28 Abril 2010 - Una búsqueda rápida en Internet demostrará que la palabra Caura está asociada con turismo, belleza, naturaleza virgen, conservación ambiental. En realidad, estaba. Porque desde la semana pasada, cuando el vicepresidente Ejecutivo, Elías Jaua, dio inicio al Plan Caura, esa zona del sur del país empezó a mostrar su cara menos conocida: la de una víctima más de la minería ilegal en Venezuela.
La penetración de mineros en la cuenca del río Caura (estado Bolívar) comenzó hace ocho meses, calcula el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher. Antes, se había concentrado en otros ríos, como el Cuyuni y el Caroní. La presencia de buscadores de oro y diamantes en el Caura es calificada por Hitcher, sin temor a exagerar, como un atentado contra la soberanía, ejecutado por empresas trasnacionales y sectores de la oligarquía criolla. El funcionario confirmó que los mineros se llevan oro, diamantes y coltán del Caura.
“Los equipos que se usan para sacar el oro son sumamente costosos. Una balsa para sacar oro puede costar 2 millones de bolívares”, puntualizó. “Hay inversiones de capital. Y es el capital trasnacional es el que coloca el oro en el mercado internacional” mediante pistas clandestinas.
El Plan Caura es una iniciativa del propio presidente Hugo Chávez, y que cuenta con el personal y los recursos necesarios, destacó Hitcher. Su propósito, en primer lugar, es detener la extracción de minerales en el sur del país, acabar con los equipos y cortar todos los suministros (control total, por parte del Estado, del suministro de combustible); pero también, iniciar la reconversión minera (que los mineros puedan ganarse la vida de otra manera) y remediar el daño causado por esta actividad depredadora. La operación gubernamental rescatará de la destrucción a todo el territorio ubicado en la margen derecha del río Orinoco; es decir, unos 480.000 kilómetros cuadrados ubicados en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
Más de 80 por ciento de los mineros ilegales son extranjeros, confirmó Hitcher. Vienen de Brasil, Colombia, Guyana y las islas del Caribe. “Los esclavizan, los ponen a extraer oro. Con ese oro, vendido ilegalmente, están haciendo dos cosas: robando al país, y deteriorando el ambiente y haciendo que se pierda agua y biodiversidad”.
El trabajo de los mineros provoca un gran impacto en los bosques. “Acaba con la vegetación, acaba con la capa vegetal, erosiona el suelo”, describe Hitcher. “Además, se usa mercurio”, que es un componente contaminante, para separar el material aurífero de otros. En la minería ilegal “tampoco hay seguridad para los seres humanos. Es la mínima inversión con la máxima ganancia”. Eso debe cambiar con la estatización de la actividad minera, y su circunscripción a las áreas definidas por el Ejecutivo Nacional.
AGUA PARA LOS PRÓXIMOS MIL AÑOS
Hitcher dice que la Revolución Bolivariana ha combatido la minería ilegal. Pero recalca que ahora, con el Plan Caura, “le llegó el fin a la minería ilegal en Venezuela”. Recordó la iniciativa de la reconversión minera en el año 2006, ejecutada por la entonces titular de Ambiente, Jacqueline Faría. “Tuvimos aciertos y errores”, admite.
A juicio del Ministro, este es el momento ideal para el Plan Caura, porque la población está sensibilizada con las repercusiones que tiene para el país -debido a la generación de energía- cualquier problema en el río Caroní. Cabe destacar que este curso de agua del color del té lleva sobre sus “hombros” la responsabilidad de garantizar 70% del consumo eléctrico nacional.
“Hoy día, 27 millones de venezolanos estamos conscientes de que en esa margen derecha del río Orinoco se le va la vida al país”, enfatiza. Cuencas como las de los ríos Ventuari, Caura, Caroní y Cuyuni albergan la mayor biodiversidad y cantidad de agua en el mundo “por kilómetro cuadrado de cuenca”.
Pero esta riqueza verde corre peligro. “Si usted quiere matar un río, erosione sus nacientes. Y eso es lo que están haciendo los mineros. Al erosionar los nacientes, se pierde la capa vegetal y aumenta el transporte de sedimentos”.
Por eso, lo primero es detener la actividad depredadora y aplicar las leyes (fase actual del Plan Caura). En las zonas atacadas por los mineros ilegales, el proceso de remediación comenzará con la creación de barreras o anillos, a fin de evitar que la desertificación se extienda y que los bosques sigan desapareciendo.
De cualquier manera, para no crear falsas expectativas, el funcionario advierte que la recuperación de los sectores afectados puede tardar un siglo o dos. “Ya se perdió la capa vegetal, hay que generar los pisos vegetales de nuevo”, subraya. “Debemos tratar de que la selva vuelva a las partes ahora desérticas”.
Como vocero del Ejecutivo Nacional, Alejandro Hitcher asegura que se respetan los derechos humanos de los mineros. Prueba de ello es la participación de fiscales del Ministerio Público, y de varios Ministerios, en la operación militar. Detalló que a los mineros capturados en la zona “se les dan 24 horas para abandonar el área, se destruyen los equipos y se les da la opción de acogerse al plan de reconversión minera, para que puedan ganarse la vida dignamente”. A quienes son aprehendidos en flagrancia se les aplica “todo el peso de la ley”. Si son de otra nacionalidad, se los deporta inmediatamente.
La corresponsal del Correo del Orinoco en el sur de Venezuela, Scarlet Soto, corroboró que hasta la fecha han sido desalojadas 2.126 personas. Han sido eliminados 21 campamentos de mineros ilegales.
El petróleo “es el recurso de los 200 años” para Venezuela, sentencia el ingeniero hidráulico. “Pero en esa margen derecha del Orinoco tenemos los recursos naturales para la Patria de los mil años”. Siempre y cuando la minería no los haga desaparecer.
EL ESTADO EXPLOTARÁ ORO SIN DAÑAR EL AMBIENTE
El Estado constituirá una empresa minera dedicada a la extracción aurífera, con el empleo de tecnología ecológica, ratificó el titular de Ambiente, Alejandro Hitcher. “Igual que hay una empresa, Petróleos de Venezuela, que es la única que aprovecha el petróleo en el país, habrá una empresa nacional que aprovechará el oro en el país”.
Hircher aclaró que la explotación se hará sólo en las zonas del río Cuyuni donde se ha desarrollado la minería, pero hay dos diferencias fundamentales con respecto a las prácticas anteriores: la actividad estará limitada al Gobierno Nacional, y se efectuará de manera sustentable (de forma subterránea). “Si un gramo de oro pone en riesgo un gramo de biodiversidad, privilegiaremos el gramo de biodiversidad”, prometió.