Impacto de las políticas de ajuste estructural en América Latina

En la década de los 80 América Latina sufría una recomposición en los órdenes internos tanto social como económico, Centroamérica, por ejemplo, apenas salía de un proceso de guerra y revoluciones; otros países en Sudamérica y México presentaban un estancamiento de sus economías y se acentuaba la crisis por el endeudamiento externo lo que frenaba el desarrollo social de las naciones y reflejaba una “crisis estructural de acumulación, un fracaso del modelo agro exportador, y también del Estado intervensionista neokeynesiano y crisis del capitalismo dependiente periférico.”

Todo ello dio pié a la aplicación de Políticas de Ajuste Estructural dictadas desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), conformadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y posteriormente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los Bancos Regionales, pero fueron básicamente los dos primeros organismos los que “obligaron” por medio de préstamos a imponer una serie de reformas que supuestamente permitirían a los Estados de América Latina salir de la crisis en que se encontraban.

Era evidente que los países latinoamericanos requerían urgentemente de políticas que permitieran reactivar la economía y el aspecto social, sin embargo la forma en que se dictó por medio de las Instituciones Financieras Internacionales (a través de fondos de estabilización, préstamos “condicionados” para reactivar a los sectores y la promesa de la renegociación de la deuda externa) no fue la adecuada.

El ajuste fue muy similar para todos los países y también se caracterizó por imponer una drástica disminución en el papel de Estado y pugnar por una mayor participación del sector privado, las políticas fiscales apuntaban a una reducción del presupuesto público impactando con ello en programas de gasto social como: salud, vivienda y educación, asimismo con la privatización de empresas paraestatales se dejó sin empleo a miles de empleados públicos, se inició una política paulatina de reducción de subsidios a sectores claves como la agricultura, al tiempo que se modificaba el marco legal para favorecer la liberalización comercial y de las inversiones. Las diversas políticas de ajuste deterioraron considerablemente los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población de nuestra región, principalmente porque fueron medidas económicas con un impacto regresivo en materia social.

En pocas palabras América Latina entró al proceso de globalización económica a través de las políticas (económicas, monetarias, fiscales, comerciales) aplicadas por gobiernos tecnócratas de corte neoliberal, quienes relegaron la política social a un segundo plano o a lo sumo la subordinaron a la política económica, empleándola para compensar posteriormente algunos de los impactos negativos de las políticas de ajuste, y que constituyeron, precisamente la segunda generación de estas políticas dictadas por la Banca Multilateral.

A principios de los 90 muchos gobiernos de la región, incluido el de México, asumieron y promovieron la idea neoliberal de que el libre comercio sería motor de crecimiento económico y éste por sí mismo generaría desarrollo. Ese fue el mensaje principal de la propaganda a favor de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN / NAFTA) que promovió el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en México.

Como muchos de ustedes saben, no es casual que el mismo día de la entrada en vigor de este tratado comercial, 1 de enero de 1994, hiciera su primera aparición pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, cuyas 11 demandas principales apelaban a la falta de acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y daban a México y al mundo un claro mensaje de cuestionamiento del modelo económico depredador que hacía falsas promesas de desarrollo. Diez años de TLCAN en México han corroborado la falsedad del modelo neoliberal de libre comercio igual a crecimiento económico igual a desarrollo.

En realidad, como lo señala la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986), “el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.” (preámbulo) Asimismo, “el desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él” (artículo 1)



También es importante mencionar que en materia de modelo de desarrollo, la Declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina y el Caribe, suscrita por diversas organizaciones y redes de la región en julio de 1998, exige a los Estados “que adopten un modelo de desarrollo centrado en la persona humana, en el que el desarrollo se mida por el nivel de disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población y no sólo por el crecimiento económico.” (párrafo 56)

Cambios en la cooperación internacional

Por otra parte, la cooperación internacional también inició un proceso de transformación y sus objetivos han venido cambiando desde entonces a partir del fortalecimiento de los procesos de integración económica, traducidos en acuerdos que han puesto el énfasis en las inversiones y en el libre comercio. Por ejemplo, hoy en día los ejes prioritarios de la cooperación de la Unión Europea en América Latina se expresan de la siguiente manera:

En Centroamérica son: la modernización de las instituciones públicas, consolidación del Estado de derecho, políticas sociales, y la integración al mercado global. Para la Comunidad Andina son dos aspectos importantes que la Unión Europea promueve: el apoyo a la reforma institucional y la lucha contra las drogas. Y en lo que se refiere al Mercosur, México y Chile las prioridades son en el orden económico y comercial.

