El diario estatal La Nación difundió el martes 27 una investigación periodística de Alejandra Matus titulada "La caja negra del Indap" censurada el domingo por el directorio de la empresa, aunque había sido aprobada por el director Alberto Luengo Danon. Una tormenta político-mediática desatada el sábado por la renuncia de gran parte de los periodistas del matutino persuadió a la empresa de publicar el texto dos días después, sin modificaciones y como si nada hubiera ocurrido.

El senador Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunció que su partido investigará el destino de los fondos cuestionados por el reportaje, no la censura en sí misma. Lo que sólo hubiera sido otro golpe más contra la libertad de expresión en Chile podría convertirse en otro dolor de cabeza para el gobierno de Ricardo Lagos si la oposición de derecha impulsara la propuesta Larraín.

El reportaje se basa en un estudio privado sobre uso de fondos públicos encargado por el senador Nelson Avila, ex miembro del Partido por la Democracia (PPD) y de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición gobernante. El paper concluyó que el 60% de US$ 1.000 millones gastados en 10 años por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) fue atrapado por empresas intermediarias vinculadas al Partido Demócrata Cristiano (PDC), socio principal de la coalición de gobierno. Además, relata que se pagó sobresueldos a 6 altos funcionarios del instituto.

Alejandra Matus dijo que utilizó la información de Avila, pero que además investigó el tema en otras fuentes y que discutió el proyecto con los responsables de la política editorial del diario cuyo principal accionista es el Estado. Matus sufrió antes la censura cuando debió marchar al exilio durante casi tres años -abril de 1999- a causa de la prohibición de su obra El Libro Negro de la Justicia, de editorial Planeta, requerida por el magistrado Servando Jordán. El libro pudo circular a partir de octubre de 2001, una vez que se modificó la ley de seguridad interior del Estado.

Canibalismo en la política chilena

El gobierno todavía no sale de otra crisis derivada de denuncias anteriores de corrupción que afectaron exclusivamente al sector socialdemócrata -partidos Socialista, Radical y PPD- de la alianza de gobierno, una operación mediático-política lanzada por el empresario Alvaro Saieh desde su revista Qué Pasa y el diario La Tercera.

Los vertederos políticos santiaguinos atribuyeron entonces su inspiración al senador Adolfo Zaldíva, timonel del PDC llamado también El Colorín por el tono de su cabello. Dos ex ministros, otros funcionarios intermedios y cinco diputados de gobierno conocieron el rigor de la prisión, incluidos dos legisladores del PDC. Con la pérdida de estas bancas, el gobierno redujo a un voto su mayoría en la Cámara.

La arremetida contra la fracción gubernamental socialdemócrata, a su turno, habría sido la respuesta a un escándalo mucho más viejo de indemnizaciones auto concedidas por altos funcionarios públicos, casi todos de signo PDC. Hoy nadie ha sugerido una vuelta de mano, pero ya el gobierno debió transar políticamente ante una tenaz ofensiva que perseguía la mismísima cabeza de Ricardo Lagos. Los tribunales de justicia en Chile siempre se han identificado mejor con el poder económico y la derecha política, no sólo en dictadura.

La debilidad llevó al gobierno a zanjar la crisis otorgándole mayores cuotas de poder a la oposición de derecha, con un hombre de sus filas a la cabeza del Banco Central, el economista Vittorio Corbo, y acogiendo una reforma del Estado concebida por la UDI y Renovación Nacional (RN). Además, está preso el diputado más emblemático del PS, el joven Juan Pablo Letelier, hijo del ex canciller de Salvador Allende Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976. Una ley de punto final de inspiración derechista también está como posibilidad política a mediano plazo.

Censura y autocensura

La nueva censura contra Alejandra Matus en la edición dominical -La Nación Domingo- fue 'sugerida' por el presidente del directorio, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, dijo anoche Luengo en una llamada al programa El Termómetro de ChileVisión (Canal 10). Acosado a preguntas, el Director redujo el conflicto a un problema editorial interno, sin admitir que hubo presiones ajenas al diario, ni del gobierno ni del PDC.

La censura y la autocensura existen en Chile pero nadie quiere admitirlas. A pesar de las ambiguas explicaciones de Luengo, una encuesta de televidentes dirigió las sospechas por mayoría aplastante al gobierno y al PDC. Un molesto Adolfo Zaldívar negó que hubiera presionado para impedir la publicación del artículo. También eludió responsabilidad el senador Rafael Moreno, PDC, a quien Avila le atribuyó presiones censuradoras basado en información de Luengo que éste desmintió.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos 2003, emitido en abril por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, una casa de estudios que nada tiene que ver con la izquierda, dedicó casi el 10% del texto de 456 páginas a la violación sistemática en Chile de los derechos a la libre expresión e información por la concentración de la propiedad de los medios y el hábito inveterado de la censura y autocensura.

