¿Qué pasó el 27 de febrero de 1989?

Ni siquiera puedo imaginarme el tremendo dolor de mi amiga, que por aquel entonces era una adolescente, al ver a su madre tendida en el suelo de su apartamento, ensangrentada y sin vida. Sólo se asomó a la ventana y en un instante todo se nubló. Una vida cegada por las balas asesinas de los mismos que organizaron el golpe fascista de abril de 2002 y el paro-sabotaje petrolero.

Más de 3000 muertos son testigos mudos e inertes del asesinato masivo más importante llevado a cabo en nombre de la democracia representativa. Pero no el único. AD y COPEI, y sus nuevos socios de Primero Justicia, y partidos otrora de izquierda como el MAS o Bandera Roja, que sufrieron los rigores del “dispare primero y averigüe después” del inefable Rómulo Betancourt, tienen sobre sus conciencias los varios centenares de muertos del “Porteñazo” y el “Carupanazo”, de Cantaura, de El Amparo, de los Teatros de Operaciones, donde siguiendo las instrucciones de los manuales de contrainsurgencia de la CIA, se violaron sistemáticamente los derechos humanos.


El Pacto de Punto Fijo: el dinero, el salmo y el sable

Fue el “caracazo” o el “sacudón”, como también se le conoce, un evento histórico de masas, de carácter espontáneo, sin dirección ni objetivos políticos definidos, pero sí un severo cuestionamiento a un estado de cosas que ya resultaba insoportable para la mayoría del pueblo venezolano. Este dantesco episodio de la historia contemporánea del país fue la punta del iceberg de un fenómeno más profundo, que puso en evidencia la crisis terminal del modelo político y económico instaurado en 1958 a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, basado en el llamado Pacto de Punto Fijo, suscrito por AD, COPEI y URD el 31 de octubre de aquel año, mediante el cual dichos partidos se comprometían a evitar los conflictos interpartidistas, respetar el resultado electoral cualquiera que fuese, formar un gobierno de unidad nacional en el cual estuviesen representadas todas las fuerzas políticas con independencia de los resultados electorales, y a suscribir una Declaración de Principios y un Programa Mínimo de Gobierno, la cual se firmó el 6 de diciembre de 1958. Pero más allá de estos criterios prácticos, el Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo de gobernabilidad mediante el cual los actores políticos y sociales fundamentales, en conjunción con las principales instituciones de la burguesía, como Fedecámaras, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, establecían las reglas del juego, y se comprometían a defender a la democracia representativa, como forma política, y al capitalismo subdesarrollado y rentista –basado en el petróleo-, en el ámbito económico, de cualquier peligro, y resguardarlo de cualquier intento de subversión de dicho estado de cosas. Esto se puso en evidencia, con manifiesta crudeza, durante los años de la lucha armada, pero se aplicó con inexorable saña y firmeza durante los últimos 40 años, cada vez que los trabajadores y el pueblo intentaron levantar su voz de rechazo. Sin duda, el ejemplo más dramático fue la violencia desatada durante el 27 y 28 de febrero de 1989, y en los días subsiguientes.


El 27 de febrero: punto de inflexión del “puntofijismo”

No fue el golpe fallido del 4 de febrero de 1992 el punto de inflexión en la crisis política, social y económica que padecía Venezuela a finales de la década del 80. No se puede negar que aquel acontecimiento, estrictamente militar, fue una expresión más de la crisis social y política por la que atravesaba el país. Al interior de las Fuerzas Armadas también se manifestaban las contradicciones de clase y el hervidero social que había hecho eclosión el 27 de febrero de 1989.

Sin lugar a dudas, fue el “caracazo” el verdadero punto de quiebre del modelo de Punto Fijo. Aunque ya se venían produciendo expresiones de ésta crisis en otros ámbitos, como el electoral, el económico, el social, y en el 92 en el terreno militar.

En el terreno electoral la crisis del “puntofijismo” se puso en evidencia con el aumento de la abstención. Ejemplo de este cambio es que de una abstención histórica de un sólo dígito, en las elecciones nacionales de 1978 se pasó al 12,4% mientras que en las elecciones municipales de 1979 ascendió a 27,1%, luego, en las elecciones nacionales de 1983 alcanzó el 12,1% mientras que en las municipales de 1984 ascendió al 40,7%, pasando en las nacionales de 1988 al 18,3% y en las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales municipales de 1989 llegó al 54,8%.

En el ámbito económico el agotamiento del modelo se manifestó con la llamada crisis del “viernes negro” de febrero de 1983, en el marco de la crisis de la deuda externa que afectaba a toda América Latina. El gobierno de Luis Herrera Camping procedió a devaluar la moneda para frenar una fuga masiva de divisas y el deterioro acelerado de las reservas internacionales.

A finales del gobierno de Jaime Lusinchi la inflación tradicionalmente de un solo dígito se disparó alcanzando al 28% y el 29,48% en los años 1987 y 1988. Las reservas internacionales cayeron a 9.505 millones de dólares entre 1986 y 1988 (compárese con los 21 mil millones de la actualidad). Mientras que la situación económica se agravaba, otro tanto sucedía en el aspecto social. Entre 1984 y 1988 la pobreza extrema se elevó de 11% a 14% y la pobreza total pasó de 36% a 46%. Por otra parte, la pobreza extrema se eleva de 14% en 1988 a 30% en 1989 (un aumento de 16% en tan sólo un año), llegando a 34% en 1991. Mientras, la pobreza total aumenta de 46% en 1988 a 68% en 1991.

