El Parlamento venezolano aprobó ayer en primera discusión y por unanimidad el proyecto de Ley que autoriza al Presidente de la República a dictar decretos contentivos de actos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se le deleguen.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, manifestó que si bien la Constitución establece en su artículo 202 que la condición de legislar y el acto de sancionar leyes compete a la AN, el 203 deja claro que pueden delegar esa función en el Ejecutivo si éste lo solicita a través de una Ley Habilitante.
La Constitución vigente, recordó, no establece limitación alguna en cuanto a los lapsos y las áreas, a diferencia de la de 1961, que sólo habilitaba al Presidente a legislar por períodos específicos y sólo en el ámbito económico.
De hecho, Flores, manifestó que los objetivos y programas han sido diferentes en cada una de las oportunidades en que se han aprobado leyes habilitantes.
Flores dijo que Hugo Chávez tiene toda la legitimidad y legalidad para pedir una Habilitante, pues él ha sido ratificado en cinco oportunidades por el pueblo.
“El Presidente pide año y medio y año y medio tendrá”, dijo, al criticar a los sectores de oposición “que empiezan a vociferar y criticar los lapsos. No podíamos esperar menos de ellos, pero tampoco más”.
Aclaró que cuando se reforme la Constitución Nacional, un conjunto de leyes entrará en la Habilitante, porque ellas “van a profundizar la revolución y darán respuestas al pueblo. Se avecinan nuevas batallas, pero mientras el Presidente Chávez le dé respuesta al pueblo ese pueblo lo defenderá”.
Urgencia
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Roberto Hernández, dijo por su parte que la Habilitante se justifica por la urgencia del caso.
“Podemos decir que la urgencia es lo que justifica una Ley Habilitante”, sentenció.
Hernández cree que esa solicitud les está diciendo que el Presidente necesita “resolver los gravísimos problemas” del país, en un lapso muy breve.
Constitución
Pero el diputado Carlos Escarrá, quien forma parte de la comisión para la reforma constitucional, quiso hacer algunas referencias “para explicar que los modelos jurídicos y sociales están transformándose”.
La Carta Magna de 1961 establecía que las leyes habilitantes eran sólo para legislar sobre la materia económica y establecía lapsos determinados; mientras que en la Constitución vigente sólo se requieren las tres quintas partes del quórum para que la AN autorice al Presidente en cualquier materia, no sólo la financiera, y durante el tiempo que incluya en la solicitud.
Justificó los 18 meses requeridos en la exposición de motivos, “porque en paralelo estará arrancando la reforma constitucional.
Rompiendo paradigmas
Ricardo Sanguino, presidente de la comisión de Finanzas, insistió en que están enfrentando una nueva etapa.
Reconoció que ahora el legislativo tendrá que ceder su facultad a una solicitud del Ejecutivo, “porque esta institución no es suficientemente dinámica para legislar las leyes que requiere la nueva etapa de la revolución”.
