Rui Ferreira
El Nuevo Herald

Desde ayer, los gobiernos locales tienen más facilidad para expropiar terrenos y casas particulares, aun contra los deseos de los propietarios, para dar paso a centros comerciales, estacionamientos o estadios deportivos construidos por firmas privadas.

En una cerrada votación de 5-4, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que las agencias de los gobiernos locales tienen el derecho constitucional de expropiar terrenos e inmuebles de interés público, incluso transferirlos a otro propietario privado, siempre y cuando los legítimos propietarios sean debidamente compensados.

La decisión afianza la legislación ya en vigor en el condado Miami-Dade, dijeron ediles y especialistas.

''La promoción del desarrollo económico es una función tradicional del gobierno y ampliamente aceptada'' por la sociedad, justificó el juez Paul Stevens en una decisión secundada por sus colegas, Anthony Kennedy, Stephen Breyer, David Souter y Ruth Bader Ginsburg.

Stevens, un juez tradicionalmente considerado liberal, explicó que los magistrados declinaron ``tener en cuenta los parámetros decididos por las ciudades para medir la eficacia de sus planes de desarrollo''.

Aunque la decisión no tiene gran impacto en Miami-Dade, donde, en cierta medida las leyes actuales son mucho más amplias que la decisión del alto tribunal, el abogado Stanley Price, especialista en bienes raíces, la ve con preocupación.

''Si [la cadena] Wal-Mart decide apropiarse de dos manzanas en Overtown, no hay duda de que crearía beneficios económicos, pero ¿a qué costo social?'', dijo el abogado.

Lo mismo piensa el juez del Supremo Clarence Thomas, para quien los más desfavorecidos con esta opinión magisterial son aquellos con ''pocas'' conexiones políticas. ''Las consecuencias de la decisión de hoy no son difíciles de predecir, y prometen ser dolorosas'', apuntó.

''Si bien los llamados programas de renovación urbana contemplan algún tipo de compensación por las propiedades de que se adueñan, no hay forma alguna de compensar el valor subjetivo que esas propiedades representan para los dueños desplazados y la indignidad de sacarlos de sus casas'', agregó Thomas.

''Permitir a los gobiernos que se apoderen de la propiedad para fines públicos es de por sí suficientemente malo, pero extender ese concepto de interés publico a un objetivo de beneficio económico es una garantía que las pérdidas caerán sobre las comunidades más pobres, las cuales no sólo sistemáticamente son menos propensas a dar a sus tierras un mejor uso social, sino también las menos políticamente poderosas'', continuó Thomas.

Para el alcalde de Hialeah, Raúl Martínez, la decisión del Tribunal Supremo ''es positiva'', pero ``no cambia mucho las cosas, porque ya en el condado se podían hacer esas cosas''.

''En mi tiempo de alcalde, nunca he expropiado a nadie, porque creo mucho en la propiedad privada, es la base de nuestra sociedad; pero si me hiciera falta, lo usaría. Pero no he tenido necesidad hasta ahora'', indicó Martínez.

La Ciudad de Miami Beach sí ha usado este mecanismo. Hace años fueron expropiadas media docena de manzanas en el sur de La Playa para construir condominios de lujo que reportan al municipio muchos miles de dólares más en impuestos residenciales que las casas que había allí. Y este es otro de las consecuencias positivas en los gobiernos locales: el incremento en la base impositiva.

''El impacto [en Miami-Dade] es apenas una reafirmación de los poderes ya existentes de los municipios para usar este mecanismo de expropiación en una amplia variedad de situaciones'', dijo el ex alcalde de La Playa Neisen Kasdin, quien preside la sección para el Sur de la Florida del Urban Land Institute, un grupo de investigación de la urbanización de tierras.

Según la legislación vigente, las alcaldías sólo necesitan tener en cuenta 2 de 14 criterios al momento de decidir una expropiación, los cuales pueden incluir servicio de agua y alcantarillado, deterioro visible del inmueble, violaciones del código urbanístico y pobre diseño de calles y vías de acceso.

En estos momentos, mediante la expropiación la Autoridad de Desarrollo Comunitario de Miami está construyendo en Overtown, en una serie de manzanas clausuradas un proyecto privado de comercial y residencial llamado Crosswinds.

La decisión de la máxima corte de la nación es el resultado de un fallo del Tribunal Supremo de Connecticut que aprobó la expropiación de terrenos privados para construir un centro comercial y una fábrica de la firma Pfeizer, contra la opinión de los dueño.


http://www.miami.com/mld/elnuevo/11970651.htm