Caracas 03 ene. - El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena categóricamente la ejecución a la cual fue sometido el ex presidente de Irak, Saddam Hussein, y no duda en calificar este repudiable hecho como un crimen político producto de la ilegítima ocupación extranjera en esa hermana nación árabe.
El asesinato de Saddam Hussein fue la culminación de un juicio amañado en tribunales impuestos por las tropas invasoras, encabezadas por el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Al derrocado y luego ejecutado ex mandatario iraquí se le negó el derecho al debido proceso, sus abogados sufrieron persecución, amenazas y atentados, y los atropellos cometidos en su contra dejaron al descubierto la componenda orquestada para finalmente legalizar este crimen que hoy sacude la dignidad de los pueblos del mundo, particularmente la del pueblo árabe.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza, por razones de principios, la aplicación de la pena de muerte, y así está establecido en nuestra Constitución, pero además se niega a convalidar que una o más potencias, con el apoyo de otros países, se atribuyan el derecho a usurpar el rol que debe cumplir la Organización de Naciones Unidas, y a imponer decisiones destinadas a privar de la libertad y luego de la vida a un mandatario depuesto por tropas invasoras.
Al ex presidente de Irak se le acusó por la muerte de alrededor de 150 personas, y por ello fue llevado a la horca. Pero la ocupación militar del territorio iraquí, ordenada por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha ocasionado la muerte de decenas de miles de ciudadanos de ese país y de más de 3 mil soldados norteamericanos y alrededor de 20 mil lisiados de guerra.
Algún día responderán ante la justicia internacional los responsables de estos miles de asesinatos y de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Ratificamos nuestra exigencia al cese de la ocupación ilegal a la cual está siendo sometido Irak y formulamos un llamado a la Organización de Naciones Unidas para que inicie las gestiones conducentes a restablecer la soberanía en esa nación, y a investigar las innumerables violaciones de derechos humanos que se han cometido en nombre de una hipócrita lucha contra el terrorismo.
