Quien es Félix Arroyo?

Nombre Completo: Félix Claudio Arroyo García
Cédula de Id.: V-3.230.961
Cargo Actual: Director de Registro Electoral del CNE

Breve descripción:
• Vinculado al partido Acción Democrática.
• Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue designado Director de la DIEX, cargo que ocupó hasta que fue destituido en razón de divulgarse públicamente un notorio caso de corrupción consistente en el trafico ilegal de ciudadanos chinos provenientes de Hong Kong hacia Venezuela, con la complicidad de muchos funcionarios de la DIEX y el para entonces Cónsul de Venezuela en Londres José Gonzalo Ramírez Calles.

• En el año 2003 fue postulado como Rector del Consejo Nacional Electoral por la ONG Mirador Democrático.

• Esta ONG funge como el Capitulo Venezolano de una ONG internacional denominada Transparencia Internacional. Esta última está representada en diversos países del mundo por ONGs locales. En América Latina sus representantes son: Transparencia Perú (Perú), Alianza Cívica (México), Participa (Chile), Ética y Transparencia (Nicaragua), Poder Ciudadano (Argentina), todas Asesoras de SÚMATE según contrato firmado por esta con la Nacional Endowment for Democracy NED, de los EE.UU).

• Mirador Democrático cuenta entre sus directivos en Venezuela a Mercedes de Freitas (También miembro de la Asociación Civil Queremos Elegir y la Asociación Civil Momento de la Gente. Esta última es una de las organizaciones receptoras de fondos de la Nacional Endowment for Democracy NED, de los EE.UU).

• Otra de sus Directoras es Rocío Guijarro: firmante del Decreto de Autojuramentación de Pedro Carmona Estanga durante su breve dictadura, Gerente General y Miembra de la Junta Directiva de CEDICE (Organización de promoción del neoliberalismo en Venezuela, receptora de Fondos de la Nacional Endowment for Democracy NED, de los EE.UU), Miembra de la Junta Directiva de la ONG Liderazgo Visión (Su director es Gerver Torres, ex presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela durante el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, y cuya misión era la privatización de los bienes del Estado. Liderazgo y Visión es actualmente promotora de la propuesta neoliberal “Un sueño para Venezuela” escrita por Gerver Torres.

Fuente
Diccionario de la Corrupción en Venezuela
Volumen 3 // 1984-1992
Ediciones Capriles, c.a. 1era. Ed. Dic.1992
Coordinado por Ruth Capriles
pp. 723-728

CASO: Visas chinas
PRESIDENCIA: Carlos Andrés Pérez (1989-1994)
FECHA SUCESO: 1990
FECHA DENUNCIA: febrero 1990
DENUNCIANTES: opinión pública
INVOLUCRADOS: Ramírez Calles, José Gonzalo (cónsul de Venezuela en Hong Kong); Arroyo, Félix (director de la Diex)
INVESTIGADORES: Fiscalía General de la República; Tribunal Superior de Salvaguarda
DENUNCIA: aprovechamiento fraudulento continuado en de fondos públicos y contrabando
MAGNITUDES: US$ 2.500 a 30.000 por visa aprox.
MATERIA: visas a ciudadanos de origen chino.

HISTORIA
En enero de 1990 empezó a observarse un incremento inusitado de chinos en algunas zonas de Caracas. Era rutina ver llegar a docenas de estos ciudadanos por el aeropuerto internacional de Maiquetía. Cada noche de los jueves y domingo el vuelo de la British Airways dejaba en tierras venezolanas entre cuarenta y cien ciudadanos de origen chino, adultos y niños, casi todos procedentes de Hong Kong. Se trataba de un filón del máximo éxodo hacia occidente registrado en la historia de la isla. Iban a cualquier lugar, sobre todo Gran Bretaña y otras naciones del Commonwealth, pero también a otros países de Europa y América. Los sucesos de Tiahnamen en junio de 1989 y el miedo a los cambios anunciados para la fecha en que la isla de Hong Kong pase a control de la China comunista en.1997, según acuerdo suscrito entre Londres y Pekín en 1984, luego de un siglo de dominación inglesa tras haber sido cedida en arrendamiento y venta en 1898, ha provocado la emigración masiva de estos ciudadanos.

Para Venezuela, un país con un alto índice de inmigración, no es demasiado extraño ver llegar contingentes de seres humanos en busca de un mejor futuro, pero esta oleada no pasó desapercibida debido a lo abultado y repetitivo. Comenzó a escucharse distintas denuncias generales que fueron subiendo de tono progresivamente hasta hacer mella en las instancias competentes. También comenzaron a proliferar anuncios en la prensa donde se informaba la pérdida de documentos de ciudadanos chinos, pero ninguno señalaba la intención de recuperarlos (según las autoridades competentes una jugada utilizada por las gestorías para utilizar los pasaportes en diferentes personas). La Fiscalía General de la República inició una investigación a mediados de febrero, procediendo a "retener" algunos grupos de recién llegados en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Las investigaciones estuvieron coordinadas por la juez II penal, Mildred Camero.

