Esta son las declaraciones hecha por William Díaz, Secretario General del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Asamblea Nacional en respuesta al comunicado público aparecido en un diario de circulación nacional en el día de ayer, 1 de febrero 2007, en donde se notifica de su destitución.
Luego de varios meses en los cuales he sufrido persecuciones y he sido víctima de campañas en mi contra, y a la par de haber efectuado varias denuncias, finalmente en el Diario Ultimas Noticias del 1 de febrero de 2007, la Señora Cilia Flores, en su carácter de Presidenta de la Asamblea Nacional, me notifica a través de un costoso comunicado que he sido destituido porque “no pudo demostrar la falsedad de los hechos que se imputan”, por “haber incurrido en falta grave a la obligaciones derivadas del ejercicio del cargo”, porque no cumplo con obligaciones como “permanecer en el trabajo durante el tiempo comprendido en el horario de trabajo”, y finalmente porque habría violado artículos internos con “una conducta que perturbó el orden, ritmo y eficiencia del trabajo”. Ninguna de estas acusaciones son verdaderas, y lógicamente, no han sido demostradas por mis acusadores, quienes a su vez no tomaron en cuenta ninguna de las pruebas entregadas por mi.
Lamentablemente, esta notificación comete graves injusticias, y sobre todo es violatoria de mis derechos más elementales como trabajador y dirigente sindical. Detrás de esta costosa notificación de media página en un diario, detrás del intento por formar una matriz de opinión sobre el tema que me coloque en el papel de un trabajador que incumple con sus deberes y ocasiona que se perturbe el orden con cargos que no se demuestran en ningún lado, existe una sola realidad: la destitución en mi contra es un nuevo paso de una larga campaña por colocar a un trabajador y dirigente sindical que denuncia serias irregularidades al interior de la Asamblea Nacional con pruebas y pedidos de investigación, en el papel de acusado, investigado y ahora sancionado con una destitución.
Además, si algo completa este cuadro de gravedad, es el momento de la notificación. La señora Cilia Flores, Presidenta de la Asamblea Nacional, Presidenta de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional, y abogada de la República, violentando mis derechos constitucionales, la Ley Orgánica de Trabajo, el Estatuto de la Función Pública y el Estatuto Funcionarial, notifica y firma la destitución del Secretario General del Sindicato Bolivariano de Trabajadores cuando me encuentro en Estado de Reposo Médico por una lesión en la columna vertebral, reposo emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y el cual fue ratificado por el traumatólogo de la Asamblea nacional. Así es pisoteado mi más elemental derecho a la salud. Es decir que la notificación es condenable por ser inconstitucional, bufa, irrita, extemporánea e ilegal.
Los hechos sucedieron de otra manera
Ingresé a la Asamblea nacional el 26 de junio del 2001, he venido desarrollando mis tareas laborales en Recursos Humanos, sector del cual fui sacado por decisión de la dirección, para trasladarme al Parlamento Andino. Se me acusa de abandonar mi trabajo, cuando he presentado las pruebas escritas de mi traslado a trabajar en otra área a pedido de un Diputado Nacional. Este hecho, pese a que presenté una carta sobre mi traslado con la firma del entonces Presidente de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro, no es tomado en cuenta, y se me sigue acusando y poniéndome sanciones desde un lugar en el cual yo no estaba desempañando tareas, precisamente por haber sido trasladado.
También se me acusó de generar disturbios, en particular durante una movilización de la UNT, cuando los videos presentados muestran precisamente que las fuerzas de seguridad a pedido de la diputada Dessiré Santos Amaral, me prohibieron el ingreso al edificio de la Asamblea Nacional, que es el lugar donde trabajo y donde ejerzo cargos sindicales, lo cual es violatorio de mis derechos.
