató en el Club Táchira a un joven médico de apellido poco conocido. Aunque se asomaron algunos nombres como sospechosos, en realidad la policía y la prensa no mencionaron más el asunto. Pero la espiral delictiva ascendente de grandes proporciones, se desarrolló a partir de 1971 cuando los niños nacidos en 1958 tenían 13 años de edad y en cuyo subconsciente no había valores morales ni espirituales. Un factor importante en el proceso de aceleración de la espiral delictiva, fue la llegada a Venezuela de los hermanos Cuntrera a comienzos de la década de 1970. Ellos eran parte del clan de la mafia italiana Cuntrera-Caruana, perseguido por la policía italiana, que se vino a Venezuela, convirtiendo a nuestro país en un importante escondite, donde desarrollaron empresas hoteleras en Aruba y Venezuela, casas de cambio y empresas de seguros en Caracas y Valencia, un hato con pista de aterrizaje en Barinas donde recibían la droga desde Colombia, plantas atuneras en Falcón y Sucre y una flota de barcos que transportaba atunes llenos de cocaína hacia el Caribe. Toda una estructura delictiva para el envío de cocaína a Europa y el lavado de dólares. Según la policía italiana, Venezuela tenía su propia familia de la “Cosa Nostra” actuando como si estuviera en la misma Sicilia. Fue en 1992, cuando Pasquale, Paolo and Gaspare Cuntrera fueron expulsados de Venezuela, en secreto, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pudiéramos decir que fueron los maestros de quienes le sucedieron, porque estuvieron 22 años en el país estructurando la maquinaria delictiva del narcotráfico que no pareciera que hubiera sido desmantelada. Creo necesario traer a colación un hecho que conmocionó a la opinión pública venezolana de entonces y que es ilustrativo de lo que venimos diciendo. El 22 de febrero de 1973 en la urbanización Santa Marta fue secuestrado el niño de 13 años Carlos Vicente Vegas Pérez, hijo del arquitecto Martín Vegas. Su cadáver fue encontrado 8 días después en un barranco. Como sospechosos fueron señalados a José Luis Branger, Diego Baptista Zuloaga, Javier Paredes, Gonzalo Capecci, Federico Vegas Pérez (hermano de la víctima) y un muchacho que precisaba de muletas pues le habían amputado una pierna, este joven se llamaba Omar Cano y lo conocían como “el chino Cano”. Otros presuntos implicados eran: Diego Molinari, Nicomedes Zuloaga Pocaterra, Julio Morales, Alfredo Luis Parilli Pietri (pariente de la primera dama Alicia Pietri de Caldera) y la joven Orietta Cabrices. Esta muchacha aportó información clave para el esclarecimiento del caso y que involucraba de manera directa a Parilli Pietri. El miércoles 9 de enero de 1974, casi un año más tarde, la Corte Superior Segunda en lo Penal del Distrito Federal y Estado Miranda revocó los autos de detención de casi todos los indiciados por el secuestro y muerte de Carlos Vicente Vegas por detectar “fallas sustanciales en la instrucción y sustanciación del proceso”. Solo se confirmaron dos autos de detención por tenencia y trafico de estupefacientes, medida que afectaba a Omar “Chino” Cano y a Gonzalo Capecci. El resto de los detenidos quedaron en libertad, entre ellos Alfredo Luis Parilli Pietri quien había sido señalado como el autor intelectual. Según el Chino Cano, en su libro “La verdad del caso Vegas”, la policía le había decomisado a Nicomedes Zuloaga, 2 kilos de cocaína, 30 kilos de marihuana, 200 mil bolívares en billetes falsos, una pistola y un jeep robado. El hombre estaba convicto y confeso, sin embargo, sólo estuvo detenido dos meses. El chino Cano el único pobre del grupo estuvo preso cuatro años. Es casi seguro que esas personas, ahora distinguidos miembros de la burguesía venezolana, sean quienes con más vehemencia acusen al gobierno revolucionario bolivariano de estimular el narcotráfico y la delincuencia. El negocio de la droga en nuestro país se hizo multimillonario en dólares, participando personajes de todos los estratos socio-económicos en una intrincada madeja de silencios y complicidades, estableciéndose vasos comunicantes entre los capos de la droga en Colombia, la mafia italiana y empresarios venezolanos en