Esta oposición golpista, representada por Eddy Ramírez de Gente del Petróleo, Benjamín Scharisfker, Rector de la Universidad Simón Bolívar, que participó en el acto de grado en la Nunciatura Apostólica, del prófugo de la justicia venezolana, Nixon Moreno, enjuiciado por el delito de violación, entre otros, Gabriel Puerta, Bandera Roja, Oswaldo Álvarez Paz, COPEI y Henry Ramos Allup, AD y periodistas, “… que estaban allí como actores políticos y no como periodistas” como dijo el periodista Eleazar Díaz Rangel, estos actores políticos son la columna vertebral de las operaciones de guerra sicológica que se ejecutan diariamente a través de las empresas privadas de información, militantes de esa oposición y vinculados a la subversión fascista, implicados todos, en los actos del golpe de Estado de 2002, así como en el sabotaje y bloqueo naval de 2002, contra el Estado y la sociedad venezolana. Estos ciudadanos siguen gozando de impunidad, sin siquiera estar sometidos a investigación por los hechos antes mencionados, públicos y notorios.
Esta impunidad ha permitido a este grupo de choque, realizar los lamentables acontecimientos el día 13 de agosto. Estos se produjeron, por haber ejecutado una marcha sin permiso de la Alcaldía Libertador, hecho ocultado por parte de las empresas privadas de información, con el fin de desinformar a la ciudadanía e imponer una matriz de opinión donde se criminaliza a los medios comunitarios y alternativos, con el sólo propósito de continuar con la política de deslegitimación del Estado Bolivariano, haciendo llamados para el desconocimiento de la Ley Orgánica de Educación como continuación, en la calle, de la política de desestabilización desarrollada por parte de Globovisión, como empresa líder de la oposición golpista y demás medios audiovisuales e impresos que siguen su política.
Condenamos enérgicamente la criminalización y etiquetaje por parte de los medios de comunicación, de algunos de nuestros trabajadores, los cuales han encerrado en círculos, exponiéndoles a acciones criminales por parte de los militantes fascista de esa oposición, cuando es evidente y notorio por sus gráficas, que solo actuaban como mediadores y en función de comunicadores de los medios comunitarios y alternativos.
Así mimo exhortamos a la fiscalía que cite a los responsable de esa marcha ilegal, práctica que ya sufrimos con el golpe de Estado de 2002, cuando de manera ilícita marcharon de Chuao al Palacio de Miraflores con el objetivo de asaltarlo. Todos estos acontecimientos demuestran que la oposición continúa con la política de desestabilización, montada sobre el eje mediático, para instrumentalizar acciones contrarrevolucionarias que conduzcan a la construcción de un estado mental de angustia y terror en la ciudadanía. De continuar con esta impunidad la oposición intentarán mantener la ofensiva mediática para hacer aparecer a los Bolivarianos Revolucionarios, como los violentos y provocadores.
Al Compatriota Gabriel Uzcátegui, quien fue a denunciar las agresiones de que fue objeto por parte de este grupo fascista, lo dejaron detenido, sin siquiera haber citado a los miembros de la marcha ilegal, para el debido reconocimiento por parte de las autoridades.
Denunciamos públicamente a los medios privados por la incitación a delinquir a los venezolanos y venezolanas por su llamado a desconocer las leyes legalmente promulgadas por la Asamblea Nacional.
Ciudadana:
LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de las República Bolivariana de Venezuela
Su Despacho.-
En horas de despacho del día de hoy, quince (15) de agosto de 2009, comparece por ante la Fiscalía General de la República, el ciudadano ULISES ERNESTO CASTRO MARTINEZ, titular de la cédula de identidad Nº 10.809.918, a los fines de exponer lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, denuncio el delito perpetrado por los dueños de los medios de comunicación Globovisión y de Radio Caracas Internacional, por instigar a delinquir a las venezolanas y venezolanas simpatizantes de la oposición, por cuanto hicieron el llamado para salir a marchar en contra del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, aún cuando su manifestación no había sido permisada, por cuanto no solicitaron el permiso correspondiente para la misma por la autoridad competente, ciudadano JORGE RODRIGUEZ, Alcalde del Municipio Libertador; desconociendo esta orden, ya que interceptaron la marcha de los que apoyamos el proyecto de Ley Orgánica de Educación, con premeditación y alevosía, esto para obtener sus objetivos que no son otros que incitar al odio, a la desobediencia de las leyes, a desestabilizar la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanos venezolanos, y al desconocimiento de las instituciones y derechos humanos como lo es , el derecho a la educación, lo cual constituye el delito tipificado en el Código Penal venezolano, en sus artículos 284 y 286 eiusdem.
