Caracas, marzo 3 - Este jueves se dio inició al Plan Integral de Cultura Judicial, desarrollado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de Chacao, dicho plan surgió gracias a la inquietud de un grupo de trabajadores y movimientos sociales vinculados con el sistema de justicia, el cual tiene como objetivo tomar los espacios judiciales para actividades de formación política y cultural, según resaltó Marieta Henríquez, jefa del despacho de la Magistratura.
En ese marco la abogada María Alejandra Díaz, especialista en procesal penal y comunicación política desarrolló el conversatorio denominado ¿Conflicto entre el TSJ y AN?
En el coloquio Díaz manifestó que las discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es algo “común” en otros países, a las cuales los venezolanos no estaban acostumbrados, ya que durante los últimos 15 años ambos poderes tenían la misma línea política.
Para la Jurista los venezolanos están presenciando “el pleno ejercicio de la constitución, se trata de un sistema de peso y contrapeso en el que un órgano de control político se enfrenta a un órgano de control judicial. Finalmente el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia, emitió un pronunciamiento con respecto al alcance de las funciones de la AN”.
Este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de una sentencia publicó los límites de la Asamblea Nacional ante la designación de magistrados del Poder Judicial.
Para Díaz “la hegemonía mediática opositora, presenta el conflicto como una violación a la soberanía del pueblo y no simplemente como un ejercicio constitucional que está previsto en nuestras leyes”.
Sobre el papel que deberían jugar los medios de comunicación ante tal escenario, la jurista manifestó la necesidad de “no ocultar la situación y acudir a los referentes doctrinarios, hay una posición que indica que la soberanía reside en la AN, por ser un órgano electo por la voluntad del pueblo y que no puede un tribunal anular sus decisiones –posición teórica- y otra donde se le da razón al papel político que juegan los tribunales constitucionales donde deciden en cuestiones políticas y sociales de trascendencia”.
“La solución está en la Constitución, es decir, hay que investigar y debemos traducir el lenguaje jurídico en un mensaje de comunicación política, para informar al pueblo”, sugirió.
