Amnistía Internacional publicó hoy un documento de denuncia de violación de los derechos humanos en Colombia, titulado "Colombia – Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca".
El texto del documento es el siguiente:
A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido un factor fundamental para todos los agentes armados de Colombia –las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos armados de oposición–, todos los cuales mantienen una fuerte presencia en el departamento. Arauca ha atraído también la atención de Estados Unidos, que ayuda a financiar la protección militar del oleoducto de Caño Limón, un conducto que atraviesa el departamento y es en parte propiedad de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum.
A lo largo del último año, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha utilizado el departamento de Arauca, rico en petróleo y que hace frontera con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad, especialmente las relativas a las zonas especiales de seguridad, conocidas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación, establecidas por el gobierno en 2002.
Aunque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento de Arauca ya no está legalmente en funcionamiento, las fuerzas de seguridad han seguido atacando a la población civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesinos, sectores a los que el ejército acusa con frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto, durante los últimos años los grupos paramilitares han reforzado su control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo. La oposición armada ha respondido a las medidas de seguridad recientemente introducidas por el gobierno y a la presencia reforzada de los paramilitares intensificando sus intimidaciones y amenazas contra sectores de la población civil, especialmente contra las autoridades y funcionarios locales.
Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido para restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca no redujo la violencia y la inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y Arauquita. De hecho, en algunos municipios las violaciones del derecho a la vida aumentaron, al igual que las actividades de la guerrilla contra las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar invariablemente a un aumento de las bajas civiles. Durante el tiempo en que la Zona de Rehabilitación y Consolidación estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte incremento del número de detenciones arbitrarias y en masa, que afectó principalmente a los defensores de los derechos humanos, los dirigentes campesinos y los sindicalistas, muchos de los cuales habían sacado anteriormente a la luz violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. Los ataques contra estos grupos, a través de las detenciones arbitrarias y en masa, continúan imparables a pesar de que la Zona de Rehabilitación y Consolidación ya no está en funcionamiento.
Existe información fidedigna que indica que las fuerzas armadas del departamento están directamente implicadas en homicidios, torturas y "desapariciones". El ejército sigue además siendo instigado y secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido "limpiar" el departamento de toda presunta amenaza contra el oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas y homicidios contra defensores de los derechos humanos, activistas en favor de la paz, periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a quienes los paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la guerrilla. Los paramilitares también han tratado de mantener a la población civil bajo control creando un clima de temor mediante matanzas, "desapariciones" y tortura.
La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de América –el principal donante de ayuda militar a Colombia–, y las empresas extranjeras que actúan en el departamento tienen el deber de garantizar que sus fondos y sus actividades no contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos en Arauca. Sin embargo, unidades del ejército implicadas en violaciones de derechos humanos siguen recibiendo ayuda económica y logística de gobiernos de segundos países y de empresas extranjeras.
Este texto resume el documento titulado Colombia – Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca (Índice AI: AMR 23/004/2004), publicado por Amnistía Internacional el 20 de abril de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news. Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA
Este documento se encuentra en:
http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR230042004?Open&of=esl-COL
