(Caracas, 14-8-07) La Defensoría del Pueblo propuso declarar el uso de las tarjetas de crédito y débito como servicio público, lo cual permitiría brindar una mayor protección y defensa al usuario por parte del Estado.

La propuesta fue formulada por Juan Carlos Castro, representante de la Defensoría del Pueblo, durante la reunión realizada este martes en la sede de la Comisión de Participación Ciudadana, donde estuvieron: el diputado Darío Vivas, presidente de la Comisión Especial designada para analizar la materia; el diputado Rafic Souki y representantes de otros organismos como: Cadivi, Ministerio Público, Procuraduría, Ministerio de Finanzas, y Organización Anauco, entre otros.

Destacó Castro que en principio la Defensoría agradece a la Asamblea Nacional la convocatoria para que este organismo pueda ofrecer sus observaciones con relación al Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito y Débito.

Precisó que ellos formularon una propuesta muy específica, la cual consiste en que el servicio que prestan las entidades financieras como tarjetas de Crédito y Débito se establezca como un servicio público.

Dijo que esto va a permitir establecer un equilibrio entre lo que es la actividad que prestan las entidades financieras y las usuarias y usuarios que de alguna manera gozan de este servicio. “Asimismo, le va a permitir al Estado poder establecer una mayor defensa y protección a estos usuarios, así como un equilibrio con lo que es este servicio por parte de la banca”.

Agregó que la Defensoría recibe diariamente innumerables denuncias en torno a clonaciones de tarjetas, cobros indebidos, y cobros ilegales, “y es por ello que nosotros consideramos bien importante el que se incluya en la reforma de la ley, la definición de servicio público al servicio que prestan las tarjetas, para que, así, el Estado pueda tener un punto de apoyo más directamente con los usuarios y las usuarias con relación a los servicios que presta la banca”.

Regulación de comisiones

El diputado Rafic Souki hizo referencia a la regulación de las comisiones bancarias en el caso de las tarjetas de crédito y débito, y señaló que consideran que hay algunas comisiones que deben ser eliminadas, tal y como lo planteó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y otras, que pudiera mantenerse su cobro, pero siempre y cuando el mismo esté ajustado al costo real de la operación bancaria. “Estamos proponiendo que sea regulado por la Superintendencia de Bancos”.

Creemos también que deben regularse las tasas de interés máximas a cobrar por las tarjetas de crédito, creemos que deben regularse los contratos, porque éstos son contratos de adhesión, ya que cada vez que se obtiene una tarjeta de crédito o de débito se firma un contrato de adhesión en el cual una de las partes no puede discutir las cláusulas sino que simplemente se adhiere a ellas.

Agregó el parlamentario que ellos no pretenden que en el país, que hay 8 mil cien tarjetas de crédito o débito circulando se firmen 8 mil cien contratos distintos, “pero sí podemos establecer en la ley, y es lo que estamos proponiendo, que la Superintendencia de Bancos apruebe estos contratos para que haya un ente del Estado, en este caso Sudeban, que vele por los intereses de los usuarios”.

Voluntad política en la AN para aprobar la reforma

Por su parte, el diputado Darío Vivas, presidente de la Comisión Especial que analiza la reforma de la Ley de Tarjetas de Crédito y Débito y Otros Instrumentos Financieros, afirmó que hay la voluntad política de la AN de aprobar un instrumento que regule el uso de las tarjetas de crédito y débito.

Explicó que durante la reunión de este martes se recibieron las observaciones de distintos organismos, como: Sudeban, Indecu, Procuraduría General de la República, Cadivi, Ministerio de Finanzas y el Ministerio Público, que hicieron llegar las informaciones y propuestas en torno a la reforma de este instrumento legal.

Destacó que se está hablando de casi 8 millones de usuarios y que se trata de que la AN pretende regular el uso de instrumentos como las tarjetas de crédito y débito, respondiendo al veto que hizo el Ejecutivo nacional sobre la ley aprobada en la AN y al mismo se le están incorporando algunos elementos que aparecen en la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Dijo que en la próxima reunión revisarán diversos aspectos como son la calificación de servicios públicos de todo lo que es el servicio bancario en caso de tarjetas de crédito y débito, así como lo relativo a las comisiones las cuales se establece que las debe fijar Sudeban, pero que al mismo tiempo se puedan establecer sanciones para quienes abusen en el cobro de comisiones fijadas por Sudeban.

Agregó que igualmente será ratificado lo atinente a la ilegalidad de la usura y sanciones también para quienes cometan usura y lo relativo al anatocismo, que es el cobro de interés sobre intereses, “estamos hablando también lo que es la carga de la prueba, ratificando lo que ya señaló la sentencia del TSJ según la cual, de ahora en adelante, es la banca la que tiene que probar si se ha actuado de mala fe cuando ha habido un registro de un retiro que el tarjetahabiente afirma que no lo hizo. También está prevista la clonación donde es la propia banca la que tiene que señalar si hubo actuación de mala fe con relación a este caso”.

Precisó que se acordó también una metodología de trabajo como es elaborar el informe final, el cual antes de ir a la Plenaria será remitido a la Vicepresidencia de la República para que lo estudie y luego lo envíe a la Procuraduría, para regresar de nuevo a la comisión y ser enviado directamente a la Plenaria de la AN, “de esta manera lo que queremos es aligerar los tiempos, porque hay una voluntad política por parte de la Asamblea Nacional en aprobar un instrumento que regule las negociaciones, el uso de las tarjetas de crédito, débito prepagadas y otros instrumentos financieros, ya que hasta ahora no había ninguna norma que los regulara y quedaban a criterio y capricho de la banca las relaciones con los usuarios, a tal punto que solicitamos también que se aclare suficientemente los contratos que realiza el usuario con la banca”.

Anunció que de acordarse, por parte de la Asamblea Nacional, el realizar sesiones extraordinarias, este instrumento legal podría quedar aprobado este mes y si no sería aprobado en las sesiones del próximo período legislativo.