Los crecientes índices de criminalidad e inseguridad en Perú desataron una ola de intentos de linchamiento en el país, con un saldo de 18 muertos en casi dos mil casos de ajusticiamiento popular, reveló la Policía Nacional.

Un reporte oficial de la institución señaló que los intentos de ajusticiamiento popular tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos nueve años, al pasar de 21 casos registrados en 1995 a un total de mil 993 este año.


Las autoridades explicaron que los pobladores de la zona de los Andes centrales y de los asentamientos marginales del país han tomado la justicia en sus manos para castigar a los acusados de robo, asesinato y violaciones.


El caso que más conmocionó al país fue registrado en abril pasado, cuando la población de la sureña localidad de Ilave sacó al alcalde Cirilo Robles de sus oficinas para golpearlo y apedrearlo hasta morir tras ser acusado de corrupción.


Los pobladores han recurrido a la lapidación de los sospechosos de cometer algún ilícito y muchos de los que se han salvado de morir fueron desnudados, rapados, amarrados a postes y golpeados de manera salvaje con palos, correas y piedras.


En Lima, la capital peruana de ocho millones de habitantes, el 80 por ciento de ellos originario de provincias, se han reportado un total de 695 intentos de linchamiento este año y dos muertes por ajusticiamiento en zonas marginales.


El director general de la Policía, Félix Murazzo, explicó que el incremento de la violencia en Perú y la justicia por mano propia son "parte enfermiza de un gran porcentaje de la población".


Murazzo instó a la población a que, en caso de detener a un delincuente en flagrante delito, lo entregue a la Policía sin intentar el ajusticiamiento con el objetivo de reducir la violencia y evitar cargos judiciales.


Estadísticas oficiales señalaron que el 50% de los 25.4 millones de peruanos está bajo la línea de la pobreza, mientras el desempleo urbano permanece por encima del 10 por ciento.


Frente al clima de inseguridad y la desgastada imagen del gobierno del presidente peruano Alejandro Toledo, en las zonas aymaras -fronterizas con Bolivia- la tendencia a tomar la justicia por propia mano ha aumentado de manera peligrosa.


El sociólogo Martín Reyes Lecaros advirtió que la creciente corrupción, la crisis económica, la inestabilidad política y el rechazo al racismo van germinando tendencias hacia un nacionalismo aymara en la región de Puno.


Reyes Lecaros advirtió que Perú tiene apenas 92 mil agentes de la Policía Nacional para atender la seguridad de todo el país, por lo cual la ausencia de la autoridad ha permitido el ajusticiamiento popular de delincuentes.


"Ese panorama es peligroso porque se puede prestar también a venganzas y si alguien es acusado de violador o ladrón podría ser linchado por la turba", manifestó.


Una reciente encuesta de la empresa Apoyo encontró que el 64 por ciento de los capitalinos justificó los linchamientos populares debido a que los delincuentes son liberados horas después de ser apresados por la Policía Nacional.


La encuesta, efectuada entre 609 personas entre el 11 y 12 de noviembre, reflejó la inconformidad social de los peruanos que desconfían de sus autoridades.


El 61 por ciento de los entrevistados consideró válido el derecho de la población a hacer justicia con su propia mano, aunque sin llegar a matar, mientras que el 3.0 por ciento de la muestra aprobó el linchamiento con la muerte de los delincuentes.


El director de Apoyo, Alfredo Torres, manifestó que los peruanos han decidido cada vez más hacer justicia por propia mano ante una falta de autoridad y honestidad.


Dijo que la ausencia de policías en muchas zonas del país y la falta de leyes adecuadas para sancionar a los delincuentes ha motivado a pobladores de zonas andinas a amarrar y azotar a los ladrones o a los sospechosos de cometer algún crimen.


En mayo pasado, medio millar de personas sacó por la fuerza de una comisaría a una persona acusada de robo y asesinato, y lo quemó frente a las cámaras de televisión en el poblado fronterizo de Desaguadero.


El sociólogo y catedrático universitario Rubén Francisco Mercado Solís señaló por su parte que la violencia social reflejada en los ajusticiamientos populares es una respuesta a la violencia delictiva que afecta las zonas marginales del país.


Mercado Solís consideró que si el gobierno ignora este serio problema y no adopta drásticas medidas de seguridad, el país se convertirá en un caos, pues los ajusticiamientos se han convertido en una constante por la ausencia policial.