31-08-14.-A partir del 30 noviembre comenzará a funcionar en todos los abastos y supermercados del país el sistema biométrico para la venta de alimentos y otros productos, frente a la crisis generada por el contrabando, la escasez y el acaparamiento. El anuncio, realizado inicialmente por el presidente Nicolás Maduro y complementado en posteriores ocasiones por el superintendente Andrés Eloy Méndez, ha causado reacciones a favor y en contra. El Correo del Orinoco consultó a varios expertos sobre el tema y sus opiniones esbozaron ideas diversas.
Según el economista Rafael Febles Fajardo, “el sistema biométrico le otorga a la población la posibilidad de adquirir los alimentos que requiere y de desprenderse de la inquietud generalizada de conseguirlos”.
Ratificó que la medida busca contrarrestar una actividad ilícita que, según recuerda, se practica en el país desde hace muchos años, “aunque no con la proporcionalidad con la que se le ve ahora”. Sin embargo, admite que se esperó demasiado tiempo para aplicar un control como el planteado. En su opinión, “esto se hace en defensa natural de lo económico y no para causar molestias a la gente”.
El especialista esgrime que aunque la oposición diga que en el país no se está produciendo la cantidad de alimentos necesarios para satisfacer la demanda interna, la cantidad de productos que se han sacado ilegalmente al exterior, la cual estima que sea de aproximadamente 40%, demuestra lo contrario.
“No solo se trasladan fuera del país los productos importados, que representan el 20% o 25% del total que se llevan, sino que también sacan la producción nacional”, aseguró. Pero con el nuevo sistema de ventas, acota, “esta fuga podrá ser controlada hasta que haya una normalidad económica”.
A su juicio, el único periodo en el que se mantuvieron suspendidas las garantías económicas fue durante la Cuarta República. “Ahora con golpe, guarimbas, paro petrolero, nunca se han suspendido las garantías económicas, pero Venezuela está siendo atacada y una de las maneras de defenderse en lo económico es la implantación del sistema biométrico”, contrastó.
SINCERAR LA REALIDAD
De acuerdo con Febles, el sistema biométrico o captahuellas, como también se le conoce, va a permitir “sincerar la realidad económica del país”, que a su parecer “está totalmente desvirtuada”.
Al respecto, mencionó que la inflación que sufre el país, la cual alcanza más de 50%, “no es real, sino inducida”, y recordó que esta se puede manifestar a través de dos vías de aumento: por los costos y por la demanda.
El aumento por costos, explicó, se da cuando la materia prima con la que se elabora un producto se incrementa y altera su estructura de costos, mientras que el aumento por demanda surge cuando este es más requerido que otro.
Afirmó que, en el caso venezolano, la inflación no se generó por ninguno de estos motivos, sino que más bien respondió a una “inducción política”, orientada a una guerra económica, que a su vez se vio alimentada por las guarimbas opositoras.
“Las guarimbas crearon un orden al lado del problema que venía ocurriendo y esto comienza a suceder desde que Nicolás Maduro asume la Presidencia de la República, porque la oposición siempre pensó que al morir Chávez todo se acababa”, apuntaló.
PAÍS RENTISTICO
A criterio del economista Febles, Venezuela es un país altamente rentístico, pero no porque dependa solamente del petróleo, sino porque las costumbres impuestas por la gran mayoría de los empresarios lo han llevado a ser así.
“Yo siempre he dicho que aquí no hay empresarios, sino tenedores de empresas, que es una cosa muy distinta, y esas empresas se acostumbraron a que el Estado las amamantara”, fustigó.
Refiere, en ese sentido, que más allá de la producción de bienes, la prioridad de esas compañías es invertir su plusvalía en mecanismos como la bolsa: “Es decir, que trasladan lo productivo a lo financiero, y ese es el mal del capitalismo a nivel mundial”.
Entre la criticada tarjeta de racionamiento cubana y el sistema biométrico que se implementará en Venezuela para la venta de alimentos, “hay una diferencia fundamental y abismal”, consideró el economista con maestría en seguridad social.