'Directorio periodístico'

Los medios le bajaron el perfil a la noticia de la censura en el diario del gobierno. También llamó la atención que el directorio de la empresa -donde participa capital privado- asuma cotidianamente tareas propias de la dirección editorial periodística. La cúpula de La Nación está integrada por los directores Jorge Awad Mehech, Luis Eduardo Thayer Morel, Raimundo Valenzuela de la Fuente, Isidro Solís Palma, René Jofré Delgado y Enrique Alcalde Undurraga, quienes responden a un cuoteo de partidos políticos más la representación de accionistas privados minoritarios.

La excusa del directorio para bloquear la publicación del reportaje fue que la periodista no consiguió respuestas de los jefes del INDAP, su versión ante las críticas de mal uso de fondos públicos, tema que también investiga la Contraloría. Es decir, el instituto rehusó defender su postura, aunque un portavoz respondió al tema de los sobresueldos.

El jefe de relaciones públicas del instituto, Luis Conejeros, PDC, consejero nacional del Colegio de Periodistas, reclamó por TV que Matus no quiso proporcionar su 'Informe Avila' para 'responderlo', adcuadamente, pero también afirmó que su organismo no tuvo que ver con la censura que impidió la publicación del reportaje.

¿Quién decide qué es o no una noticia?

Los entretelones del bochornoso episodio generan reflexiones y controversias sobre la ética en el periodismo chileno, la relación entre poder y periodismo, la dualidad propaganda institucional y noticia, la labor del periodista como arquitecto y lobbysta de la imagen pública de sus jefes en los servicios del Estado, además de la manipulación del periodista por la clase política. La interrogante más incisiva es ¿quién decide qué es una noticia, la empresa o sus asalariados, los periodistas?

Los periodistas chilenos tienen dos visiones frente a este tema. Algunos abogan tácitamente por la autocensura, alegando que no se puede pretender atacar al gobierno desde las páginas de un diario estatal, como tampoco se le ocurriría a un periodista de El Mercurio publicar investigaciones sobre el negocio de los caballos corraleros puesto que el propietario del diario, Agustín Edwards Eastman, es un protagonista importante de ese mercado. El senador socialista Ricardo Núñez, quien no es periodista pero sí partidario acérrimo del oficialismo, dijo ayer que La Nación no debe abstenerse de publicar criticas al gobierno.

Probablemente esos periodistas tengan razón porque en 13 años ninguno de los medios formales del 'establecimiento' ha publicado reportajes de investigación sobre el enriquecimiento de unos 300 ciudadanos ilustres bajo el paraguas de la dictadura de 17 años, un tema que la periodista María Olivia Monckeberg, PDC, escarbó en su libro El saqueo de las empresas públicas. Sería impensable que La Tercera investigara y relatara como su dueño forjó su fortuna durante el régimen militar. Al igual que los tribunales, los medios establecidos sólo atacan temas de derechos humanos, admitidos en el consenso tras una larga lucha de los familiares de las víctimas.

Otros periodistas argumentan que no se puede aspirar a una independencia que no tiene ningún medio. Hay quienes también recurren a la descalificación personal, atribuyendo un 'afán protagónico' a Alejandra Matus y a sus colegas, quienes ya habrían resuelto antes 'irse a trabajar a otra parte', incluido El Mercurio, simplemente porque el diario padece una crisis desde mucho antes de este nuevo golpe bajo a la libertad de expresión.

La crisis ¿terminal? de La Nación

La pregunta es ¿qué pasará ahora con este periódico en quiebra ética y también, económica? Hace casi dos meses que La Nación no aparece todos los días de la semana -dejó de salir el sábado- y allí laboran más de 400 personas. El gobierno de Ricardo Lagos no sabe qué hará con el rotativo. Hay discrepancias: una corriente postula que sólo aparezca los miércoles y domingos, en tanto otro sector propone separar al diario de la revista dominical LND y mantener ambos con un mínimo de personal. Cualquier futuro ahora está complicado por el desbande de un equipo de excelentes periodistas, pero todavía cabe la posibilidad que regresen. Luengo no quiso referirse a 'los asuntos internos' de su medio con otro medio para aclarar si los renunciados vuelven o no.

