10-08-14.-El 27 de mayo de 2013, Luis Alfredo Toledo realizó un deposito en el Banco Delsur, de Bs 22.800, como pago inicial para la compra de una camioneta doble cabina que la empresa Esmasu 2021, C.A importaría en el marco de los convenios comerciales China - Venezuela.
El acuerdo comenzó a levantar sospechas cuando, trascurridos los meses, la empresa retardaba la entrega de la camioneta bajo la excusa de que faltaban por concretar algunos permisos. Pero a mediados de marzo de este año, efectivos de la Guardia Nacional del Core 7, de Puerto La Cruz, detuvieron al presidente de Esmasu, Rigoberto Arcia, a su secretaria -quien se hacía llamar Laura Guillén- y una tercera persona de nombre Arquímedes Solórzano, por presunta estafa.
“Así fue que nos dimos cuenta que éramos más. Con nosotros comenzaron por debajito, con el pago de lo que ellos llamaban aranceles de importación, pero a otros les cobraron hasta 345 mil bolívares”, relató Luis.
El año pasado, la prensa regional reseñó una reunión entre representantes de la empresa y unos supuestos empresarios de nacionalidad china, lo que le dio credibilidad al ofrecimiento. “En la prensa salieron fotos de la reunión y la nota decía que en varios meses importarían vehículos del gigante asiático”, dijo Luis.
Desde entonces, la Fiscalía N° 25 de Barcelona, a cargo del fiscal Joel Díaz, investiga el caso. La audiencia ante los tribunales ha sido diferida en tres oportunidades. La primera, de fecha 30 de junio de 2014, por falta de coordinación en el traslado de los detenidos; la segunda, el 10 de julio, debido a que se le dió prioridad a la Operación Cayapa; y la tercera, el 07 de agosto, porque uno de los abogados defensores no se presentó, informó Juan José González, representante de los afectados.
González explicó que alrededor de 380 personas fueron estafadas. Detalló que un grupo de 80 personas pagó Bs 345.500, equivalente al valor total del vehículo, bajo la promesa de una entrega inmediata, mientras que otro grupo de 300 personas sólo entregó Bs 22.800 como primer pago. Además denunció que la misma empresa está vinculada con otro caso relacionado con viviendas, en el estado Sucre.
Irregularidades. Esmasu 2021 C.A no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, según se puede verificar en la página web rncenlínea.snc.gob.ve. Pese a esto, el equipo de Últimas Noticias logró obtener un documento donde figura como “Empresa de Producción Social” en representación de 2.888 consejos comunales de la zona Oriental del país, para la gestión del Proyecto Suravis 2011 (plan de sustitución de ranchos por viviendas).
El supuesto proyecto estaría financiado por el Fondo Conjunto China - Venezuela, que contemplaba la construcción de 60 mil viviendas distribuidas en los estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Amazonas y Bolívar, señalando a la empresa Qingjian Group Construction, como aliada.
El medio impreso El Progreso de Bolívar informó sobre este plan, al igual que el diario Vea de Caracas y La Prensa de Monagas. En todos se habla sobre el acuerdo entre la empresa que se hacía llamar socialista para el desarrollo habitacional “Mariscal Sucre”. Una de las notas identifica como coordinadora regional de Esmasu a Mirna Brito, quien, para el momento, precisó el estatus del proyecto. “Están censadas seis mil familias y hemos recorrido 60% de los consejos comunales”, declaró.
En otra nota, Lucio Salazar, a quien se le atribuyó el cargo de Coordinador General de la empresa desmentía las denuncias que empezaron a sonar en torno al cobro de iniciales con las que los beneficiarios de las viviendas asegurarían su “cupo”.
Sin embargo, Eudy García, Vocero Territorial de los Movimientos Sociales de Sucre, denunció que familias del sector El Peñon y La Matica, parroquia Valentin Valiente, entregaron sumas de dinero a representantes de la empresa para asegurar su puesto en el programa.
El Consejo Comunal Tomás Andrade ha dirigido distintas comunicaciones a instancias del ejecutivo nacional consultando el estatus del proyecto que tiene tres años paralizado, según consta en documentación presentada por García.
Sin respuesta. Sobre este caso no se ha pronunciado ninguna autoridad. Actualmente, Rigoberto Arcia está siendo investigado únicamente por la supuesta estafa de vehículos en Anzoátegui.
