Fuentes de los movimientos populares que tuvieron comunicación con delegados peruanos asistentes al Festival Mundial de la Juventud recibieron la denuncia de que los participantes peruanos que regresaron a su país por vía terrestre, a través de Colombia, fueron objeto de decomiso de documentos y materiales del Festival, incluidos afiches, libros y folletos, además de recibir malos tratos y ser víctimas de procedimientos arbitrarios. Se les trató como si fueran poseedores de materiales "subversivos". Otras delegaciones, como la ecuatoriana, les manifestaron su temor a ser atropellados por las autoridades colombianas, dadas las prácticas de acoso político que exhibieron los funcionarios de seguridad con los hermanos que regresaban al Perú, en actitud que muy probablemente no sea casual, sino que ha de responder a los lineamientos represivos del gobierno de Uribe hacia los movimientos que huelen a bolivarianismo, antiimperialismo y socialismo, en vista de la supeditación de su administración a los planes de contención militar y social impuestos por el imperialismo en ese país (Plan Colombia). Este tipo de hechos requier de un reclamo diplomático tanto de Venezuela como de los países de procedencia de los asistentes al Festival. Se le exige al gobierno de Uribe Vélez que restituya sus pertenencias a los delegados afectados por este abuso.