Parte de este cambio obedece a una lógica de las grandes potencias por las disputas de los mercados, y bajo el precepto de que también es necesario reducir al mínimo la participación del estado y priorizar el libre mercado como eje rector del desarrollo dejando de lado el impulso del desarrollo sustentable que en un principió caracterizó a la cooperación.

Hemos visto dos aspectos fundamentales que han determinado el nuevo orden mundial, por un lado la adopción en América Latina de las políticas de ajuste estructural y el nuevo sentido de la cooperación, ambos tienen mucha relación y coinciden en definir los pasos que deben seguir los gobiernos de las naciones para ser parte de la globalización y que marcan además las reglas de acción para una colectividad mundial.





Tratados comerciales y procesos de integración económica en la región

Se vive entonces un proceso de integración ya sea bilateral o regional a través de acuerdos o tratados comerciales que en la década de los 90 han proliferado, y que obedecen a un patrón dictado desde las instituciones financieras internacionales (IFI’s) así como de la propia Organización Mundial de Comercio (OMC). A través de éstos se consolidan las zonas comerciales entre distintos países y se busca la comercialización internacional de sectores como servicios financieros, transporte, compras gubernamentales, agrícola, energéticos, servicios culturales y profesionales, así como la apertura indiscriminada a la inversión extranjera directa e indirecta (capital especulativo). Todo ello regulado por medio de normas sujetas al marco normativo multilateral de la OMC.

No hay que olvidar también que la mayoría de los TLC en el continente se han basado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN / NAFTA) y tienen casi los mismos objetivos :

• Reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre sus naciones
• Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y ampliar la cooperación internacional
• Reducir las distorsiones en el comercio
• Establecer reglas claras y de beneficio para su intercambio comercial
• Promover el desarrollo sostenible, entre otros.

Pero esto es sólo retórica, lo cierto es que a pesar de la proliferación de los Tratados Comerciales en América Latina, no se ha logrado ninguno de los supuestos anteriores, por el contrario, existe un severo déficit en la balanza comercial de diversos países del continente, los sectores de exportación no han logrado vincularse con sectores de producción local que impulsen otras áreas de la industria nacional, tampoco ha aumentado significativamente el empleo y el que se ha generado en muchas ocasiones es precario, los salarios han perdido su poder adquisitivo, etc.

Esto refleja que los tratados no han sido garantía para impulsar el desarrollo ni el crecimiento económico y parte de ello se debe a las malas negociaciones que los países en desarrollo han hecho, no hubo un análisis a fondo sobre los sectores que se podían abrir a la competencia externa ni un fortalecimiento de la industria nacional, se olvidó la necesidad de reducir asimetrías y mejorar las condiciones de competitividad para el mercado global.

Sólo así las economías nacionales hubieran logrado una incorporación al sistema global con ventajas que repercutieran de manera positiva en la calidad de vida de los pueblos. No se consideró tampoco antes de cada negociación comercial puntos fundamentales como impulsar la creación de sectores productivos especializados; mantener niveles elevados y sostenidos de inversión en proyectos que mejoren la infraestructura nacional; definición de una política arancelaria que proteja los productos nacionales más sensibles; así como fortalecer las legislaciones locales para evitar prácticas desleales de comercio y garantizar que las empresas estuvieran en condiciones de igualdad para competir en los mercados internacionales, la integración de cadenas productivas, entre otros.

La rapidez con que América Latina se sumó a la apertura comercial sin tomar en cuenta los aspectos antes mencionados derivó en un impacto negativo en la creación de nuevos empleos, los micro, pequeños y medianos sectores de la industria nacional no tuvieron tiempo de prepararse ante la competencia externa provocando la quiebra de miles de empresas. Los Estados lejos de responder con políticas públicas de reactivación iniciaron un proceso de reducción de sus capacidades y funciones.

Todo ello ha tenido una repercusión en las condiciones de vida de amplios sectores de la población de América Latina, principalmente afectando sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), como veremos más adelante.


Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Antes de caracterizar algunos de los impactos de las políticas de ajuste estructural, incluida la apertura comercial, en los DESCA, conviene recordar que estos derechos humanos son los que posibilitan a la persona y a su familia a gozar de un nivel de vida adecuado, y como todos los derechos humanos los tenemos todas las personas en virtud de nuestra dignidad inherente, son universales, indivisibles, inalienables e interdependientes.

Los DESCA están consagrados principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Tomando como base el PIDESC, los DESCA son:

Derecho a la libre determinación (artículo 1)
Derecho al trabajo (artículo 6)
Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (artículo 7)
Derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, libertad sindical y huelga (artículo 8)
Derecho a la seguridad social (artículo 9)
Derecho a la protección y asistencia a la familia (artículo 10)
Derecho a la alimentación (artículo 11)
Derecho a la vivienda (artículo 11 párrafo 1)
Derecho a la salud y derecho a un medio ambiente sano (artículo 12)
Derecho a la educación (artículos 13 y 14)
Derechos culturales (artículo 15)


Para poder hablar de impactos negativos de los tratados de libre comercio y de otras medidas económicas en materia de DESCA es muy importante que tengamos presente el marco de las obligaciones generales y específicas de los Estados en la materia.

Recordemos que las obligaciones generales del Estado en materia de todos los derechos humanos (incluidos los DESCA) son: respetar, proteger, promover y garantizar.

Asimismo, las obligaciones específicas del Estado en materia de DESCA, de acuerdo con el artículo 2 del PIDESC y la Observación general N° 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son:

a) adoptar todas las medidas apropiadas (Legislativas, administrativas, financieras, sociales, educativas y judiciales)
b) hasta el máximo de los recursos de que dispongan –incluyendo la cooperación internacional- lo que significa realizar todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas en DESC (asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos)
c) lograr progresivamente los derechos, lo que significa demostrar avances y resultados de las medidas que se adoptan; limita al Estado en la adopción de medidas regresivas; la progresividad bajo ninguna circunstancia justifica la falta de acción expedita, constante y eficaz del Estado
d) garantizar el ejercicio de los DESC a todas las personas que vivan dentro de la jurisdicción del Estado sin discriminación de ningún tipo. El Estado se compromete a abolir inmediatamente cualquier acto legislativo, reglamentación y práctica que afecten el acceso y disfrute de los derechos, y atender lo ante posible la falta de recursos legales.


Libre Comercio y obligaciones del Estado en DESCA

En materia comercial, es muy importante apelar a la obligación general del Estado no sólo de respetar, promover y garantizar los DESCA, sino particularmente a la obligación de proteger estos derechos, que implica que los Estados supervisen y garanticen que la acción de terceros actores no estatales (como las empresas nacionales y extranjeras) sea respetuosa de los derechos humanos y, en caso contrario, provean mecanismos para su defensa.

La Declaración de Quito señala que “los DESC están directamente relacionados con los tratados internacionales de comercio y finanzas que vienen adoptándose en el marco del actual proceso de globalización, de modo que su respeto, protección y promoción deben considerarse como elementos para ser considerados en tales acuerdos.” (párrafo 18) Asimismo, “los Estados tienen la primordial obligación de respetar, proteger y promover los DESC frente a la comunidad internacional y frente a sus pueblos. No obstante, otros actores tienen el deber de respetar tales derechos y ser responsables frente a ellos. Por esta razón, tanto la sociedad civil, como la comunidad internacional y los Estados, frente a violaciones por acción u omisión perpetradas por actores como las empresas multinacionales y/o los organismos multilaterales, deben adoptar individualmente o mediante la cooperación internacional, medidas efectivas para prevenir, repeler o sancionar las violaciones a esos derechos en cualquier parte.” (párrafo 17)


Tratados de Libre Comercio y DESC

Es evidente que en la última década se ha acentuado un proceso de mercantilización no sólo de bienes sino también de servicios, incluidos los básicos, directamente relacionados con el acceso y disfrute de los DESC. Existe una tendencia por los gobiernos latinoamericanos de privatizar los servicios esenciales que garanticen un nivel de vida digna para los ciudadanos, y de reducir el gasto social, si tomamos en cuenta la creciente desigualdad y marginación de grupos vulnerables se frena el acceso a la salud, educación y vivienda, derechos esenciales para una vida digna. Por lo tanto nos preguntamos dónde queda el papel del Estado de velar por el bienestar de la población. No hay garantías por parte de éste para hacer plenamente realizables los DESC y es obvio que las leyes del mercado no lo harán.