connivencia con autoridades civiles, políticas, policiales y militares del Estado venezolano, con un absoluto silencio porque la infidelidad se paga con la muerte, por ello las delaciones son casi imposibles. Hasta el año 2000 el narcotráfico y el Estado venezolano no tuvieron conflictos había entendimientos, baste decir que en 1993 el Dr. Ramón J. Velázquez quien fue Presidente interino por unos meses después de la destitución de Carlos Andrés Pérez, indultó a Larry Tovar Acuña connotado narcotraficante que vivía en el Estado Monagas. Es evidente que los capos del narcotráfico no viven en los barrios, allí viven los peones de la cadena del microtráfico. Esa pobre gente no tiene capacidad para el lavado del dinero proveniente de la venta de drogas, mientras que muchos “empresarios” que viven en las urbanizaciones de lujo son los encargados de ese trabajo. Cuando esos jóvenes de los barrios caen presos, por arte de magia tienen abogados defensores y la mayoría vuelve a la calle, porque los expedientes han sido mal hechos o por decisión de jueces venales. A estos jóvenes en la cárcel les llega dinero, armas y celulares. Cuando, por razones que sólo los capos saben, hay disturbios en las prisiones, rápidamente tienen una cobertura solidaria de los medios de comunicación privados, que le asigna a los pranes categoría de héroes. Cuando los capos de la droga son sorprendidos con las manos en la masa, todo el país se estremece. El caso de la familia Makled es ejemplificante. Esta familia de “empresarios” venezolanos de ascendencia siria residenciados en Valencia, Estado Carabobo, eran propietarios de la aerolínea Aeropostal , una almacenadora que tenía concesiones en el puerto de Puerto Cabello y en el Aeropuerto de Valencia, otorgadas por el gobierno del Estado Carabobo durante la gestión de Luis Felipe Acosta Carles. Tenían la Editorial Uno donde funcionaba el diario el Carabobeño. También poseían negocios en la industria de alimentos y los electrodomésticos. También eran propietarios de la hacienda El Rosario, con pista de aterrizaje, donde se les incautó 388 kilos de cocaína. Entre 2004 y 2008 dicho grupo reportó un crecimiento patrimonial de 400 millardos de bolívares. Desde abril de 2005 el banco de Venezuela detectó en Maracay movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la familia Makled, ya que se depositaban considerables sumas de dinero, que luego eran retiradas rápidamente. Abdalá Markled, uno de los hermanos, se postuló como candidato a la alcaldía de Valencia en las elecciones regionales de 2008, pero fue arrestado junto con dos de sus hermanos unos días antes de los comicios. Otro hermano, Walid Makled, huyó a Colombia donde fue arrestado poco después, enfrentando peticiones de extradición tanto de los Estados Unidos como de Venezuela. Se les acusa de narcotraficantes, lavado de dólares y del asesinato del periodista Orel Zambrano y de un veterinario, testigo clave del caso que enfrentan en Venezuela Después de ser extraditado a Venezuela, Walid Makled dijo a los medios de comunicación que Eladio Aponte Aponte, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, era su socio en la aerolínea Aeropostal y que le cancelaba 300 millones de bolívares mensuales. Todo nos indica que hay una red protectora del narcotráfico, formado por políticos, abogados, jueces, policías, militares, medios de comunicación etc. Es decir, que la raíz del narcotráfico está bien camuflada y abarca todo el espectro social venezolano. Todos sin excepción son delincuentes de alta peligrosidad. La salida de la DEA de Venezuela y los continuos golpes al narcotráfico que se expresan en grandes decomisos de drogas y apresamiento de capos, han influido en el alineamiento sin tapujos del narcotráfico con los enemigos de la revolución bolivariana. La presencia de más de un centenar de paramilitares en la hacienda Daktari en el Hatillo en 2004 y la alianza del ex -presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez con el comando de campaña de Henrique Capriles Radonski en 2012, son dos hechos que indudablemente confirman la alianza del narcotráfico con la oposición venezolana. Es un