En lucha radical contra la corrupción, es posible aplicar los Estados de Excepción, específicamente en modalidad de conmoción (artículo 338, penúltimo aparte CRBV) lo cual procede en caso de “conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.
Ya que la corrupción golpea sectores vitales como seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, salud, electricidad, educación, economía, entre otros; esta es capaz de provocar la muerte de millones de personas igual que los desastres naturales o los conflictos armados. En consecuencia no hay duda que se generan los efectos de dicho artículo.
La corrupción infiltra instituciones, deteriora valores ciudadanos y carcome la estructura burocrática mediante una permanente actividad contraria al ordenamiento jurídico. Esta se relaciona con la delincuencia organizada porque implica la asociación de varias personas con propósitos delictivos que facilitan o encubren la comisión de otros crímenes como soborno, legitimación de capitales, explotación sexual, narcotráfico, secuestro, defraudación tributaria, etc.
Es constitucionalmente factible que el Presidente Nicolás Maduro decrete un marco jurídico temporal para avanzar a una justicia expedita y proporcional a la gravedad del hecho, según los artículos 337, 338 y 339 de la Carta Magna. Entonces bastaría mayoría simple de diputados y validación del TSJ.
Esto permitiría un total de seis meses (incluyendo la prórroga) para aplicar medidas extraordinarias como exhibición pública de la declaración de patrimonio de todos los funcionarios, auditorías, investigaciones abreviadas y prohibición de enajenar y gravar así como confiscación de los bienes pertenecientes a los corruptos, entre otras más.
