Panamá, julio 12  El gobierno de Panamá y un sindicato bananero convinieron anoche el aplazamiento de una polémica ley, que generó fuertes enfrentamientos entre policías y opositores con un saldo de dos muertos.

El presidencial Palacio de Las Garzas informó que el acuerdo fue firmado esta noche por el vicepresidente y canciller Juan Carlos Varela, quien estuvo acompañado de otros ministros, y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana).

El acuerdo incluye el aplazamiento, a través de la Asamblea Nacional, de la vigencia de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30, relativos a la eliminación de la obligatoriedad de los empleadores de descontar cuotas sindicales, uno de los factores que generaron las protestas.

La polémica normativa además incluye restricciones al derecho de huelga, flexibiliza normas ambientales y permite a los policías evitar la prisión preventiva en caso de cometer delitos en el ejercicio de sus cargos.

Cuatro mil 500 trabajadores de la Bocas Fruit Company iniciaron el 2 de julio un paro laboral indefinido en contra de la citada legislación para exigir su derogación, aunque entre el jueves y sábado se registraron enfrentamientos entre policías y obreros.

La suspensión de los artículos de la ley será hasta lograr un acuerdo en un diálogo nacional “que se implementará al más corto tiempo posible sobre esta ley, con un periodo de 90 días a partir de la firma del presente acuerdo”.

Los firmantes convinieron en “mantener un clima de paz y de entendimiento hacia el futuro” en Bocas del Toro, la occidental provincia panameña.

El gobierno también se comprometió a liberar a las decenas de detenidos, sin procesarlos, y a atender a los heridos, y a indemnizar a las familias de los dos fallecidos.

Antes del acuerdo, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció su negativa a derogar la polémica ley, pese al anuncio de una huelga nacional a partir del martes y de las protestas en Bocas del Toro.

“La ley no se va a derogar y se interpretará tal cual indica la normativa, porque no afecta los derechos laborales y sólo les da la opción a los trabajadores, entre otros puntos, a decidir si quieren pagar cuota sindical o no”, dijo Martinelli en rueda de prensa.

Centrales obreras convocaron a un paro nacional de 24 horas para el martes en medio de denuncias de persecución contra líderes populares y sindicales, entre ellos los dirigentes del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), Genaro López y Saúl Méndez.

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), al cual pertenece el Suntracs, anunció que López y Méndez, se encuentran en la clandestinidad desde este domingo debido a que pesan ordenes de detención en su contra.

La organización popular anunció que uno de los dirigentes del Suntracs detenido el sábado, Jaime Caballero, inició una huelga de hambre para exigir su liberación.

También inició un ayuno el dirigente popular y economista Juan Jované, luego de denunciar una intimidación por parte de agentes policiales, quienes llegaron a su casa el domingo, aunque se retiraron por la presión de sus compañeros.