Paralelamente a esta situación, también he venido sufriendo persecuciones en el plano sindical, porque constantemente denuncié y enfrenté los métodos que vienen de la IV República, y que ocasionaron, por dar un ejemplo, que en el último referéndum sindical, hubiera diputados que apoyaron a listas de AD y Primero Justicia contra el sindicato bolivariano, con campañas para atemorizar a los trabajadores, exigiendo que “no votaran por William Díaz”. También, se ocasionaron problemas por mis diferencias con la dirección de la FBT, sobre el tema de la Convención Colectiva y la denuncia de que Nicolás Maduro se negaba a discutirlo con nosotros. Molestaba que denunciara que hay dirigentes que hacen a la vez de patronos o utilizan su ubicación como plataforma para llegar a nuevos cargos. Y por no compartir, en mi caso, el accionar burocrático de esta corriente sindical en el Congreso de la UNT.
Los grandes pecados que he cometido, fue solicitar la investigación sobre diversos temas en los cuales aparecían posibles casos de corrupción, ataque a los trabajadores o desempeño político contra el proceso, como la investigación de la sobrina de la Diputada Santos Amaral, que se reunía con dirigentes de la Coordinadora Democrática. Les molestó que a la vez defendiera a 430 trabajadores que serían injustificadamente despedidos. O que denuncié la rebatiña de cargos en la Dirección de Recursos Humanos. O tratar de ejercer la contraloría social, como plantea el Presidente Chávez, para garantizar que no se desvíen recursos del estado.
Sobre muchos de estos temas presenté pruebas, y a la vez, solicité se abra investigación sobre varios casos de corrupción que así lo merecían, presenté las pruebas, pero jamás la Asamblea Nacional abrió una investigación sobre ninguno de ellas. Trágicamente, lo que si se abrió de inmediato fue una investigación y persecución en mi contra, que llega hoy a la notificación de destitución.
La gravedad del comunicado y el problema de fondo: persecución política y sindical
La destitución anunciada ya es un salto mayor en su gravedad y en la violación de mis derechos. Que se haga mientras me encuentro en reposo médico, solo se asemeja al mismo método de los patronos, que muchas veces quieren generar un cerco de hambre sobre los trabajadores o dirigentes sindicales. Este sólo hecho de no tomar en cuenta mi situación actual, ya es violatorio de mis derechos constitucionales, y una muestra mas que clara, de que en el fondo, el objetivo que se persigue es sacarme rápidamente y de cualquier forma, de mi lugar de trabajo y de mis tareas sindicales.
En síntesis, la realidad no es que yo no pude demostrar la falsedad de los hechos, sino que quienes me persiguen con acusaciones, no pueden demostrar ninguna de ellas. La realidad es que de pedir que se investiguen casos de corrupción, pasé ha ser investigado. La realidad es que en el fondo, estamos ante una persecución política y sindical, porque no aceptó que en nombre del proceso y que en nombre del Presidente Chávez se sigan manejando métodos de la vieja burocracia sindical. Nuestro Presidente más de una vez ha manifestado que debemos luchar contra la burocracia, contra la corrupción y contra los vicios de la IV República. Y a mi se me destituye por intentar llevar adelante esta lucha, con la cual creo estoy ayudando a fortalecer nuestra revolución.
Por todo esto, denuncio a través de esta declaración que se están violando todos mis derechos como trabajador y dirigente sindical. Que insólitamente por denunciar la corrupción y el burocratismo, ahora se me juzga a mi por esas causas. Que en lugar de demostrar alguna de las acusaciones en mi contra, me destituyen porque según ellos yo no demostré que sus acusaciones eran falsas, lo cual llega al colmo del irrespeto a mis derechos.
Como trabajador, dirigente sindical bolivariano y clasista, y como ciudadano comprometido con el proceso revolucionario y el socialismo, solicito a todos los sindicatos de la UNT y a los trabajadores que acerquen su solidaridad y envíen a la Asamblea Nacional sus opiniones. Además, aprovecho para invitar a los trabajadores y sindicatos a un acto que realizaremos la próxima semana junto a dirigentes de la UNT y de la corriente CCURA, para denunciar este atropello, que por supuesto también vamos a responder por los medios legales correspondientes. Enfrentar ese atropello es nuestro derecho y nuestro deber como trabajadores de un país que debate como avanzar hacia el socialismo, denunciando a todos los que quieren frenar este camino, y a los que creen que los derechos de los trabajadores se pueden pisotear.