En un principio se especuló sobre la posible existencia de traficantes de visas, organizadas en conexión con funcionarios de los consulados y departamentos de inmigración, un negocio que -según informes confidenciales del Departamento de Inmigración de Estados Unidos- puede llegar a convenirse en el negocio más lucrativo de finales de siglo, considerando los miles de millones de dólares que se mueven, con un riesgo mínimo para los "vendedores" pues son los ciudadanos compradores de las visas quienes exponen su pellejo en busca de un mundo mejor para ellos y sus hijos. El caso de tráfico con ciudadanos procedentes de Hong Kong se había dado en Estados Unidos y otros países de América Latina. En este sentido, países como Brasil, Bolivia y Panamá también emprendieron averiguaciones en relación a los mismos hechos. Hasta ese momento, sólo el gobierno de Bolivia había reconocido que algunos de sus funcionarios consulares se ocuparon en Hong Kong de la venta de pasaportes.

Al conocerse que las visas con las cuales ingresaban a Venezuela estos ciudadanos eran auténticas y las firmas correctas y que, además, la mayoría de los viajeros procedían de Hong Kong, las investigaciones se enfilaron hacia el consulado de Venezuela en aquella ciudad, instancia que obviamente tenía la responsabilidad en la expedición de tales documentos. Las averiguaciones pertinentes .determinaron que por cada pasaporte con su correspondiente visa los emigrantes chinos pagaban entre 2.500 y 30.000 dólares.

Pero las autoridades británicas se habían adelantado a las venezolanas. El 28 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió una nota de la Embajada del Reino Unido mediante el cual se informaba al gobierno venezolano de la detención del cónsul de Venezuela en Hong Kong, Gonzalo Ramírez Calles, por averiguaciones en torno a "presuntos pagos para la emisión indebida de visados a ciudadanos chinos". En la nota se informaba que Ramírez Calles había sido detenido "conforme al decreto de prevención de sobornos de Hong Kong".

Aparentemente, en el caso de Venezuela se trataba de una "internacionalización" de la corrupción de funcionarios públicos. En Caracas, el director de la Diex, Félix Arroyo, fue suspendido de su cargo; la Diex fue intervenida, designándose como director encargado al viceministro del Interior, Nerio Rauseo.

Un funcionario de la Diex que pidió no ser identificado declaró a los medios de comunicación acusando a Félix Arroyo de haber abierto el tráfico con ciudadanos chinos y de otras nacionalidades desde agosto de 1989, cuando asumió la Dirección. Aparentemente, el ex director de la Diex cobraba por firmar visas de residencia en Venezuela cantidades que iban desde 30 mil hasta 80 mil bolívares, en conexión con gestorías que actuaban -y actúan- en connivencia con funcionarios menores de la Diex.

Durante todo el mes de marzo las autoridades venezolanas no se pronunciaron en torno a la responsabilidad de los altos funcionarios en el ingreso de ciudadanos chinos al país. A finales de marzo llegó a Venezuela Gonzalo Ramírez Calles, a quien la juez Camero dictó prohibición de salida del país.

La lentitud del proceso y el mutismo de las autoridades alejaron el caso de las primeras planas durante el segundo trimestre de 1990. La averiguación, a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, continuó hasta el 22 de junio de 1990, cuando el tribunal de la causa declinó la competencia en el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público. El 25 de junio el expediente fue enviado al TSS en 14 piezas, 17 anexos y 5 libros de registros de legalizaciones donde se recogía la actuación de la juez Mildred Camero junto con las experticias de la PTJ. El expediente estaba casi listo para nombrar el ponente y tomar las decisiones pertinentes. Según la juez Camero había unos 91 indiciados, entre ellos funcionarios de todos los niveles jerárquicos de la administración pública, así como chinos que ingresaron en forma irregular o que estaban residenciados en el país.
La declinatoria de competencia se basó en el artículo 89 de la Ley de Salvaguarda que faculta al tribunal superior para conocer de las causas en las que aparezcan implicados alguno de los funcionarios públicos mencionados en el artículo 82 de la misma ley.

