Durante los ochenta, los Estados Unidos estimaron conveniente financiar a los yehadi (los mujahidines afganos más conservadores desde el punto de vista religioso) para enfrentar la ocupación soviética. Durante su gobierno, aterrorizaron a la población civil con ataques indiscriminados de cohetes, violaciones, torturas y asesinatos hasta tal punto que, cuando aparecieron los talibanes en 1996, fueron bienvenidos. Esa es una historia conocida. Lo que la prensa se niega a difundir es que la caída de los talibanes, esos mismos dirigentes yehadi han vuelto a aparecer, al amparo de la Casa Blanca, en la cúspide del poder, lo cual ha tenido consecuencias catastróficas para la población afgana en general y para las mujeres en particular.

En la última Loya Jirga para debatir la nueva constitución afgana ocurrió algo extraordinario. Malalai Joya, una trabajadora social de 25 años, procedente de la provincia rural de Farah, dijo lo que nadie se había atrevido a decir hasta ese momento: que muchos de los altos cargos de la Jirga son criminales que han destruido el país y que, en lugar de otorgarles puestos de influencia en la Jirga, deberían ser juzgados por sus crímenes ante los tribunales.

Esta declaración provocó un gran escándalo y muchos de los asistentes a la Jirga, compuesta en su mayoría por guerreros islámicos mujahidines (guerreros santos), respondieron con gritos de "muerte a los comunistas". A Joya le cortaron el micrófono y la desalojaron temporalmente de la sala 'por su propia seguridad'.

El gesto de Joya fue de una valentía excepcional. Muchos afganos comparten su opinión, pero la mayoría está demasiado asustada para expresarla en público. La propia Joya ha recibido amenazas de muerte y ha debido recibir protección de la ONU.

Los 'actos' a los que se refería tuvieron lugar principalmente durante el reinado de los yehadi (los mujahidines más conservadores desde el punto de vista religioso), entre 1992 y 1996. Los yehadi, conocidos por arrojar ácido al rostro de las mujeres, cortarles los pechos y otras atrocidades, se hicieron con el poder durante los ochenta, cuando los Estados Unidos estimaron conveniente financiarlos, armarlos y entrenarlos en la lucha contra la ocupación soviética. Durante su gobierno, aterrorizaron a la población civil con ataques indiscriminados de cohetes, violaciones, torturas y asesinatos hasta tal punto que, cuando aparecieron los talibanes en 1996, fueron bienvenidos.

Tras la caída de los talibanes, han vuelto a aparecer esos mismos dirigentes yehadi, entre los que se encuentran Buhruddin Rabbani, Abdul Sayyaf y otros miembros de la Alianza del Norte, lo cual ha tenido consecuencias catastróficas para la población afgana en general y para las mujeres en particular.

El año pasado visité Kabul para terminar el rodaje de un documental sobre las mujeres afganas. Dos de las tres mujeres a las que había estado 'siguiendo' se habían negado a regresar a un Afganistán dominado por los mujahidines, quienes, decían, sólo traerían más violencia al país. De modo que se han quedado en Paquistán. La única que ha vuelto vive ahora prácticamente secuestrada.

Desde que se derrocó a los talibanes, la vida de la mayoría de las mujeres afganas ha cambiado poco. En apariencia, tienen más oportunidades: pueden ir a la escuela, recibir asistencia sanitaria y acceder al mundo laboral. Pero, en la práctica, son muy pocas las mujeres que gozan de estas posibilidades que, en su mayoría, se limitan a Kabul. Según los numerosos cooperantes y mujeres afganas con las que hablé, las mujeres siguen teniendo miedo de los mujahidines armados que cuentan con el respaldo de los Estados Unidos y que controlan gran parte del país. La mayoría de las mujeres, incluso en Kabul, siguen llevando la burka (el vestido que cubre todo el cuerpo, de pies a cabeza) como medida de protección contra la humillación pública y los ataques físicos. La ONU y los grupos internacionales de derechos humanos han publicado recientemente informes que recogen el aumento de casos de palizas, secuestros y violaciones perpetrados por los señores de la guerra (que, no olvidemos, están financiados por los Estados Unidos), y sus milicias. Según dichos informes, "los comandantes de las milicias locales (...) violan los derechos de las mujeres y cometen abusos sexuales con impunidad".

Además, las mujeres siguen sometidas a las exigencias de sus maridos y demás hombres de la familia, muchos de los cuales no desean concederles ni un ápice de independencia. Las mujeres no pueden tomar decisiones sobre su vida personal y profesional; los casamientos de menores y los matrimonios forzados son algo habitual y la educación de las niñas se sigue condenando.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer, inaugurado con bombos y platillos por los Estados Unidos y la ONU, de poco sirve para ampliar los derechos de las mujeres. Muchos consideran que sólo existe de nombre para tener contentos a los donantes internacionales. Además de que sus competencias están mal definidas, carece de autoridad legal y de poder real. A eso hay que añadir que la mayoría de las mujeres que trabajan en este ministerio pertenecen a la élite, son muy conservadoras y tienen poco interés en cambiar el statu quo.

