El Tribunal 8° de Juicio de Puerto Ordaz dictó la sentencia por los delitos de malversación genérica de fondos públicos, agavillamiento, incitación al pánico, zozobra de la colectividad e instigación a delinquir en el cierre de vías públicas, tras la acusación interpuesta por los fiscales 8° nacional y 2° de la jurisdicción, Mery Gómez y Robert Mujica, respectivamente, además del fiscal con carácter itinerante, Gilberto Romero.
Adicionalmente, el Tribunal también dictó como pena accesoria la inhabilitación política de Chancellor por el tiempo que dure la condena. Igualmente, fueron sentenciados William Álvarez, a 6 años y 3 meses de prisión, y Pedro Pérez, a dos años de cárcel. Álvarez fue condenado por agavillamiento, incitación al pánico, zozobra de la colectividad e instigación a delinquir en el cierre de vías públicas; y Pérez, por el último delito mencionado.
La investigación determinó que trabajadores de la Alcaldía se les hicieron descuentos por política habitacional, paro forzoso y seguro social a través de la nómina; pero tales montos se destinaron al pago de salarios de concejales. Asimismo, un porcentaje de la partida asignada por Ejecutivo Nacional para gastos de emergencia fue usado para cancelar dietas a ediles, por asistencia a sesiones no celebradas.
El proceso contra Chancellor se inició en el 2000, tras denuncias por presuntas irregularidades durante su ejercicio como alcalde de dicho municipio en 1998. Posteriormente, en el 2005, se inició otra investigación contra Chancellor, por usar una emisora de su propiedad para incitar a la población a la toma de calles, ante el conflicto existente entre mineros dela zona y una empresa del ramo.
En ese momento, hubo manifestaciones con el consiguiente cierre de vías públicas que conducen a Santa Elena de Uairén, acción que interrumpió el tránsito automotor y el comercio, entre otras actividades, las cuales generaron zozobra en la colectividad.
Luego, el Ministerio Público pidió una orden de aprehensión contra Chancellor y los otros sentenciados; estos últimos se pusieron a derecho. Pero, fue en mayo de 2006, cuando el hoy condenado se presentó y el 22 de mayo, el Tribunal 2° de Control de Puerto Ordaz dictó medidas cautelares, dictamen apelado los fiscales del caso.
En julio de 2006, la Corte de Apelaciones Bolívar declaró con lugar el recurso, anuló la decisión del Tribunal y acordó la privativa. El 15 de febrero de 2007, Chancellor se puso a derecho ante el Ministerio Público y, en enero de 2009, se celebró la audiencia preliminar en la cual se ordenó el juicio, que culminó este jueves 03 de diciembre.
El Ministerio Público continúa otra investigación contra Chancellor, por presunta irregularidades durante su gestión en la Alcaldía en los 1996-2000 y 2000-2004.
En ese sentido, 01 de diciembre, fue imputado por usurpación de funciones, malversación específica, corrupción propia, estafa, peculado doloso, pago de servicios no realizados, sobregiros presupuestarios.