“Cuando comienza el bloqueo en Cuba, el país se queda sin producción interna porque se expropiaron todas las fábricas y tuvieron que hacer un racionamiento natural para obligar a la gente a comprar lo necesario, ya que había mucha escasez”, describió.
“Venezuela no pasa por esa situación”, contrastó el experto. De hecho, refiere que son de producción nacional una gran parte de los alimentos que salen por la vía del contrabando hacia Colombia, lo que hace que muchos productos de la cesta básica escaseen en los abastos y supermercados venezolanos.
CAÍDA DE LA ECONOMÍA
Para el economista José Guerra, el sistema biométrico para la adquisición de alimentos tiene la misma función de una “tarjeta de racionamiento”. A su parecer, “todo aquello que signifique restringir lo que la gente quiera y pueda comprar es racionamiento”. Insiste en que “el problema en Venezuela es la caída de la producción de alimentos, no su distribución”.
Refirió que la medida no afecta la inflación, pero si puede provocar una acentuación de la caída de la economía, “por la sencilla razón de que las ventas y el consumo van a disminuir, y si baja el consumo, con seguridad la economía también baja”.
Guerra, quien se desempeña como docente en la Universidad Central de Venezuela y fue gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela (BCV), sostiene que la escasez en el país se debe básicamente al control de precios y al control de cambio.
“Si usted quiere acabar con una actividad económica, aplique un control a los precios. Esa ha sido la experiencia universal y aquí no es distinto. Lo que ocurre es que uno piensa que los precios van a bajar con los controles, y eso no es verdad”, acentuó.
Por otra parte, explicó que el contrabando hacia Colombia, por ejemplo, tiene que ver con los diferenciales de precios que hay con el país fronterizo. Pero estima que la solución frente a esa problemática no es precisamente cerrar la frontera, porque “eso sería como romper un termómetro cuando uno tiene fiebre”.
En opinión del analista, “los controles no van a resolver los problemas de escasez, especulación y contrabando” que hay en el país. Refiere que en Venezuela había mucho contrabando en los años sesenta y setenta, en particular en el oriente del país, y pese a que la Guardia Nacional hacía operativos todos los días, no pudo eliminarlos.
Sin embargo, refiere que el contrabando “se acabó de un día para otro” cuando se creó el puerto libre de Margarita, en el estado Nueva Esparta, y la gente pudo comprar sin mayores impedimentos los bienes que requería. “Si los controles resolvieran los problemas ya otros países lo hubiesen aplicado y no hay, salvo en Venezuela y Cuba, países con controles tan absurdos”, enfatizó.
Asegura el especialista, quien es autor del texto “Venezuela endeudada: De Carlos Andrés Pérez a Hugo Chávez”, que más allá de la aplicación de medidas como el sistema biométrico, entre otras, “aquí lo que hace falta es un nuevo modelo económico”.
El sistema que rige actualmente, a su parecer, está basado en la propiedad estatal de la economía y está “haciendo aguas” por todos lados. En contraste, afirma que el modelo que se requiere “debe darle prioridad a la producción nacional”.
Asimismo, señaló que este debe “desmantelar gradual y sostenidamente el control de cambio y diseñar una nueva política petrolera, debido a que la que tenemos mantiene a la actividad petrolera estancada”.
MEDIDA DEMOCRÁTICA
El abogado Jesús Silva afirma que la implementación del sistema biométrico para la adquisición de alimentos que ha sido planteado por el Ejecutivo Nacional para frenar la escasez y el contrabando es una medida constitucional y democrática; por tanto, no contradice ninguna de las disposiciones de la Carta Magna venezolana vinculadas con ese ámbito.
En este caso, esgrime, el bien jurídico principal es la seguridad alimentaria, es decir, que lo que se busca mediante esa nueva metodología es que los alimentos estén al alcance de todas las venezolanas y de todos los venezolanos, como lo contempla la Constitución Bolivariana.
“De manera que, para la debida protección de dicho bien, el Estado está constitucionalmente facultado para implementar medidas como el sistema biométrico, en función de impedir el contrabando y castigar a sus autores, porque son ellos quienes actualmente están expropiando la seguridad alimentaria de las familias venezolanas”, explicó.
