Afirmó directora de Protección de Derechos Fundamentales

Ministerio Público investiga casos de violaciones a los DDHH ocurridos entre 1958 y 1998

Credito: Ministerio Público

(Caracas, 07 de noviembre de 2012) El Ministerio Público profundiza en las investigaciones relacionadas con los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela entre 1958 hasta 1998, pues la búsqueda de la verdad y la justicia es un compromiso asumido con las víctimas y familiares que fueron afectados por una política represiva del Estado en ese período.

Así lo afirmó la directora de Protección de Derechos Fundamentales de la institución, María Mercedes Berthé, en el programa Contragolpe, transmitido por Venezolana de Televisión, en el cual indicó que se está trabajando para dar con los restos de los desaparecidos en esa época y poder entregarlos a sus parientes.

Asimismo, informó que se atendió en el Ministerio Público una representación del Frente Social de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados por motivos políticos en el período 1958-1998, el cual solicitó la constitución de la Comisión de la Justicia y la Verdad que investigará los delitos de lesa humanidad ocurridos durante los primeros 40 años de democracia.

Indicó que tal solicitud se basó en lo que establece la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998, conocida como Ley contra el Olvido.

En ese sentido, Berthé ratificó que aunque la comisión no está constituida el Ministerio Público no ha detenido las investigaciones en estos casos, pues ha dado respuestas constantes a las víctimas y familiares de estos hechos, cumpliendo con la disposición transitoria de dicha ley.

La directora de la institución explicó que dicha Comisión de la Verdad, está integrada por el Poder Moral Republicano (Ministerio Público y Defensoría del Pueblo), miembros del Ejecutivo Nacional (ministerios del Despacho de la Presidencia, Relaciones Interiores y Justicia, Relaciones Exteriores, Servicios Penitenciarios), así como representantes de la Asamblea Nacional y del citado Frente Social.

Manifestó que se informó al frente de familiares, que recientemente se imputó a José Antonio Omaña Hernández (74), exjefe de los Servicios de Inteligencia de la Fuerza Armada (SIFA) de la región capital, por su presunta vinculación con la desaparición del estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Noel Rodríguez Mata, ocurrida en junio de 1973.

Adicionalmente, se les dijo que contra Luis Posada Carriles existe una orden de aprehensión por presuntamente incurrir en los delitos de tortura, quebrantamiento de pactos internacionales, privación ilegítima de libertad y lesiones personales, en perjuicio de Brenda Hernández Esquivel y Marlene del Valle Esquivel, hecho ocurrido el 3 de junio de 1973, en Aragua, y que pasó a la historia como la Masacre de La Victoria.

Berthé recordó que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, constituyó una comisión dirigida por su persona; y conformada por fiscales adscritos a su dependencia, así como asesores y expertos de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones y de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, quienes fortalecen las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante 1958-1998.

Puntualizó que dicha comisión actualmente investiga más de 122 causas de violaciones a los derechos humanos, así como las masacres de Yumare, Cantaura y El Caracazo.

Respecto a la masacre de Yumare, ocurrida en el estado Yaracuy en mayo de 1986, Berthé expresó que existen 21 imputaciones, 12 órdenes de aprehensión, se presentaron dos acusaciones y se logró una condena por admisión de hechos.

Igualmente, en el caso de la masacre de Cantaura, ocurrida el 4 de octubre de 1982 en esa zona del estado Anzoátegui, se han realizado 19 exhumaciones, 21 inspecciones técnicas y más de 80 personas han sido entrevistadas por este hecho.

Mientras que en los sucesos del 27, 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo, existen nueve personas acusadas: Ítalo del Valle Alliegro; Freddy Maya Cardona; José Rafael León Orsoni; Luís Fuentes Serra; Jorge Antonio Jiménez; Pedro Miguel Blanco; Manuel Heinz Azpúrua; Virgilio Ávila Vivas y Pedro Colmenares.

Por otra parte, la directora de Protección de Derechos Fundamentales mencionó que el Ministerio Público introdujo tres recursos de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dos ellos fueron declarados con lugar, a fin de reabrir los casos de los desaparecidos: Víctor Ramón Soto Rojas, Nicolás Ezequiel Montes Beltrán, Felipe Malaver, Alejandro Tejero Cuenca y Fabricio Ojeda.

De igual manera, Berthé ratificó que hoy día el Estado venezolano es respetuoso de los derechos humanos, lo que permite que las instituciones estén articuladas para que en presencia de un hecho que constituya una violación de derechos fundamentales haya una respuesta efectiva.

Destacó que el Ministerio Público se tomará el tiempo necesario para que los actos conclusivos que se dicten sean serios y responsables.

Hizo un llamado a las víctimas y familiares del Frente Social para que tengan confianza en el Ministerio Público, pues se está trabajando en todas las causas y no se va doblegar la intención hasta que se obtengan resultados favorables para los afectados.

Finalmente, recordó que el Ministerio Público cuenta con una oficina en la sede de la institución ubicada en la esquina de Ferrenquín, parroquia Candelaria de Caracas, para atender a los familiares y víctimas de estos hechos, además de la línea telefónica 0800-V607080 (0800-860-70-80)

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