Caracas- A excepción de Efraín Vásquez Velasco, los otros tres generales acusados por la fiscalía de rebelión militar: Héctor Ramírez P., Pedro Pereira y Daniel Comisso, se encuentran en el país.
A juicio del abogado constitucionalista Carlos Escarrá, el criterio según el cual la cosa juzgada no puede ser objeto de revisión “es equivocado”.
Considera además que al revocarse la sentencia del 14 de agosto de 2002 que absolvió a cuatro altos oficiales imputados por el delito de rebelión militar durante los sucesos de abril del mismo año, el Ministerio Público podría acudir a un tribunal de la República para solicitar la privativa de libertad preventiva y prohibición de salida del país, mientras se sustancia de nuevo el expediente.
El constitucionalista fue consultado por PANORAMA en torno de los pasos que proceden luego de la sentencia adoptada por la Sala Constitucional Accidental del Tribunal Supremo de Justicia el pasado viernes.
Explicó que el Ministerio Público deberá reiniciar la investigación a los efectos de acudir a los tribunales ordinarios, pues los altos oficiales imputados se encuentran en situación de retiro y, de acuerdo con la sentencia emanada por la Sala Constitucional, "... no gozan de la prerrogativa prevista en el artículo 266, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
No obstante, Escarrá señaló que como al G/D (Ej.) Efraín Vásquez Velásquez; el G/B (Av.) Pedro Pereira Olivares; el V/A Héctor Ramírez Pérez y el C/A Daniel Comisso Urdaneta, se les imputó el delito de rebelión militar -previsto en el artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar-, pudiera presentarse un conflicto de competencias entre los tribunales civiles y militares.
Sin embargo, el especialista Escarrá cree que el Ministerio Público solicitará que los responsables sean juzgados por la justicia ordinaria y no por la militar.
Apuntó que la sentencia no solamente reabrirá la causa a los militares retirados sino que "traerá otros efectos colaterales" sobre el caso que se abrió contra por lo menos una decena de ciudadanos en el estado Táchira, acusados de subvertir el orden en la entidad durante abril de 2002.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Castillo, quien en el 2002 fungió como defensor del V/A Héctor Ramírez Pérez junto a Carlos Bastidas, manifestó ayer que habrá que esperar que el TSJ publique esta semana la sentencia "para evaluarla, estudiar cuáles fueron los fundamentos jurídicos esgrimidos por la Sala Constitucional y luego rebatirla”.
Consultado en torno a cuál jurisdicción debería asumir el caso, Castillo respondió que “debería mantenerse en la jurisdicción militar”.
Consultado sobre el paradero actual de los militares, dijo que a excepción de Efraín Vásquez Velasco el resto de los señalados se encuentran en el país. La defensa acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para formular la denuncia contra el Estado venezolano.
