15 de abril 2010.-La Fiscalía 46 del estado Nueva Esparta, a cargo del fiscal Jesús Marcano, imputó ayer a funcionarios de la Gobernación del estado Nueva Esparta y de la Alcaldía de Maneiro implicados en el ecocidio y en los daños patrimoniales cometidos en la Plaza Bolívar de Los Robles en enero de 2008, donde fueron talados más de 20 robles centenarios para construir una iglesia.
Los imputados por ahora son el director de Obras Públicas del estado Nueva Esparta, Vaché Rodríguez, la ingeniera municipal de Maneiro, Roxana Bruzual, y el jefe de la contratista, Eduardo Blanch.
La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Nueva Esparta, Rosario Pacheco, llevó la denuncia al parlamento, donde una Comisión Mixta de Ambiente y Relaciones Interiores, interpeló al Gobernador Morel Rodríguez así como al entonces Alcalde de Maneiro, Orlando Avila, y a sus funcionarios.
“Esto es un triunfo del socialismo, del pueblo revolucionario organizado, de las organizaciones ambientalistas, sobre las mafias depredadoras capitalistas que pretenden seguir acabando las islas de Margarita y Coche para engordar sus bolsillos. Donde quiera que estén los combatiremos”, apuntó Pacheco.
La parlamentaria informó que el Ministerio Público inició la investigación ese mismo año a solicitud de la comunidad no solo sobre el ecocidio y los daños patrimoniales a la Plaza Bolívar sino por el abuso de poder del hijo del Gobernador, el legislador regional Morel Rodríguez Rojas, quien en esa ocasión privó de libertad al Director de Radio Mundial Margarita y a un líder comunitario de la localidad, materia sobre la cual, dijo esperan también el pronunciamiento del Ministerio Público.
Pacheco destacó que la comunidad, acompañada por la concejala Natacha Nuñez, de instituciones como el SASA y el Instituto de Patrimonio Cultural, interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue decidido a favor de los demandantes, en cuya sentencia quedó expresamente prohibida cualquier construcción en la referida Plaza de Los Robles, y ordenó a la Gobernación, a la Alcaldía, así como al Ministerio del Ambiente, restituir los daños causados a ese espacio público.
“Pese a la orden del Alto Tribunal, ninguno de los responsables ha acatado las instrucciones dadas. Ni siquiera los organismos nacionales como Guardería Ambiental han actuado para que pueda resarcirse en algo este daño ambiental y la intención de desaparecer a Simón Bolívar de la plaza”.
Así mismo la diputada aseguró que el Ministerio Público en esta fase de investigación, queda pendiente el pronunciamiento sobre los actos administrativos, “pues detrás de todo está la corrupción, de la mafia de Morel y Orlando Avila, que pretendían realizar una obra por casi 3 millardos, para cuya aprobación por parte de la comunidad, fueron burlados todos las consultas públicas.
“Todo fue viciado para usar un dinero en un cascarón, que no significaría ningún beneficio concreto para la comunidad que ya tiene su iglesia, sino que iría directo a sus propios contratistas. Se trataba de un fraude al erario público y eso es un delito claramente tipificado en nuestras leyes”.
Agregó que también hay responsabilidad de funcionarios del Ministerio del Ambiente que se prestaron para convalidar una consulta pública amañada por los actores políticos de oposición interesados en esa estafa y en la burla al poder popular, puntualizó la parlamentaria.
SANCIONES
La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural establece en su artículo 44: quedan obligados a una participación activa en pro de la defensa, rescate y conservación del Patrimonio Cultural de la República todos los ciudadanos que habiten en su territorio. Será penado con dos (2) a cuatro (4) años de prisión quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los bienes establecidos en los artículos 2 y 6 de esta Ley.
El artículo 2 establece que la defensa del Patrimonio Cultural de la República es obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía.