Y de nuevo se abrieron los apetitos por la infraestructura técnica del diario gubernamental, un moderno equipamiento financiado con los ingresos del Diario Oficial, otro bien 'de todos los chilenos'. La industria mediática local y foránea siente gran apetito por los sofisticados talleres que imprimen PubliMetro (120.000 ejemplares de lunes a viernes), El Diario (de Ricardo Claro, quinto o sexto dueño de Chile), Estrategia (diario económico-financiero) y numerosas otras publicaciones. La empresa editora de El País de España, Prisa, renovó su interés por una vieja negociación cuyo objetivo no es el diario, sino sus talleres.

Una eventual venta de La Nación traería consigo dos problemas peludos. Uno es el futuro del Diario Oficial, editado por la misma empresa, una suerte de monopolio de la publicación de leyes, decretos y documentos públicos que mantiene un contrato por 99 años con el ministerio del Interior y proveedor importante de efectivo todos los días. La otra cuestión es la suerte de la distribuidora Vía Directa, que también tiene que ver con la libertad de expresión porque -además de La Nación-distribuye otros productos, incluso diarios y revistas de oposición, de izquierda y de derecha.

Infraestructura política de la censura

El último episodio de censura también se lee como una cachetada para sacudir la modorra y atisbar una realidad bastante brutal: en Chile aún no existen ni la democracia ni las libertades de expresión e información. La afirmación parece extremista, exagerada, porque en 13 largos años de vivir el 'consenso' de una prolongada 'transición a la democracia' se olvida que todavía impera la Constitución de 1980, o sea, la que diseñó la dictadura para garantizar la supervivencia del modelo de sociedad que impuso por la fuerza.

También se 'olvida' que ningún país serio pretende vivir una 'democracia' con el 20% de un Senado de 50 miembros designado a dedo por el Ejército, la Marina, Carabineros, etcétera, más el carácter 'vitalicio' de algunos 'padres conscriptos'.

El clima de Chile favorece al kiwi pero no al banano, ingrediente que todavía le faltaría a una 'democracia tropical de los ingleses de la América del Sur'. Tampoco es un detalle banal -o bananero-que el modelo económico garantido por la Constitución de 1980 comenzó a redituar frutos reales y verdaderos durante las tres administraciones de 'transición democrática', y no antes, según reconocidos historiadores económicos de derecha como Arturo Fontaine Talavera.

El duopolio El Mercurio/La Tercera

Diferentes autores cuestionan que en Chile existan libertades de expresión e información si sólo dos empresas, El Mercurio y Copesa (La Tercera) controlan el mercado nacional de diarios con idéntico discurso ideológico, cual gemelos univitelinos, aunque fueron salvados de la quiebra en 1989/1990 por un perdonazo del Banco del Estado, otro bien 'de todos los chilenos'.

Es una paradoja, pero hubo más libertad de expresión durante el último tiempo de la dictadura. Cuando la clase política concertacionista inició la desmovilización social, desmoronó también su aparataje mediático (los diarios Fortín Mapocho y La Epoca, más las revistas Análisis, Cauce, y muchas otras). Fue una 'visionaria' limpieza de eventuales estorbos al advenimiento de un largo período de 'consenso' y buenos negocios, una nueva era en que la 'democracia' administra 'los logros de la dictadura', dijo el fallecido sociólogo socialista Ramón Silva. Es decir, consumaron la derrota ideológica de un pueblo previamente vencido, atado y masacrado.

Contrapeso fallido

La Nación pudo ser el único diario que hiciera contrapeso al monopolio, pero nunca fue una amenaza por su reducida circulación. Los críticos de la censura argumentan que el diario 'es de todos los chilenos' porque pertenece al Estado desde que Carlos Ibáñez del Campo se lo expropió en 1927 a los herederos de Eliodoro Yañez, su fundador. Tampoco deberían ocultarse los manejos del Indap porque sería 'de todos los chilenos', ya que fue diseñado por el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-70) precisamente para fortalecer al pequeño empresario agrícola que fabricaría la reforma agraria.

La censura, además, puso al diario en la picota justo cuando empezaba a consolidar un nuevo periodismo, comprometido con la verdad y el interés de un público todavía sometido al engaño y al ocultamiento de temas cruciales y relevantes. Detalles sobre esta nueva controversia de censura y la actitud ejemplar de los periodistas afectados por la intolerancia gubernamental ante la libertad de expresión -su renuncia es un gesto honroso y rarísimo en los tiempos presentes- se encuentran en http://www.zonaimpacto.cl/122/censura_provoco_renuncia.htm