Con la implementación de los acuerdos comerciales se ha demostrado que en América Latina, lejos de haber un repunte en sus economías, la brecha entre pobres y ricos se ha agrandado en donde los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los pueblos se han ido deteriorando paulatinamente, la creciente pobreza, desigualdad y marginación lo refleja y esto trae consigo otros problemas, por ejemplo, los asentamientos urbanos en condiciones deplorables, sin servicios básicos de subsistencia como agua y energía que hace imposible el desarrollo pleno de las personas.

“Las condiciones que se han aceptado en acuerdos y convenios con los organismos financieros internacionales y en los acuerdos y tratados de libre comercio, con frecuencia de manera acelerada, poco participativa y transparente, acotan los márgenes de actuación del gobierno para una definición autónoma de política económica y social y subordinan las políticas y programas sociales a acuerdos económicos de libre mercado.”

¿Qué ha pasado con los DESCA después de vivir en América Latina más de 20 años una política de desmantelamiento del Estado, de eliminación de subsidios, de mayor endeudamiento, de la apertura al mercado externo, de la caída de la industria nacional, de la crisis agropecuaria, y de la implementación del Tratados Comerciales? Veamos:


Seguridad social

El derecho a la seguridad social que implica una serie de medidas de protección para la población en general, sin estar sujetas exclusivamente al trabajo formal (como la atención médica, los seguros de desempleo, las pensiones, guarderías, y otras medidas de apoyo a adultos mayores, personas con necesidades especiales, personas que padecen enfermedades o que se encuentran en situación de ingresos insuficientes) se ha visto seriamente afectado.

El objetivo en la última década ha sido reducir los costos de los sistemas de seguridad social y una clara tendencia por “flexibilizar la regulación y fomentar las inversiones privadas en la prestación de los servicios que en apariencia representa una actividad de gran atractivo económico.”

El argumento que se utiliza es la inviabilidad por parte del Estado para seguir manteniendo a estos sectores y que es necesaria la participación del capital privado para subsanar los rezagos que en materia de educación, salud y vivienda existen.

En México por ejemplo: el paulatino y silencioso proceso de privatización de los servicios de salud está basado en las reformas estructurales dictadas por las Instituciones Financieras Internacionales. Las modalidades de esta privatización son: el pago por el servicio público; 2)la subrogación de los servicios auxiliares; 3) formas gerenciales de administración y financiamiento; y 4) venta de activos o de servicios.

De éstas, la modalidad más importante en nuestro país es la atención médica amparada por seguros privados cuyo objetivo central es resolver los problemas de salud de la manera más radical: “solución individualizada”, ofreciendo a la iniciativa privada un mercado “rentable y garantizado” mientras se descapitaliza y, por ende, deteriora el sistema de seguridad social en nuestro país. Y ese esquema de apelar a soluciones individualizadas y con base en el poder adquisitivo de las personas se ha ido extendiendo también a los ámbitos de la educación y la vivienda.

Y de hecho así ha funcionado en algunos de los Tratados en AL, pues permiten la inversión al 100 por ciento en servicios de salud, educación y vivienda: aquí se incluyen aseguradoras, laboratorios, clínicas, escuelas privadas con programas que no se apegan a las legislaciones nacionales, no reguladas; empresas constructoras que operan bajo esquemas de financiamientos para vivienda sumamente altos y poco accesibles para la población en general.

Si bien es cierto que en el caso México a raíz de la entrada en vigor del TLCAN los servicios básicos no han sido completamente privatizados, si hay una política gradual de apertura y en la medida que el Estado ha reducido su participación en políticas sociales, estos sectores empiezan a ser atractivos al mercado y por ende poco accesibles para la población, las demandas de vivienda, educación y de salud van en aumento lo que evidencia una ausencia de promoción y protección de estos derechos por parte de los Estados, quienes son los principales responsables de velar por su realización progresiva para alcanzar niveles de vida adecuados.


