Los imputados abandonaron el país tras desobedecer nueve citaciones expedidas por la administración de justicia para una audiencia preliminar por presuntas violaciones de la trasnacional estadounidense al ordenamiento jurídico venezolano.

10 de noviembre de 2003, (ANPA - Agencia de Noticias del Pueblo).- Los abogados de los ahora prófugos recusaron al juez destituido- abogado Leonel Galindo-, pero la Sala número 2 de la Corte de Apelaciones del estado Zulia, no admitió la solicitud y consideró ajustada a derecho la medida dictada por el magistrado saliente

El juez Leonel Galindo, quien expidió en Maracaibo una orden de localización y aprehensión contra Michael Nylin, Hugo Miguel Weiland, y Luis Enrique Mejía, presidente, vicepresidente y gerente de Recursos Humanos, respectivamente, de la General Motors de Venezuela,-por “incomparecencia reiterada, manifiesta y contumaz ante la jurisdicción venezolana-”fue excluido por el Tribunal Supremo de Justicia de la nómina de magistrados suplentes del circuito penal del estado Zulia.

La medida es atribuida por observadores judiciales locales al presidente del máximo tribunal de la república, magistrado Iván Rincón Urdaneta.

El centro de esta historia es un debate judicial iniciado hace tres años entre la multinacional norteamericana y las empresas venezolanas Automotriz Latino y Central Mercantil, ambas establecidas en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, cuyos representantes, entre ellos, el empresario de origen árabe, Kaled Kansao Richam, interpusieron por ante el Tribunal Supremo de Justicia, demanda de recurso de amparo porque la GMV, prevalecida de un supuesto poder monopólico, suspendió unilateralmente a las dos firmas locales el contrato de franquicias, violando con ello, de acuerdo con lo alegado por los accionantes, la garantía constitucional que consagra la libertad de comercio.

El máximo tribunal de la República declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada por la parte recurrente y ordenó a la General Motors reiniciar el suministro de los productos y mercancías requeridas por las empresas demandantes.

Sin embargo, según documentos que reposan en los tribunales y la Fiscalía, la General Motors se ha negado, “sin fundamento legal sustentable” a dar cumplimiento al mandato del TSJ.

Ante esta actitud de la trasnacional, los representantes de las dos empresas automotrices venezolanas solicitaron por ante la Fiscalía General de la República, averiguación penal por el delito de desacato a la autoridad judicial venezolana previsto y sancionado en el Artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales.

Producto del tal pedimento, el Fiscal Nacional con competencia en las áreas de banca y finanzas, José Benigno Rojas, inició la investigación policial correspondiente e interpuso acusación penal, la cual fue asumida inicialmente por el Juzgado 11 del Zulia, a cargo de Alis Salas, quien citó a las partes, pero la representación de la GMV nunca asistió.

Posteriormente, los apoderados de Automotriz Latino y Central Mercantil -ambas compañías anónimas- recusaron a la juez de la causa, quien suspendió en siete oportunidades la celebración de la audiencia preliminar ordenada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

Dicho acto nunca se produjo en ese tribunal y el expediente de la causa por vía de redistribución fue enviado al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal con funciones de Control, a cargo de la abogada Matilde Franco Urdaneta, quien tomó sus vacaciones legales inherentes al año 2002-2003 el día jueves 18 de septiembre de 2003.

Para ese mismo día jueves 18 de septiembre de 2003, estaba convocada- por octava vez- la celebración de la audiencia preliminar, la cual fue nuevamente diferida por inasistencia de los representantes de la General Motors.

El abogado Leonel Galindo, en su condición de Juez Suplente Especial, fue designado para cubrir la ausencia temporal de la titular Matilde Franco Urdaneta y al asumir el despacho convocó de nuevo para que la audiencia preliminar se efectuara el martes 22 de septiembre de 2003, fecha en que tampoco acudieron los representantes de General Motors. Ese día, el fiscal undécimo del Ministerio Público, Carlos Javier Chourio, comisionado por la Fiscalía para atender la causa en el Zulia, solicitó ante el mencionado juez suplente iniciar proceso por desacato a la administración de justicia de Venezuela, a los ejecutivos de la compañía,. El estadounidense, Michael Nylin, el argentino Hugo Miguel Weiland y el venezolano Luis Enrique Mejía, gerente de Recursos Humanos.

El fiscal Undécimo del Ministerio Público accionó esta solicitud en virtud de que la defensa de la empresa GMV, representada por los abogados Jesús Vergara Peña, Ricardo Ramones Noriega y Laline Rivera de Vergara­­­-­ esta última, ex magistrada de la Corte de Apelaciones del Zulia­- manifestaron que sus representados no iban a comparecer al acto por cuanto se encontraban fuera del país y ellos no confiaban en la justicia venezolana.

En consecuencia, el Juez Especial Suplente, previo estudio y análisis del escrito de la Fiscalía y tras verificar “la infinidad de las suspensiones de las audiencias y el estado de contumacia de los imputados en autos”, ordenó a las autoridades civiles y militares venezolanas – igualmente dio aviso a la INTERPOL- la localización o aprehensión de los imputados para que comparecieran a la audiencia preliminar.

El juez Galindo dijo haber dejado claro que la orden era de localización, mas no de privación preventiva judicial de libertad, por no existir en autos suficientes elementos para que se produjera esa medida.

La defensa de los gerentes de la GMV recusó al juez Galindo con el señalamiento, según el cual, éste actuó con “parcialidad y falta de objetividad”.

Instaurada la acción para excepcionar al juez Galindo, el expediente de los gerentes de la GMV fue remitido- por redistribución- a la juez Cuarto de Control, Isabel Hernández.

Copias del expediente y de la recusación fueron enviadas a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal- Sala 2- donde declararon sin lugar dicha acción en contra del magistrado de la causa- Leonel Galindo- y ordenaron imponer multa económica a los abogados de GMV.

El dictamen de la Corte de Apelaciones expresa que la decisión de localización y aprehensión en contra de los directivos de GM se encuentra ajustada a derecho por cuanto la misma cumple con todos los requisitos procedimentales.

El juzgador, según el fallo de la Corte de Apelaciones, dictó la orden de localización como un trámite para asegurar la presencia de los imputados ante el juez competente a fin de ser escuchados. Concluido este acto, correspondería al magistrado determinar si procede el decreto de medida de privación o bien el decreto de medida cautelar sustitutiva. Finalmente esta Sala, como órgano colegiado, ordenó al recusante acatar la orden del juez de la causa.

Cedieron a presiones de Estados Unidos

A pesar de que la Sala 2 de la Corte de Apelaciones declaró ajustada a derecho la orden de localizar a los tres directivos de la General Motors para conducirlos ante el juez de la causa, emitida por el magistrado Galindo, su designación como suplente especial de los juzgados de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Zulia, fue dejada sin efecto por el Tribunal Supremo de Justicia.

Allegados a la oficina del jurista atribuyen tal medida a presiones del gobierno estadounidense e informaron que la exclusión por el TSJ fue ejecutada sin notificación previa, situación que privó al funcionario judicial derecho a la defensa y al debido proceso.


Infieren que la orden –oficio número TPE-03-17-79- surgió después de una reunión celebrada en Caracas entre el embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Iván Rincón.

Sólo la acción soberana del pueblo es libertad