El 22 de julio vencía la prohibición de salida dictada por la juez Camero. El 23 de julio la juez III Penal y de Salvaguarda provisoria, Belkis Zamora de López, recibió una solicitud de amparo y pidió información al TSS acerca de las investigaciones en el caso. Según la versión de la juez Zamora, ella no recibió respuesta del TSS hasta el 1 de agosto. El 2 de agosto dio curso al recurso de amparo. Según pudo demostrar la juez Belkis Zamora, ella envió su oficio a la Diex a las 2,40 del 2 de agosto, casi a la misma hora en que Ramírez Calles salía en vuelo desde Maiquetía a Curazao. Aparentemente, Ramírez Calles se presentó en el aeropuerto con el auto de la juez. Lo mostró a los funcionarios, y estos quizás consideraron que debían responder al designio tribunalicio a pesar de que era necesario poseer un oficio expedido por el director general de la Diex autorizando a los empleados a cumplir con la medida. Según el titular de Identificación -Rafael Rodríguez Mérida- en su despacho descansó el auto, pero -aclaró- no elaboró ninguna misiva que diera luz verde al viaje del ex diplomático.
A partir de entonces el caso vira hacia la investigación de quién había permitido 1a salida de Ramírez Calles. Fueron intervenidas la oficina de la Diex en Maiquetía y el personal de la oficina “Prohibición de salidas” de la central de la Diex en Caracas. Como se sabe, la “fuga” de funcionarlos públicos en proceso no es un acto poco común en Venezuela. Como siempre, es imposible establecer las responsabilidades en organismos donde reina el desorden y la impunidad. A la juez Zamora se le abrió un expediente para establecer si el tribunal que ella representaba era competente para declarar un recurso de amparo, puesto que habiendo sido un tribunal de Primera Instancia Penal y de Salvaguarda el que dictó la prohibición de salida, correspondía al TSS decidir ese amparo. No se pudo establecer la responsabilidad que tuvo la juez al haber dado un recurso de amparo a un investigado por aprovechamiento de la cosa pública. A estas alturas de la historia el caso de las "visas chinas" acumulaba dos conflictos de competencia que paralizarían el proceso.

El 22 de agosto de 1990 el ex director de la Diex, Félix Arroyo, declaró ante el Tribunal Superior de Salvaguarda. Durante su corto período de conducción el funcionario había legalizado a 23 mil extranjeros. En defensa de esta actuación declaró que esta es una acción de seguridad del Estado. Identificar a un indocumentado es conocer a una persona más de los millones de extranjeros que se encuentran en el país. El debía firmar las visas que llenaran los requisitos de permanencia exigidos por el país, jamás cobró un centavo por una actuación que era su deber como director de la Diex. Declaró también que no tenía ninguna relación con Ramírez Calles, a quien ni siquiera conocía. Respecto a las visas emitidas a ciudadanos chinos, el ex director de la Diex dio a conocer una resolución emitida el 28 de abril de 1989 por los ministerios de Relaciones Interiores y Exteriores, según la cual se autoriza a los cónsules a dar visa de turista y transeúnte para estudiantes y laboral sin autorización de la Diex. Lo que hagan los cónsules con esta resolución no es responsabilidad de la Diex.


RESULTADOS

Este caso fue incluido en el tercer lugar en una suerte de hit parade de la corrupción que el fiscal Escovar Salóm incluyó en su Informe del año 1990.
Caso: Presuntas irregularidades ocurridas con motivo del ingreso al país de ciudadanos de origen chino. Expediente N2 90-615.

En noviembre de 1992 el Tribunal Superior de Salvaguarda decretó auto de detención al ex director de la Diex, Félix Arroyo, y al ex cónsul José Gonzalo Ramírez Calles por "expedición indebida de documentos", según el artículo 75 de la Ley de Salvaguarda que contempla prisión de uno a 5 años. Sin embargo, el Tribunal desconoce el paradero de ambos. Por lo demás, voceros del TSS han declarado que este tribunal ordena mantener una averiguación por los hechos, más que por las personas, pues de acuerdo a las investigaciones de la juez Camero habría unas 93 personas involucradas, entre funcionarios públicos y particulares.

Con este nuevo capítulo aparece un elemento no mencionado anteriormente como fue la venta de un paquete turístico promoviendo el “agradable clima” de Venezuela, por el cual los “viajeros” pagarían unos 17 mil dólares, información recabada por la juez Camero en revisiones de la prensa de Hong Kong.

Aunque el caso de los ciudadanos chinos fue el más sonado debido a la cantidad de estos ciudadanos que entró al país (al principio estimada en unos 10 mil y luego solamente 1.000 según cifras oficiales), es del conocimiento público que el tráfico de visas es un negocio próspero en la Dirección de Extranjería. Simultánea a las denuncias del presente caso, aparecieron algunas denuncias en torno a la venta de visas a ciudadanos de origen árabe. En este sentido fue suspendido de su cargo el cónsul de Venezuela en El Líbano, Antonio Pittol Oses, abriéndosele un juicio en el Tribunal Superior de Salvaguarda en 1991.

Mientras tanto, y a pesar de la crisis que atraviesa el país, miles de indocumentados o ciudadanos con documentos obtenidos en forma ilícita siguen entrando al país mientras funcionarios inescrupulosos siguen aprovechándose del sueño ajeno para engordar sus cuentas bancarias.