Seguridad Alimentaria

La política de apertura se aplica también para el sector agrícola, aquí los tratados comerciales acompañados de políticas por parte de los Estados de reducir los subsidios nacionales y privilegiar las importaciones han tenido serios impactos, agudizando la crisis del campo y afectando una serie de derechos fundamentales: desde la libre determinación de los pueblos en el sentido de “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y en ningún caso poder privar a un pueblo de sus propios medios de subsistencia” (artículo 1 del PIDESC) hasta el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y protegido, etc.

En el caso de México, como lo han documentado organizaciones civiles: “la política alimentaria ha dejado de basarse en programas dirigidos a la producción, abasto o protección del acceso a la alimentación adecuada, para convertirse en política de lucha contra la pobreza, como paliativo a la crisis del campo. Las graves omisiones por parte del gobierno por un lado, en el sentido de combatir las causas estructurales de la pobreza, y por otro, de una falta de perspectiva de derechos humanos en las acciones gubernamentales, han coexistido profundamente en este modelo económico basado en el libre mercado que aumenta la producción con menos insumos, la privatización de los recursos naturales y su gestión a través del mercado, además de la agudización de la falta de acceso a la tierra, al agua, a los recursos y medios productivos por parte de los campesinos indígenas”.

En ese sentido El Comité DESC de Naciones Unidas (8) señala con preocupación la situación económica, social y cultural de muchos grupos indígenas que sufren las difíciles condiciones creadas por la situación económica y el desequilibrio de riqueza en el país. Señala las dificultades que atraviesan estos grupos para conservar su cultura y enseñar su idioma. También observa que, si bien el Gobierno publica y distribuye gratuitamente libros de texto en 25 idiomas, los programas generales del Gobierno dedicados a estos grupos siguen siendo insuficientes.

La grave crisis en el campo se ha traducido en una pérdida de la soberanía alimentaria repercutiendo en el derecho a una alimentación adecuada, asimismo ha expulsado a millones de campesinos a las ciudades ocasionando desempleo, migración hacia otros países, la tierra ya no es considerada como un asunto de seguridad nacional y se orienta a “la política agraria bajo criterios de rentabilidad y competitividad...” El nivel de pobreza alcanzado en América Latina impide además contar con recursos por parte de la población para acceder a una alimentación adecuada, a mayor pobreza, mayor desnutrición y esto afecta principalmente a las mujeres y a los niños.


Desempleo, pobreza y desigualdad social

Los tratados comerciales no ha logrado reducir los índices de desempleo, la Inversión Extranjera Directa que llega se caracteriza por ser multinacionales dedicadas a la maquila de electrónica o textil, si bien es cierto que son fuente de empleos, éstos son bajo condiciones deplorables, sin prestaciones, con jornadas laborales por encima de los horarios legalmente establecidos, sin contratos laborales fijos, sin derecho a una negociación colectiva, prohibiendo a los individuos tener derecho a condiciones satisfactorias de trabajo, privándolos de sus derechos adquiridos en su historia laboral, y sin salarios justos, son considerados empleos de mano de obra barata.

Las mujeres son las que más han perdido en este nuevo esquema laboral, gran parte de los trabajadores que conforman el sector maquila son mujeres, a decir de muchos jefes se debe a que soportan el trato y las condiciones que les imponen las trasnacionales debido a la necesidad de mantener sus hogares. Se ha observado también un aumento en las actividades informales esto incrementa la demanda laboral provocado por la pauperización en los hogares.

Es clara la tendencia que predomina en AL, desempleo y subempleo masivos y la creciente migración hacia otros países, en ese sentido cabe destacar y cito “pobreza no solo quiere decir un ingreso familiar insuficiente a servicios de salud, dificultad para que los hijos menores completen la educación primaria o inicien la educación media, falta de condiciones mínimas de vivienda o techo, falta de calificación y en consecuencia desventaja en la obtención de empleo mejor remunerado. Significa de hecho también desempleo sólo compensado por trabajo parcial, precario o carente de protección social en el gran sector de la economía subterránea o informal.

Según estudios de algunas universidades se observa que los impactos de las políticas económicas en AL han provocado una disolución del núcleo familiar, y “un fenómeno conexo con la pobreza familiar políticas de ajuste y los tratados comerciales han provocado “un fenómeno conexo con la pobreza familiar es el de la violencia intra-familiar , la incidencia del alcoholismo y la drogadicción y otras lacras semejantes,” y obviamente los más afectados con todo ello son los niños y las mujeres.