COMPRA INDISCRIMINADA
Silva señala que el procedimiento tecnológico que comenzará a aplicarse a partir del 30 de noviembre no atenta contra el derecho soberano de las personas a elegir libremente los bienes y servicios de su preferencia, previsto en el artículo 117 de la Carta Magna, ni coarta derechos como la oferta, la demanda y la competencia, que prevén los artículos 299 y 113.
Mediante esta acción, reitera, “lo que se hace es restringir la compra indiscriminada de productos con fines de comercio ilícito”, un delito que, en su opinión, se caracteriza por una obtención de bienes en cantidades exorbitantes que claramente supera cualquier noción de aprovisionamiento familiar.
En ese sentido, aclara que la conducta penalizada por la Ley de Precio Justos “no se asocia con la adquisición libre de productos, ni con el aprovisionamiento familiar, sino con una compra indiscriminada de productos con fines de comercio ilícito”.
“Es precisamente esa acción delictiva la que materialmente le impide al pueblo disfrutar del derecho previsto en el artículo 117 de la Carta Magna; y es el sistema biométrico el que podría terminar definitivamente con el contrabando”, sentenció.
En su opinión, la medida tampoco contradice al artículo 305, que expresa que el Estado debe garantizar la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor.
“Para proteger la seguridad alimentaria se debe erradicar el contrabando, porque si ello no se hiciere, los alimentos que deben llegar a todas las familias venezolanas, seguirán siendo criminalmente expropiados y monopolizados por las mafias contrabandistas”, enfatizó.
Silva indica que aun cuando se triplicara la cantidad de alimentos importados o se cuadruplicara la producción nacional, si no se pone un freno a quienes promueven el contrabando, esa práctica se seguirá realizando. “Si impunemente hoy expropian una tonelada, mañana también expropiarán cinco”, reiteró.
CONCEPTO JURÍDICO DEFINIDO
Asimismo, el abogado señaló que la puesta en marcha del sistema biométrico no viola el principio constitucional de presunción de inocencia y el de buena fe, porque el tipo penal o concepto jurídico del delito está bien definido en atención al contrabando.
“Como juristas nos opusimos a la antigua idea del acaparamiento doméstico, mediante la cual se proyectaba sancionar a la madre o al padre de familia que, frente a la hipótesis de la escasez alimentaria, adquiría un acervo de productos mayor al inmediatamente requerido en su hogar con fines preventivos”, acentuó.
Felizmente, acota el experto, “aquella idea errónea no se consolidó en la legislación venezolana”, y en el presente se castigan únicamente conductas que implican la adquisición de centenares o miles de bienes, las cuales constituyen claramente una injustificable expropiación que va en detrimento de la seguridad alimentaria de todo el pueblo.
Dijo que, frente al avance de las nuevas tecnologías del delito, ha surgido la necesidad de aplicar novedosos mecanismos que son proporcionales al daño causado y permiten frenar la propagación de este tipo de acciones.
En tal sentido, asegura que la principal implicación legal del sistema biométrico será contra los contrabandistas pues, “una vez que estos sean identificados, ya no podrán continuar expropiando la seguridad alimentaria de los ciudadanos honestos mediante su compra indiscriminada de productos con fines de comercio ilícito y serán castigados por la ley penal”.
Recordó que la Ley de Precios Justos, que es una de las normativas que ampara las acciones del Gobierno para garantizar el acceso del pueblo a los alimentos, contiene un conjunto de sanciones penales para quienes sean detectados en la perpetración de los delitos previstos en este novel instrumento legal.
“Tengo la confianza de que luego de una primera oleada de contrabandistas encarcelados, el Estado logrará recuperar plenamente la seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, puntualizó.
CONTROL INCONSTITUCIONAL
Por el contrario, el abogado José Ignacio Hernández asegura que, como mecanismo de control para la compra de alimentos, el sistema biométrico “viola la Constitución, entre otras cosas, porque impide que las personas puedan acceder libremente a los bienes y servicios de su preferencia”.
