Taboada, acompañada por Eric Toussaint, del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), ha realizado estas declaraciones con motivo de la celebración del Encuentro, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital asturiana, con la participación de medio centenar de consistorios españoles.

La vicealcaldesa ha dicho que los ayuntamientos participantes han tomado la decisión de que una delegación viaje al Parlamento Europeo para presentar allí el "Manifiesto de Oviedo", que rechaza el endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impiden la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos.

También ha valorado la existencia de un frente municipalista, que pide que "anule" la denominada ley Montoro sobre endeudamiento de los entes locales, que obliga a que "se pague primero" a los bancos "anteponiendo" ese abono de deuda a las necesidad de la gentes.

Ha anunciado que varios eurodiputados van a llevar una iniciativa normativa para que dentro del Parlamento Europeo se pueda trasladar cómo las políticas de recortes, tanto en los ayuntamientos españoles como en otros del continente, están generando "situaciones de pobreza extrema y de desigualdad en la sociedad".

La jornada municipalista continuará con una hoja de ruta para proceder a trabajar con la sociedad civil, ha agregado, mediante iniciativas ciudadanas para explicar lo que es la deuda ilegítima y hacer una pedagogía política en la calle, con el objetivo de explicar cómo afecta a todos la gestión de "desgobiernos".

Ha citado como ejemplo el caso de la expropiación de Villa Magdalena, por la que el Ayuntamiento de Oviedo está condenado judicialmente a pagar "solo en intereses 11 millones de euros", y a partir de ahí proceder a "hacer una movilización en todo el país".

Eric Toussaint ha explicado que en la sesión de apertura del Encuentro Municipalista se han escuchado muchos testimonios de cargos electos de decenas de municipios de todo el Estado español, y también de ciudadanos organizados en plataforma de auditoría ciudadana, que muestran hasta qué punto las deudas ilegítimas pesan sobre los consistorios y sus habitantes.

En su opinión, ese condicionante económico impide dar "satisfacciones" a derechos fundamentales, como el acceso a las guardería, otros servicios de calidad o la creación de empleo.

Incluso, ha agregado, ha habido testimonio de consistorio que denuncian que en algunos casos, sin que cuenten con una deuda demasiado alta, la actual legislación les impide contratar a personas paradas, cuando podrían hacerlo.

Toussaint entiende que hay una "base objetiva" para constituir un frente municipalista en el ámbito del Estado español para cuestionar la deuda y encontrar vías para solucionar el problema.

"Es cierto que un municipio aislado puede auditar e identificar deuda ilegítima, pero para encontrar soluciones es preciso tener una solidaridad entre municipios grandes y pequeños para mutualizar los esfuerzos y cambiar la correlación de fuerzas frente al Gobierno central", ha aseverado.

La constitución de un frente de municipios en un estado de la UE es una iniciativa "inédita e histórica", ha apuntado Toussaint, que ha señalado que hay varios gobiernos municipales fuera del Estado español que están "mirando lo que está ocurriendo aquí" porque ellos también afrontan situaciones semejantes, como ocurre en Nápoles o Parma, en Italia, además de otros lugares del Reino Unido, Bélgica o Francia, que "quieren cuestionar" la deuda.