Entre de las distintas definiciones de pobreza, coincidimos con un enfoque multidimensional a la luz de la Carta Internacional de Derechos Humanos que refleja la indivisible e interdependiente naturaleza de los derechos humanos, mediante el cual la pobreza puede ser definida como una condición humana caracterizada por la sostenida y crónica privación de recursos, capacidades, opciones, seguridad y poder necesarios para el disfrute de un nivel de vida adecuado y otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

La desigualdad social es algo que merece principal atención por parte de los Estados y debo reiterar que la política de dejar todo en manos del comercio no ha resuelto para nada este problema; por el contrario, se requieren políticas tanto económicas como sociales bien coordinadas que aseguren un desarrollo sustentable, que eleven los niveles de vida y que prioricen antes que nada a los pueblos en vez de a las inversiones.



Medio ambiente y cultura

Por otro lado el derecho a un ambiente sano y protegido también se ha visto seriamente impactado debido a que las trasnacionales han ocasionado daños en muchas ocasiones irreversibles al agua, a la tierra; la contaminación del aire ha sido también alarmante. Las leyes que los Estados tienen en esta materia son insuficientes y su aplicación es flexible para los capitales extranjeros pasando por alto que muchas de esas empresas en sus propios países son multadas o clausuradas por no cumplir con los mínimos estándares de calidad ambiental. Todo ello afecta otros derechos, como el derecho a la salud, a la alimentación adecuada, a la vivienda adecuada, en general afecta la calidad de vida de las sociedades.

Otros grupos afectados por estas políticas son las comunidades indígenas, ellas son marginadas deliberadamente por el modelo de desarrollo vigente, a través de los gobiernos, las empresas, la banca multilateral, debido a que las consideran un obstáculo para el supuesto desarrollo que pretenden alcanzar, cuando ya hemos dicho que no hay desarrollo posible pasando por encima de los derechos humanos, incluidos por supuesto los derechos a la libre determinación de los pueblos y los derechos culturales. Las comunidades se encuentran más desprotegidas y aisladas y con claras desventajas para sobrellevar los impactos del mercado. Esto también nos lleva a reflexionar que otros efectos de la globalización han sido la pérdida de identidad nacional, de valores comunitarios, y otros aspectos culturales etc., que han quedado aplastados por una cultura corporativa de las trasnacionales en donde los valores y los símbolos de cada nación quedan en segundo plano, y donde se da prioridad al ser individual perdiendo el sentido de la colectividad social.

En ese sentido, DECA, Equipo Pueblo y otras organizaciones sociales, civiles y académicas realizaron un ejercicio denominado CASA-SAPRIN en donde se evaluamos los impactos de las políticas de ajuste y el modelo de globalización en México; este estudio fue citado en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

El Diagnóstico retomó aspectos de ese análisis y subrayó los obstáculos estructurales para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado :


