(Caracas, 17 de diciembre de 2012) El Ministerio Público logró privativa de libertad para el dueño de la empresa Sumiglov Cars, Adhemar Ramón Rangel Vitto, quien fue aprehendido el pasado 12 de diciembre, por su presunta responsabilidad en la estafa a más de 800 personas a través de la venta programada de vehículos.
Durante la audiencia de presentación, los fiscales 60º nacional auxiliar, 4º de Táchira y auxiliar, Humberto Rattia, Andreina Torres y Virgilio Molina, respectivamente, imputaron al empresario por la presunta comisión de los delitos de estafa, concurrencia real del delito y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
En ese sentido, el Tribunal 8° de Control del estado Táchira, con base en los elementos de convicción expuestos por los fiscales, dictó la medida privativa de libertad para Rangel Vitto y fijó como sitio de reclusión el Centro de Reclusión Policial de ese estado, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.
De acuerdo con la investigación, el hombre estaría relacionado con la estafa a más de 800 personas a través de la venta programada de vehículos realizada en diferentes concesionarios ubicados en los estados Barinas, Mérida, Trujillo, Táchira y Zulia, en los cuales se le solicitaba una inicial a las personas para la adquisición de carros, sin luego dar respuesta a la solicitud.
Vale destacar que el monto de la estafa asciende aproximadamente a 5 millones de bolívares.
En este sentido, el citado día, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el mencionado Tribunal, aprehendieron al hombre en el estado Mérida.
Rangel Vitto fue trasladado al estado Táchira, debido a que la orden de aprehensión en su contra fue acordada en esa jurisdicción.
Es importante resaltar que este trabajo del Ministerio Público está enmarcado en el Plan contra el Fraude, Estafa y Usura, el cual se viene desarrollando desde el 16 de junio del 2009 y cuya finalidad es investigar casos vinculados con irregularidades que revistan carácter penal por parte de representantes del sector inmobiliario y de venta de vehículos.