La conducta incriminada comprende una instigación pública, por cuanto se empleo una vez más a los medios de comunicación para el llamado a violentar el ordenamiento jurídico venezolano, no sólo en cuanto a la perisología necesaria para marchar, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 53 y 68, los cuales consagran:
“Artículo 53: … Las reuniones en lugares públicos se regirán por la Ley”.
“Artículo 68: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley...”;
En concordancia con los artículos antes señalados, igualmente se violo la normativa prevista en el artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones, el cual reza:
“Artículo 36: Todos los habitantes de la República tienen derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes”.
Este hecho abanderado por los dueños de los medios de comunicación antes señalados, fueron capaces de establecer información simultánea o sucesiva con un número más o menos apreciable de personas, utilizando la prensa escrita, hablada y televisada. Con esta incitación se logro que los simpatizantes de la oposición cometieran diversas infracciones no sólo a un llamado a una marcha no autorizada por la autoridad competente, sino ocasionando la desestabilización de una marcha auspiciada por los venezolanos y venezolanas que apoyamos el proyecto de Ley Orgánica de Educación, debidamente permisada, es por lo que denunciamos a estos dueños de medios de comunicación, por ser los autores intelectuales de este delito. Este es un delito que fue consumado, siendo su prueba pública y notoria, al observar en estos medios televisivos, en la prensa y radio opositora, el llamado a la desestabilización, cuyo objetivo era crear caos, para que no fuera aprobada el proyecto de Ley Orgánica de Educación, que se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional. Por ello, la policía tuvo que intervenir para disuadir los hechos de violencia que fueron notorios y públicos de los desestabilizadores, los cuales fueron disuadidos por la Policía Metropolitana, lo que trajo como consecuencia que los opositores que se dejaron influenciar por estos medios de comunicación, procedieran a la tranca de calles de Caracas, como la Hoyada, las adyacencia a la avenida Universidad, avenida Baralt, avenida Urdaneta, trancando además el acceso al Palacio de Miraflores, aunado además, a que se arremetió con objetos contundentes contra funcionarios policiales y a los manifestantes pacíficos que apoyamos este Proyecto de Ley, e incluso se empleo bombas lacrimógenas, lo cual fue aseverado por el Comandante de la Policía Metropolitana, ocasionando un saldo de heridos en la marcha que si había sido autorizada.
La marcha pacifica de venezolanas y venezolanos que apoyamos el proyecto de Ley Orgánica de Educación, fue saboteada en la ruta permisaza por las autoridades competentes y su elemento esencial fue la publicidad anterior y posterior a la marcha, haciendo un llamado constante para el desconocimiento del proyecto de Ley Orgánica de Educación, elemento este que torna punible el acto de instigación, como lo acontecido en el presente caso. Estos hechos transgredieron el derecho a la tranquilidad pública, que tenemos todos como venezolanos.
Por todos los argumentos antes expuestos, solicitamos la aplicación de la pena máxima para sancionar a los autores intelectuales de estos delitos, Guillermo Zuloaga, Marcel Granier y los dueños de la prensa que estén implicado en este hecho delictivo, solicitando además la investigación penal pertinente, por cuanto la prensa escrita incita al odio en contra de comunicadores comunitarios, por cuanto le enmarca sus rostros, lo que incita a su persecución física y psicológica, al odio y escarnio público de estos comunicadores comunitarios, lo que se evidencia cuando Radio Caracas Internacional y Globovisión, en varios programas y noticias emiten fotos con rostros enmarcados de dichos comunicadores comunitarios.
En Caracas, a la fecha de su presentación.