En un trabajo de su autoría publicado en la página web prodavinci.com, el especialista hace alusión al artículo 117 de la Constitución, y asegura que partiendo del principio conocido como “soberanía del consumidor”, son los ciudadanos y no el Estado quienes deciden qué bienes y servicios adquirirán.
No obstante, aclara que “para que ese principio sea efectivo debe haber oferta y variedad de bienes y servicios”. Pero en su opinión, “la falta de variedad o, lo que es peor, la falta de oferta de bienes, genera desabastecimiento y escasez. Y por eso violan el citado artículo 117 de la Constitución”.
Hernández estima que como es previsible que el sistema biométrico limite los alimentos que cada ciudadano pueda comprar, al racionar el consumo, se pasará de la soberanía del consumidor a la soberanía del planificador, acción que, a su parecer, “es inconstitucional”.
Por otra parte, señala que de acuerdo con el artículo 299, la economía venezolana debe ser productiva y diversificada, lo que implica una oferta variada de bienes y servicios, y se relaciona, además, con el principio de la libre competencia al que hace mención el artículo 113.
Dice que para que los consumidores puedan escoger y seleccionar los bienes y servicios de su preferencia, es necesario que exista una pluralidad de empresas dispuestas a ofrecerlos, en ejercicio del derecho constitucional a la libertad de empresa.
Pero aduce que “el sistema biométrico no solamente limita la compra: limita también la venta de alimentos por parte de los establecimientos”. El abogado considera que al decidir cuántos alimentos podrán venderse, el Estado “elimina todo sentido al derecho a ofrecer, en condiciones de competencia, esos alimentos”.
MÁS OFERTA
Para Hernández, la medida también contradice el principio de soberanía alimentaria contenido en el artículo 305 de la Carta Magna. En su criterio, “la seguridad alimentaria requiere que los ciudadanos, libremente, puedan acceder y seleccionar a los alimentos de su preferencia. Pero el sistema biométrico hace justamente lo contrario: restringe el acceso a los alimentos”.
Con base en palabras del encuestador Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, expresadas en otro trabajo publicado por prodavinci.com, recalcó que “los controles producen escasez, desabastecimiento e inflación”. Por eso insiste en que “la idea de combatir el desabastecimiento y la inflación con más controles, como el sistema biométrico, solo terminará en más desabastecimiento y más escasez”.
Limitar el consumo de alimentos, para el también profesor universitario, “es una medida que nada tiene que ver con el incremento de la oferta de alimentos, que es la raíz del problema”.
AFRENTA A LA SOBERANÍA
De acuerdo con Roberto Enríquez, presidente nacional de Copei, el sistema biométrico “no va a servir para nada, además es una afrenta a la soberanía popular”, porque parte de una “premisa inmoral”, que es considerar contrabandista a cualquier persona que vaya a comprar alimentos en cantidad.
Comentó que el fracaso de este sistema es tan evidente que, pese a haberse aplicado en Táchira desde hace poco tiempo, desde allí siguen saliendo 100 barriles de gasolina diarios hacia la frontera, hecho que según afirma, ha sido reconocido por el gobierno.
Al respecto, Enríquez cuestionó la efectividad de los cuerpos de seguridad y los mecanismos tradicionales de inspección que se aplican en la zona: “El contrabando es un negocio a gran escala y lo hacen civiles con militares, porque para pasar 100 mil barriles de combustible se necesitan al menos 400 gandolas”.
Señaló que en lugar de usar captahuellas, el gobierno debería implementar un sistema de alerta temprana a través de dispositivos GPS que serían colocados al transporte de Carga, que es por donde, a su parecer, se va la mayor cantidad de contrabando de extracción.
“Es más fácil monitorear con GPS el movimiento de 50 gandolas que meter captahuellas para 27 millones de venezolanos”, acentuó. Según el vocero, un equipo de especialistas pertenecientes a Copei tiene adelantado un diseño del artefacto.
La idea es que la alarma se active y genere un mensaje de aviso en la superintendencia, en el caso de que alguno de los transportes monitoreados se salga de su ruta convencional, explicó el dirigente político.
