Caracas, 10 de noviembre de 2015- La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional (AN) rechazó de manera categórica las nuevas amenazas militares de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, tras la incursión de un avión de la guardia costera estadounidense en el espacio aéreo territorial venezolano, violando la normativa internacional.
El Ejecutivo Nacional ha advertido que esta nueva escalada violenta hacia Venezuela y su pueblo —que es violatoria de los principios del derechos internacional y de la autodeterminación de los pueblos— forma parte del decreto imperial firmado por el presidente Barack Obama en marzo pasado, y en que calificó a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria".
Al respecto, la incursión de la aeronave "pretende generar un clima de violencia en el país y así permitirle al Presidente Obama activar el decreto donde se señala a Venezuela como una amenaza inusual a la seguridad de Estados Unidos", sostuvo el presidente de dicha comisión, Yul Jabour, quien dio lectura al comunicado en el que se condena enérgicamente estas amenazas militares del imperio estadounidense.
De acuerdo con la instancia parlamentaria, las amenazas y las declaraciones injerencista han sido las históricas maniobras del imperio norteamericano para participar de forma expresa en agresiones militares contra otros países soberanos del mundo, que en oportunidades han precedido invasiones.
"La intención de Estados Unidos de Norteamérica es apoderarse de los vastos recursos naturales de Venezuela, para manejarlo a su antojo como lo han hecho a lo largo de su historia imperial en el mundo entero", denuncia la Comisión parlamentaria en dicho comunicado.
Jabour recordó que con formatos similares, el imperio norteamericano ha intervenido a países como Irán, Libia, Panamá, Granada, Honduras, Paraguay y a naciones que no actúen conforme a sus intereses.
En ese sentido, la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN manifiesta su respaldó a las medidas anunciadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de denunciar este delito ante los organismos multilaterales, como la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).