Faitana Gailani, la adinerada fundadora del Consejo de Mujeres Afganas, una ONG que supuestamente trabaja en pro de los 'derechos de la mujer', es un buen ejemplo de ello. Según The New York Times, después de la apasionada intervención de Malalai Joya ante la Loya Jirga, Gailani le explicó que, para que el país pudiera seguir adelante unido, las mujeres debían obrar con prudencia.

"¿Hasta cuándo debemos callar?", preguntó Joya.

A lo que Gailani respondió: "Hasta que seamos fuertes, hasta que el país sea fuerte, hasta que nuestra democracia sea fuerte, hasta que la situación de la mujer en este país sea fuerte. Sólo entonces podremos hablar".

Entre tanto, se están recortando los pocos derechos con los que realmente cuentan las mujeres. Esto se debe en gran medida al papel del presidente del Tribunal Supremo, Fazl Hadi Shinwari, aliado de Abdul Sayyaf, un líder fundamentalista que apoya a los wahabbi sauditas y cuenta con el respaldo de estos. Contraviniendo a la constitución existente, Shinwari sobrepasa los 80 y su formación sólo incluye la ley religiosa, no la secular.

Para las mujeres, la designación de Shinwari por parte del presidente Karzai es un paso más hacia la derrota. Shinwari ha "tomado" el Tribunal Supremo, integrado por 9 miembros, con el nombramiento de 137 ulemas [doctores de la ley musulmana] que le son favorables y ha pedido que se recuperen los castigos existentes durante el período talibán para que se cumpla la ley islámica sharia. También ha restablecido el temido Departamento de Vicios y Virtudes talibán rebautizándolo como Ministerio de Asuntos Religiosos, que ahora hace uso de mujeres para detener las muestras públicas de comportamientos "antiislámicos" entre las afganas.

Si una mujer denuncia que ha sido apaleada o violada y, milagrosamente, su denuncia llega a los tribunales, la actitud de la inmensa mayoría es: "¿qué hizo para provocar este acto?". Se considera que ella es la responsable última y que el autor de los hechos ha actuado simplemente de forma reactiva. La sharia se esgrime precisamente para defender esta postura. Las mujeres que denuncian abusos suelen ser encarceladas y retenidas en prisión en contra de su voluntad de manera indefinida y con la excusa de que es por su propia protección. El verdadero motivo por el que se las retiene, piensan algunos, es para que sirvan de ejemplo a las demás mujeres: "si denuncias a un hombre por un comportamiento abusivo, acabarás en la cárcel".

La retahíla de leyes aprobadas este año para regular la conducta de las mujeres podría ser una página tomada del manual de los talibanes. Entre otras cosas, se prohíben las clases mixtas en la educación, se limitan las posibilidades para viajar de las mujeres y se prohíbe a las mujeres cantar en público. No obstante, el mayor golpe que han recibido los derechos de la mujer hasta el momento tuvo lugar en noviembre, cuando se confirmó una ley de 1970 que prohíbe a las mujeres solteras asistir a clases de educación secundaria. Esto representa un gran retroceso para las mujeres y las niñas, ya que a muchas menores se las obliga a contraer matrimonio y ahora han perdido toda esperanza de mejorar sus vidas. El Ministerio de Asuntos de la Mujer no ha presentado ninguna protesta contra esta ley.

Las condiciones son mucho peores fuera de Kabul. Se ha prendido fuego a escuelas de niñas. En Herat, una provincia que depende del gobernador Ishmael Khan, las mujeres no pueden viajar con hombres que no sean de su familia y, en caso de que se las vea con hombres "no familiares", la policía puede enviarlas a un hospital para someterlas a "pruebas de castidad". Además, los profesores varones no pueden dar clase a mujeres, una medida refrendada por Shinwari, el presidente del Tribunal Supremo.

Lo que no presagia nada bueno en Afganistán es que la opresión de las mujeres vuelve a contar con el consentimiento legal y religioso. El aparato del Estado se está usando activamente para abolir sus derechos humanos. Es fundamental que los estadounidenses denuncien ya esta situación. Hay que respaldar el valiente gesto de Malalai Joya e investigar sus acusaciones. Los Estados Unidos deberían retirar su actual apoyo a los fundamentalistas y exigir que los derechos de la mujer se protejan de manera explícita en la nueva constitución afgana.

La fuente: Meena Nanji es directora de cine y vive a caballo entre Los Ángeles y Nueva Delhi. En estos momentos, está trabajando en un documental sobre la vida de tres mujeres afganas titulado View from A Grain of Sand [Vista desde un grano de arena]. El artículo ha sido publicado por ZNet. La traducción al español pertenece a Beatriz Martínez Ruiz