El dirigente dijo que para enfrentar el contrabando, también es necesario agilizar la rotación del personal militar que vigila las fronteras, de manera que estos no permanezcan en el lugar más de 30 días, “porque se echan a perder los muchachos al ver que se pueden ganar el sueldo de un año dejando pasar tres camiones”.
Asimismo, insistió en la necesidad de corregir la falla que origina esta problemática, que a su juicio es el modelo económico que rige actualmente: “No producimos suficiente y esa es una de las consecuencias del modelo económico socialista”.
Enríquez informó que tal y como lo hicieron con el aumento de la gasolina, Copei realizará una consulta popular en todo el país durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, “para que el pueblo opine sobre el sistema biométrico”.
ECARRI: ES RACIONAMIENTO
El presidente del partido verde en Caracas, Antonio Ecarri, asegura que el sistema biométrico, “lo pongan como lo pongan, igualito es un método de racionamiento, porque nadie va a poder comprar a su libre albedrío la cantidad de productos que requiere”.
Dice que además es una medida “inmoral, porque si todavía el gobierno no le ha explicado al país qué pasó con los 25 mil millones de dólares de Cadivi, no puede pedirle ahora al pueblo que se recorte y se racione”.
Manifiesta que lamentablemente “somos una sociedad que depende del Estado y no un Estado que depende de la sociedad”, lo que a su criterio convierte al Estado en un gran empresario y en un gran importador.
“Por eso, en vez de estarse ocupando de la educación, de la salud, de los temas más importantes, el Estado ahora se dedica a importar productos y esa importación termina siendo un gran guiso”, fustigó.
El dirigente copeyano expresa que “desde el punto de vista de fondo, para instalar este sistema se necesita una capacidad tecnológica avanzada y un ancho de banda robustecido para poder soportarlo”.
Precisó que en el partido han estimado que para cubrir la meta “se necesitan por lo menos un millón de captahuellas” y, en ese sentido, expresa que el gobierno debe hacer pública toda la información relacionada a los costos de ese servicio.
“Cualquier decisión que vaya a tomar el Presidente de la República que signifique un sacrificio para los venezolanos, o una limitación al derecho de los venezolanos, pasa por la transparencia”, sentenció. En Copei se instaló un equipo económico que va a monitorear todas las medidas económicas que está desarrollando el gobierno, anunció.
DAR EXPLICACIONES
Ecarri asegura que nadie está de acuerdo con el contrabando e insiste en que hay que combatirlo muy duro, pero señala que lo primero que hay que preguntarse es “¿quién es el responsable de que se hayan generado mafias de contrabando en la frontera?”. Sostiene que por muchos esfuerzos que se hagan, “con impunidad no se llega ninguna parte”.
Asimismo, indicó que el argumento de la guerra económica que esgrime el gobierno todo el tiempo no es suficiente para explicarle al pueblo los motivos que están causando escases de alimentos.
“El Presidente tiene que explicar por qué hay una disminución de los ingresos de la República, si el precio del barril de petróleo está en 91 dólares. Caldera lo dejó en ocho dólares y en ese momento no teníamos los niveles de escases que tenemos hoy”, enfatizó.
Explica que el contrabando es una distorsión del mercado que se produce cuando hay desbalances de precios, y que es dirigida, no por amas de casa que compran unos productos demás, sino por grandes mafias.
“Nuestra frontera no está separada con un cerco eléctrico, solo hay que cruzar un puente. Si de un lado de ese puente hay productos más baratos que del otro, ahí el comercio interviene y comienza la ley de la oferta y la demanda”, ilustró.
Contra esa ley, refiere el representante de Copei, no hay quien pueda: “No lo pudo hacer la Unión Soviética, no lo pudo hacer Corea del Norte, nadie ha podido hacerlo porque al final tienen que ofertar y alguien tiene que aceptar, esa es una operación económica”.
Por ello, reitera que “antes de montar un sistema biométrico para racionarle la comida al pueblo venezolano, el presidente Maduro debe iniciar una investigación a fondo para saber quiénes son los peces gordos que están traficando alimentos en la frontera”.