El fiscal 25, Joel Díaz, declaró no tener conocimiento de la denuncia relacionada con viviendas en Sucre. Sin embargo, el abogado defensor de Arcia, admitió la vinculación de la empresa con el Proyecto Habitacional alegando que se había paralizado por problemas de permisología por parte del Estado. Prefirió no revelar mayores detalles sobre el tema, en vista de que la audiencia preliminar aún no se ha celebrado, pero recalcó que la parte acusada está dispuesta a indemnizar a los afectados, pues la intención nunca fue estafarlos.
Solamente en Sucre, cerca de 15 Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV) -que se organizaron en comunas para participar en Suravis- fueron afectadas, lo que se traduce en cinco mil familias, según García.
Actualmente, el vocero territorial, notificará formalmente a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia para que se inicie la investigación pertinente sobre el caso. Pues teme que pase por debajo de la alfombra y no se sancione a los responsables.
Aseguró que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional está enterada de la denuncia. Sin embargo, en comunicación telefónica, los diputados Hernán Nuñez, Algencio Monasterios, Rodolfo Rodríguez, Jacinto Luna, y Claudio Farías manifestaron desconocer la acusación.
Tampoco se logró obtener información de la representante de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el estado Sucre. La asistente de Isaura Mago informó que ésta se encontraba fuera de la ciudad y ningún otro funcionario estaba acreditado para rendir declaraciones.
Juan José González indicó que intentarán establecer contacto con los afectados en Sucre porque está vinculado con la misma empresa y es necesario que se le de respuesta a todas estas personas. “Este caso está muy callado porque dicen que hay gente pesada vinculada, pero nosotros no queremos que dejen de sancionar a los responsables. El Estado debe respondernos de alguna forma”.
El especialista considera que el estafador es astuto en el engaño y muchas veces se vale de una matriz de opinión existente en el país para configurar su estrategia. “Si algún funcionario informa que se hizo un convenio con China y al país llegan unos vehículos chinos, el estafador utilizará esa información para darle veracidad a su planteamiento”, dijo.
Asegura que la solución de fondo es dinamizar los mercados, “cuando inundes los mercados por la vía formal de productos el especulador tiene una muerte segura”.
Sobre el caso registrado en Sucre, asegura haber recibido algunas denuncias, pero aclara que se trata de una situación que se repite en mucho otros estados del país.
Además, considera que las instituciones del Estado tienen su cuota de responsabilidad porque no están siendo eficientes. “Si se tiene a la vista que la empresa no es seria, no cumple, tiene una cantidad de requisitos que no están llenos, sabes que no es una empresa de buen proceder”.
ESMASU 2021 C.A. fue sancionada durante un operativo de fiscalización denominado “II Ofensiva Económica 2014” ejecutado por la Superintendencia de Precios Justos, por obtener un margen de ganancia superior al 30% en la actividad que ejercen en el rubro automotriz.
Recomendó a todas las víctimas unirse y organizarse. “No es lo mismo el reclamo individual que el colectivo, si van a la fiscalía van en grupo, si van a una institución del Estado van en grupo, si van a un tribunal a demandar van en grupo. Eso te da siempre mayores y más rápidos resultados”, concluyó.
Las EPS (empresas de producción social) son entidades o empresas de carácter mercantil, civil o cooperativas, y tienen como objetivo fundamental generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales de las comunidades y su entorno.
Las mismas se constituyen actualmente como cualquiera de las sociedades mercantiles conocidas, la figura jurídica idónea a estas empresas es la sociedad anónima, ya que su fin primigenio es el lucro, aún cuando fueron constituidas en esencia bajo los valores de la mutua cooperación y solidaridad con una distribución de sus excedentes o beneficios con base en principios de justicia, equidad y reciprocidad hacia toda la comunidad que participa y el uso de técnicas y tecnología, no obstante en la práctica funcionan como cualquier Compañía Anónima.
A diferencia de las leyes del Poder Popular aprobadas en el 2011, donde se incluye la Ley Orgánica del Sistema Económico comunal, que contempla en su artículo 10 a la “Empresa de propiedad social directa comunal”, y que está destinada al beneficio de los productores, de la colectividad y al desarrollo social integral. La gestión y administración de las empresas de propiedad social comunal, ejercida directamente por la comunidad organizada que la constituya, debe estar acompañada del respectivo proyecto socio productivo.