• El modelo de apertura de la economía al mercado externo y promoción de la inversión extranjera como motor de crecimiento, desatado a partir de 1985, ha incumplido con las metas de reactivación del crecimiento económico sostenido del país y su aplicación en México no ha sido socialmente responsable.
• El crecimiento observado en las exportaciones de bienes manufactureros y de alta tecnología ha tenido reducidos efectos de encadenamiento hacia el interior de la economía mexicana y por tanto hacia la generación de empleos e ingresos en la población. La difusión de los efectos positivos del incremento de las exportaciones no ha compensado la destrucción generada por el incremento de las importaciones y del contrabando.
• Se observa un desmantelamiento sostenido de instituciones que apoyaban la producción y el consumo de los pequeños productores campesinos de granos y oleaginosas, en tanto la apertura al ingreso de importaciones masivas de esos productos crea una peligrosa dependencia alimentaría y acentúa el empobrecimiento de la mayoría de los pobladores del campo.
• El énfasis en mantener los equilibrios macroeconómicos en materia de inflación y equilibrio presupuestal y en atraer inversión extranjera hacia el desarrollo de la maquila, determinaron una política de contención salarial, flexibilización laboral, el ejercicio discrecional y parcial de la justicia laboral y el mantenimiento del control corporativo de los trabajadores asalariados.
• La contención salarial y el escaso efecto en el empleo de la estrategia económica adoptada derivó en una contracción del mercado interno, en una reducción de las aportaciones a la seguridad social y en una reducción de la captación de impuestos del Estado, profundizando la crisis de recursos para el mantenimiento de programas e instituciones públicas que apoyan los niveles de la población.
• El Estado mexicano ha operado, por lo tanto, con un doble estándar: liberación y apoyo total e irrestricto a la inversión extranjera y a los grandes grupos empresariales mexicanos y contención y restricciones en el ejercicio de sus libertades y el respeto a sus derechos humanos de millones de trabajadores asalariados y productores medianos y pequeños. Incluso existe impunidad de delitos en materia económica, que afectan o desvían importantes sumas de recursos públicos (Fobaproa –rescate bancario- y rescate carretero), cometidos por grandes empresarios, banqueros, y funcionarios públicos que se enriquecieron y vieron beneficiados por las políticas de privatización.
• La proporción del gasto público del presupuesto destinado a programas sociales, aun cuando creció en la década de los 90, es comparativamente menor a la observada en otros países de América Latina con economías de igual o mayor tamaño que la mexicana.
• Se ha puesto énfasis y se ha realizado un importante esfuerzo para aumentar los recursos en programas de combate a la pobreza rural dirigido a individuos; sin embargo, el diseño y la operación de los programas no consideran la perspectiva de los derechos humanos: se definen centralmente y han generado, en su operación y cobertura, exclusión y discriminación.
• Veinte años de desmantelamiento del Estado, de privatización de las empresas públicas, de apertura del mercado, de control inflacionario, de presupuestos equilibrados, de disponibilidad insuficiente y volátil de crédito, de competencia desleal a los productores nacionales, de eliminación de subsidios, de contención salarial y de desregulación de mercados, entre las políticas económicas más destacadas, han determinado cambios en la estructura productiva del país que ha tenido profundas repercusiones en los niveles de vida y de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y de las familias.


Conclusiones

Los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales de los pueblos han ido en detrimento debido a que lo tratados comerciales privilegian a los mercados, a las inversiones y dotan de derechos a las grandes corporaciones reduciendo al estado como un órgano regulador con poderes mínimos, asimismo dentro de éstos se consideran a las exportaciones como el detonante de crecimiento dejando de lado el fortalecimiento de todos los sectores nacionales.

Las Políticas de Ajuste Estructural, el cambio en el sentido de la cooperación al desarrollo y los Tratados Comerciales no han contribuido a resolver las principales demandas de la población que son la salud, la educación, el trabajo, salarios dignos, a la vivienda, a la alimentación por el contrario se ha visto una reducción del gasto social, quiebra de la industria nacional, poco estímulo a la producción local, aumento de inflación y concentración del ingreso, desprotección de sectores claves para la economía nacional.

No se ha tomado en cuenta las recomendaciones que en ese sentido El Comité DESC de Naciones Unidas ha hecho cuando desea señalar al Estado parte que es necesario garantizar que los programas de ajuste estructural se formulen y apliquen de manera que ofrezcan redes de seguridad adecuada para los sectores vulnerables de la sociedad a fin de impedir el deterioro del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales que protege el Pacto y que están generosamente consagrados en la Constitución de México. (16)

Desafortunadamente estos resultados tampoco han repercutido a favor en el proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas, por el contrario prevalece la misma filosofía con la que se negoció el TLCAN y otros tratados birregionales, es imposible que este acuerdo contemple la garantía de velar por los DESCA cuando se continua privilegiando al mercado como regulador del orden social sin atender las causas estructurales de la pobreza. No podemos considerar que sea un acuerdo de integración con carácter social cuando la política social de los estados ha sido sólo dar analgésicos para apalear los efectos de la globalización. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como en los demás acuerdos regionales y universales de integración económica, debe respetar y cumplir con los principios de los pactos y convenios internacionales referidos a los DESC.

En el proceso de la apertura al mercado mundial, en la liberalización interna y en la redefinición de la naturaleza del estado, América Latina ha entrado a un nuevo orden económico mundial supranacional perdiendo con ello soberanía, este nuevo paradigma apunta a consolidar un estado universal más no homogéneo en donde la legalidad está sustentada por las fuerzas económicas y en donde se observa ya el juego de que los más poderosos son los que más ganan y en donde este continente si sigue jugando con las reglas dictadas perderá más de lo que ya se ha perdido.

Muchas gracias