La decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del día de ayer de dejar sin efecto la designación del ex ministro del Trabajo Ricardo Dorado como Director Ejecutivo de la Magistratura (DEM), abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el Poder Judicial, que afecta su credibilidad en el actual momento de cambios que vive el país, sobre todo por la forma inicial en que tal nombramiento fue expuesto por la Presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, en el sentido de facilitar una gerencia y gestión adecuada de los tribunales.  

Sin embargo, ha trascendido que una vez manifestada la aceptación formal del mencionado cargo, el ex ministro del Trabajo colocó como condición la necesidad de contar con la libertad necesaria para garantizar una gestión caracterizada por la eficiencia, la transparencia y el impulso de las transformaciones revolucionarias que legítimamente reclama la población, particularmente para atender las demandas de las comunidades y de los movimientos sociales. Esta condición habría sido considerada por el exministro Dorado como requisito irrenunciable para enfrentar vicios históricos en el Poder Judicial como el nepotismo y el burocratismo. Aparentemente, esta fue la causa que originó la decisión de dejar sin efecto su nombramiento, lo que pone en entredicho la voluntad de avanzar seriamente en la lucha contra la corrupción.

Debe recordarse que la designación del ex ministro Dorado al frente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura fue un hecho inesperado, pues se daba por descontado que el Magistrado Dugarte sería ratificado en el cargo, lo que fue presionado por la actual gerencia para mantener el estado de cosas vigente en dicha institución. No obstante, fue la propia Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia quien justificó la decisión del pasado 07 de febrero, opinando públicamente que Dorado era un “especialista en gerencia y abogado”, lo cual supuso el reconocimiento de su gestión al frente del Ministerio del Trabajo. 

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura es el órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, que ejerce por delegación de ésta las funciones de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial. En el pasado la gestión de la DEM estuvo asociada a irregularidades administrativas que dieron como resultado la destitución y juzgamiento del exmagistrado Velásquez Alvaray, así como de otros altos funcionarios de dicho organismo.