26 de septiembre de 2007. - Así lo afirmó el diputado miembro de la comisión de Finanzas de la AN, Raffic Souki, quien agregó que existe la necesidad de abrir una investigación a quienes desviaron el uso de dólares aprobados por Cadivi para propósitos distintos.
El pasado martes Cadivi anunció que entre ocho y diez mil personas deberán probar en qué gastaron los cupos de sus dólares por tarjeta de crédito.
Souki dijo que la subcomisión encargada de estudiar la reforma de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios debe asumir el caso con el inicio de pesquisas y llamar a los órganos del Estado para que expliquen la realidad de la información.
“Que demuestren su salida y entrada al país, que realmente usaron las divisas y que no hubo compras simuladas. Hay gente que se está dedicando a comprar los cupos”, expresó.
Por su parte, la diputada Hiroshima Bravo, exhortó a los venezolanos que han usado su cupo de divisas a tener una conducta disciplinada y acorde con las normas.
La diputada prevé discutir con otras instancias gubernamentales la forma de encontrar soluciones en la ley, “no obstante, éstas son funciones de Cadivi”, dijo.
Desde la Asamblea Nacional cumpliremos alianzas y compromisos para fortalecerlo”, aseguró Bravo.
Revisión
Para Souki, en el asunto también se involucró la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Arauco), entre cuyos miembros directivos no hay unanimidad sobre la forma como abordar el problema.
Souki dijo que “quienes abogan porque se permita el fraude cambiariose le hace un flaco favor a los usuarios.
El ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, aseguró, por medio de una nota de su despacho, que solicitarán al TSJ que desestime la acción intentada por Anauco.
“Aquellos que hayan actuado apegados a la ley no tienen nada que temer, no se trata de meterse en la vida privada de ningún venezolano, sino de adelantar un procedimiento para detener un ilícito cambiario, el Estado no puede permanecer inerte ante un comportamiento irregular”, dijo.
Sanciones
La Ley de Ilícitos cambiarios dictamina que “quienes hayan destinado divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron la solicitud serán sancionados con la imposición de tres a siete años de prisión y una multa del doble del equivalente en bolívares del monto de la operación cambiaria”.
Sin embargo, Blagdimir Labrador, miembro del equipo del ministerio de Finanzas, aseguró que por los momentos no se estiman sanciones tan severas.
“La mayoría de los casos que están siendo remitidos al departamento de fiscalización del ministerio obedecen a sanciones netamente administrativas”, comunicó.
Mientras que el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Guillermo Ortega, afirmó que antes de imponer cualquier sanción se debe determinar el carácter de la falta.
Ortega señaló que en el caso de que se sospeche que alguna institución financiera ha incurrido como promotor de este tipo de delito tanto Cadivi como la Sudeban deberían ver el tema desde otra óptica.
