Para garantizar la seguridad alimentaria

Oficializada creación del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía

Credito: Archivo

01-10-13.-El Decreto Presidencial N° 429 que crea la comisión presidencial denominada Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, fue publicado en la Gaceta Oficial N° 40.261, que circuló este martes.

Esta comisión tiene por objeto “garantizar la seguridad alimentaria mediante la articulación, organización y coordinación de los procedimientos que aseguren la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad, en el ámbito nacional y su acceso oportuno y permanente por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela, fundamental para el desarrollo económico y social de la nación”.

El Mayor General Hebert Josué García Plaza, ministro del Poder Popular para el Transporte Acuático preside el órgano que quedó integrado por los titulares de los ministerios de Finanzas, Defensa, Comercio, Industrias, Agricultura y Tierras, Transporte Terrestre, Comunas, Alimentación, Mujer e Igualdad de Género, Juventud, el Comandante General de la Milicia Bolivariana y un representante del Frente Francisco de Miranda.

Los representantes ministeriales y de entes adscritos a los referidos despachos, conformarán cuatro equipos de trabajo en materia de producción e importación; distribución y transporte interno; comercialización y venta de productos; así como abastecimiento del hogar. Los grupos visitarán las diferentes empresas de producción, importación, centros de ventas al consumidor final, verificar la capacidad de transporte y frecuencia de distribución.

El Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía tendrá como atribuciones combatir los problemas que afectan a la producción, distribución y venta de alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad; levantar un inventario de empresas públicas o privadas; formular propuestas de solución, elaborar un diagnóstico de la situación operativa y capacidades de producción, así como de transporte y cadena de distribución; evaluar la disposición del empresariado a contribuir con el desarrollo y estabilidad del país; consolidar y acelerar la recuperación de la economía nacional, entre otros.

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