La jueza sexto de Control del estado Miranda, Yanett Rodríguez Carvalho, emitió una decisión judicial en la cual se pide a la policía mirandina adoptar medidas para preservar la integridad física del general de División Jorge García Carneiro, así como de su domicilio y de su grupo familiar.
Esta decisión, tomada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N°6, fue comunicada al director del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, Hermes Rojas Peralta, a quien instruyó el apostamiento policial de funcionarios adscritos a ese organismo policial, como medida de protección contra probables agresiones o atentados.
La medida estipula presencia policial en la zona de la urbanización Los Castores de San Antonio de los Altos, donde está ubicada la residencia del general, respondiendo a una solicitud hecha por los ciudadanos César García Carneiro y Jorge García Carneiro.
Se solicita además al director de la policía mirandina que informe al tribunal y a la Fiscalía de Miranda, acerca del cumplimiento de esta medida. “En tal sentido, tomará las precauciones necesarias para la permanente y eficaz presencia policial en el lugar, esto es, organizará el cronograma correspondiente respecto de los efectivos policiales que prestarán la protección requerida, los turnos a cumplir, y les instruirá previamente a su arribo a las inmediaciones de la vivienda el derecho que asiste a sus moradores así como a los habitantes del sector y las acciones que han de desplegar ante la eventualidad de una situación que pudiera constituir amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas y sus propiedades”, señala la decisión judicial.
La jueza alegó que actúa en concordancia con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 120 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal. También se menciona el derecho que asiste a todo ciudadano en cuanto a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan riesgo, amenaza o vulnerabilidad para su integridad física.
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