El mayor general Hebert García Plaza, ex ministro de Alimentación y Transporte Acuático y Aéreo confirmó en declaraciones difundidas el viernes por el semanario local Quinto Día que le abrieron un proceso judicial por presuntas irregularidades en la adquisición de tres embarcaciones por parte del gobierno, y dijo, sin mencionar donde se encuentra actualmente, que está evaluando con sus abogados para determinar cuándo se presentará en los tribunales.
Algunos medios venezolanos informaron esta semana, sin precisar fuentes, que un tribunal local ordenó la detención de García Plaza por el caso de los barcos, pero hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el proceso.
El ex ministro negó que tenga alguna responsabilidad en los presuntos hechos de corrupción que habrían ocurrido en la compra de los barcos, y sostuvo que no confía en la justicia venezolana.
“Si realmente se quisiera luchar contra la corrupción hay mucha tela que cortar, pero creo que me quieren como el chino de Recadi (chivo expiatorio) en la lucha contra la corrupción”, agregó.
Al hablar de su gestión el ex ministro dijo que hizo algunas denuncias contra “empresas de maletín” a las que el gobierno le vendió dólares y no trajeron la mercancía, y afirmó que “hubo varias cosas ahí que al parecer no gustaron mucho por tocar intereses de algunos personeros del gobierno”, pero no aportó detalles.
El alto oficial señaló que salió de Venezuela en enero de este año y que estuvo en Panamá, pero no precisó donde se encuentra en la actualidad.
García Plaza se desempeñó en el 2013 como ministro de Transporte Acuático y Aéreo, y luego pasó al despacho de Alimentación cargó que dejó en septiembre del año pasado. El alto oficial también ocupó en el 2013 la jefatura del Organo Superior de Economía que tuvo a su cargo la supervisión de la producción en el país.
La Fiscalía General anunció esta semana la detención del vicepresidente de la estatal Bolivariana de Puertos, Antonio González, y dos los inspectores navales por su presunta responsabilidad en la “compra irregular” de tres embarcaciones de gran velocidad a empresas españolas.