secreto a voces el financiamiento de la actividad política opositora por el narcotráfico. En julio de 2012, El Ministerio Público (MP) abrió una investigación con la finalidad de determinar la presunta participación de ex directivos y ex funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de otros organismos de seguridad del Estado, en la clandestina negociación de actividades relacionadas con el secuestro de personas. En días pasados se anunció que hay más de 2.000 policías en servicio activo con expedientes abiertos y más de 600 que deben ser expulsados de inmediato por la gravedad de sus antecedentes penales. También se hizo público que el 60% de las armas destinadas a los cuerpos policiales no puede ser ubicadas. La ley del desarme y control de municiones debiera ayudar, aunque no nos hacemos muchas ilusiones. Hay una contraofensiva del narcotráfico dirigida a asesinar y desarmar cuantos miembros de los cuerpos de seguridad sea posible. Sin ser un experto en criminalística se puede llegar a la conclusión, que la criminalidad en nuestro país está asociada directamente a la droga y a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que actúan como protectores y suministradores de armas y municiones. Por otra parte está la mano invisible de la burguesía criolla y los latifundistas, comprometidos con el narcotráfico, que “sin querer queriendo”, ayudan contratando abogados y sobornando jueces. El mercado de la droga tiene unos límites determinados por la capacidad adquisitiva de los consumidores y las campañas contra el uso ilícito de drogas. En la medida que el mercado de las drogas deja de crecer, se incrementan los conflictos por su distribución. Los éxitos del gobierno en la incautación de drogas ilícitas, la aprehensión de capos y las políticas para alejar a los jóvenes de las drogas han provocado una reducción del mercado que ha producido una exacerbación de los conflictos entre los distribuidores y los micro traficantes y por ello el creciente número de asesinatos. Pero además hay que agregar los asesinatos sin razón aparente alguna, resultado de la alianza del narcotráfico con los factores políticos nacionales y extranjeros interesados en desestabilizar el país, para propiciar una intervención ya sea política o militar por los organismos internacionales al servicio del imperialismo. No es casual la campaña de la Oposición, reflejada en los medios de comunicación social privados, señalando la ineficiencia del gobierno para combatir la inseguridad. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, presentó el pasado mes de junio al país la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, proyecto que posee seis vértices para hacer frente a los problemas que venimos analizando. Ellos son: Prevención integral y convivencia solidaria; Fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana; Transformación del sistema judicial penal y Creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Asimismo, Modernización del sistema penitenciario; Sistema nacional de atención integral a víctimas de la violencia, y Creación y socialización del conocimiento para la convivencia y seguridad. Pensamos que a la Prevención integral debe incorporarse un control eficiente sobre los ingresos y egresos de todos los ciudadanos, sean pobres o ricos. Y la forma de hacerlo es que todo ciudadano mayor de 18 años se le abra una cuenta bancaria, aún sin dinero y tenga una tarjeta de débito. Se prohíba las transacciones con pago en efectivo desde 100 bolívares en adelante, obligando a que se hagan con tarjetas de débito. Inicialmente costará unos cuantos millones, dotar a taxistas y comerciantes modestos de puntos de venta electrónicos, pero a la larga se compensará la inversión con seguridad ciudadana. Esa Gran Misión A Toda Vida Venezuela, que implica la confluencia de todos los entes del Estado en un objetivo común, pareciera ser una buena herramienta para atacar con eficiencia el problema de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, si no hay Contraloría Social efectiva, no pasará de ser un intento más de combatir la delincuencia en nuestro país. rengifo@gmail.com