El delegado de prevención Néstor Díaz se entrevistó con el equipo de Prensa Marea Socialista para realizar una serie de denuncias de acoso y terrorismo laboral por parte de la empresa de amortiguadores GABRIEL, ubicada en Valencia, Edo Carabobo. En la entrevista Díaz dio a conocer la crítica situación por la que pasa un grupo de trabajadores, recientemente despedidos injustificadamente y además inculpados de un crimen que no cometieron

Prensa Marea Socialista: ¿Qué está pasando en la Gabriel de Venezuela?

Néstor Díaz: la situación de acoco laboral que ahora paso a ser despido, es algo que remonta tiempo atrás. Desde hace varios años no ha sido una política de Gabriel de Venezuela garantizar las condiciones de salud y seguridad óptimas para los trabajadores. Desde el 2009, cuando fui electo delegado de prevención, iniciamos una serie de diligencias y exigencias en el campo de la salud y de la seguridad, lo cual la empresa empezó a ver con malos ojos. Hubo muchísimos logros, mejoras en los servicios, adquisición de ambulancia, acondicionamiento de los lugares de trabajo. Los gastos en este aspecto aumentaron mucho y empieza el acoso laboral contra mi persona. Después de 3 periodos en los que he sido reelegido y el apoyo de los trabajadores siempre ha sido grande.

PMS: ¿Cómo empezó ese proceso de acoso laboral?

ND: A partir de esos años empieza una persecución laboral, me retiraron de la empresa por 3 meses supuestamente por unos cursos de formación, curso en el que no escribimos ni una sola letra en la pizarra ni el cuaderno. Estos meses fueron realmente charlas para convencernos de que renunciáramos
El punto más grave de esta persecución laboral, ocurre los primeros días de marzo, día en el que un gerente de la empresa me llama para hacerme una oferta de dinero a cambio de que renunciara, y al verme renuente a recibir el dinero me amenazo delante de varios trabajadores, señalando que me iba a despedir si o si. Muchos trabajadores rindieron su testificación a mi favor en torno a esto.

PMS ¿Qué sucede después?

Al no poder cumplir con su objetivo, meses más tarde, el 28 de mayo del 2013 se desarrolla una situación extraña. A la salida del segundo turno de ese día, unos policías municipales vestidos de civiles se acercan a los transportes, nos empiezan a llamar por nombre y apellido, el que estaba encargado tenía un celular en la mano y a medida que le hablaban por el celular nos fueron solicitando. 11 trabajadores fuimos detenidos y conducidos hasta la Plaza Bolívar en el centro de Valencia, donde llega una camioneta Cherokke negra, la cual estaba cargada de amortiguadores, nos pidieron que descargáramos la camioneta pero nos negamos. Las experticias así lo comprueban.

A partir de eso, fuimos solicitados por la justicia y nos apresaron por tres días. Llamaron a los medios y difundieron la noticia como si nosotros fuéramos una banda delictiva. 11 padres de familia que fuimos inculpados, y tenemos decenas de trabajadores que han testificado a nuestro favor porque se cometió una injusticia muy grande.
Los policías nos dieron las renuncias elaboradas cuando estabamos dentro de la cárcel. Nosotros rechazamos firmarla, porque era asumir que habíamos realizado ese robo.
Fuimos enviamos a el juzgado, donde el juez dicto una medida cautelar y decidió que fuéramos juzgados en libertad. En los últimos meses se han diferido 5 audiencias preliminares a causa de la empresa, que creemos está dilatando el proceso.

Sin embargo hemos visto que la empresa ya está bajando la guardia, al principio exigía que fueramos enviados a Tocuyito, y ahora nos esta convenciendo de que lleguemos a un acuerdo para que renunciemos.

PMS ¿La Inspectoría Laboral se ha pronunciado?

ND: La Inspectoría ha actuado por encima de la ley. Hace 5 meses para nuestra sorpresa, dejamos de recibir nuestro sueldo. Cuando nos acercamos a la empresa nos dijeron que acudiéramos a la inspectoría que ellos aprobaron el despido, debido al procesamiento en el que estamos incursos. Sin embargo no existe ninguna justificación, ya que los entes correspondientes no han culminado su veredicto, sin embargo para la Inspectoría nosotros ya somos culpables. Como lo ratifican las 11 providencias administrativas firmadas por la inspectora del trabajo. Queremos denunciar el retardo procesal, pero también a la Inspectoría por asumir una decisión sin informarnos y pasar por encima del tribunal 4to de control, violentando la ley. Nosotros sabemos que la empresa está detrás de todo esto, y hasta ahora no ha presentado ninguna prueba, solo quiere deshacerse de nosotros. Estamos haciendo todo lo posible por que se haga justicia en este caso, y cese de criminalizar la lucha de los trabajadores en todos los centros de trabajo.