En el seno de las Fuerzas Armadas, estos cambios en la estructura social y económica del país también se hicieron notar, y los intentos de golpe de febrero y noviembre de 1992 fueron una manifestación de ello.

Ambas asonadas castrenses fueron acciones de carácter bélico, aisladas del movimiento de masas. No empalmaron con las luchas cotidianas que los trabajadores, los estudiantes y el movimiento popular venían dando desde mediados de la década del 80, y con mayor fuerza entre 1987 y 1988. Por el contrario, estas acciones buscaban conquistar por asalto el poder político mediante las armas sin contar con la movilización y la lucha de las masas. En rigor, estos intentos golpistas fueron consecuencia del estallido social de febrero de 1989.

Precisamente por esta razón fundamental es que ambos golpes fracasan. Más allá de las habilidades militares de sus líderes, del arrojo y valentía personal de unos y otros, de las razones objetivas que llevaron a Chávez a rendirse, lo que en realidad determinó el fracaso del golpe fue la falta de movilización popular y el aislamiento de la acción militar.


¿Qué sucedió el 27 de febrero de 1989?

Hoy se cumplen 20 años de la más bárbara represión cometida por la burguesía venezolana, encabezada por su principal partido, Acción Democrática. De muchos atropellos y masacres perpetrados por las fuerzas de seguridad del “puntofijismo” durante más de 40 años de democracia burguesa representativa, esta fue la más dantesca y brutal agresión cometida contra el pueblo y los trabajadores venezolanos.

Con el trasfondo de miseria y hambre propiciado por la crisis de la deuda externa latinoamericana, que no fue otra cosa que la expresión más dramática del agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones sobre el cual se había sostenido el capitalismo dependiente en nuestro continente, y detonado por los acuerdos firmados por Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional, representante directo del imperialismo, el “Caracazo” o “Sacudón”, fue un evento social y político de gigantescas proporciones, que abrió una “etapa revolucionaria”, en la medida en que la normalidad de las formas burguesas de funcionamiento del sistema político, económico social, entraron en crisis, generándose desde entonces una situación “anormal” para la oligarquía, sus partidos y el imperialismo, en la conducción y manejado del orden capitalista, así como en el control del conjunto de las clases explotadas.

Se produjo lo que Lenin definió, para conceptualizar el carácter revolucionario de una determinada coyuntura o etapa, como un período en el que “los de arriba no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo y los de abajo ya no se dejan gobernar como los venían gobernando”.

En rigor, el 27 de febrero de 1989 y los días subsiguientes, significaron, por una parte, el quiebre definitivo del modelo político instaurado por la burguesía y el imperialismo a partir de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y por otra, la irrupción protagónica en la escena política del país de las masas marginadas, excluidas y explotadas durante 40 años de funcionamiento capitalista cimentado en la renta petrolera. Fue el estallido en las calles de las principales ciudades del país, de todo el descontento que desde hacía por lo menos una década se venía concentrando y expresando de diversas formas. Quizás la primera manifestación de masas del descontento social que se incubaba fue la gran movilización obrera de agosto de 1979, la cual fue seguida durante los primeros años de la década del 80 por los paros cívicos regionales, y el síntoma más dramático que presagiaba el estallido que se avecinaba, fue el “pequeño sacudón” que se produjo en la ciudad de Mérida en 1987. El 27 de febrero de 1989 se abrió una etapa revolucionaria que aún no culmina.


De la crisis de “Punto Fijo” a la exacerbación de la lucha de clases

Pero la historia no terminó en 1992, luego de las jornadas de febrero y noviembre de aquel año, el proceso de crisis del modelo puntofijista siguió su caída en picada, expresándose en 1993 en el plano institucional, con la salida de Carlos Andrés Pérez acusado de corrupción, y en 1994, apenas iniciándose el segundo gobierno de Rafael Caldera, con la más grande crisis financiera conocida por el país, y con el que consideramos el más grave crimen contra el bolsillo de los trabajadores venezolanos como lo fue el otorgamiento de auxilios financieros a los banqueros corruptos y ladrones, los cuales llegaron a la astronómica suma de 10 mil 300 millones de dólares, cifra equivalente al 17% del PIB de aquel entonces, y que estos no utilizaron para salvar a las instituciones financieras, fugándose al exterior con la “cabuya en la pata”, donde seguramente disfrutan a rienda suelta esta millonada gracias a los buenos oficios de Caldera.

La situación que hoy vive el país es continuación en la evolución de la lucha de los trabajadores y el pueblo por lograr sacarse de encima la camisa de fuerza de la burguesía, sus instituciones, partidos y lacayos. Y en esa medida se convierte en una lucha contra el imperialismo. Es una lucha por lograr las conquistas democráticas anheladas y esperadas a la caída de la dictadura, las cuales fueron escamoteadas por la burguesía parasitaria, vividora de los recursos petroleros, la oligarquía financiera y sus amos del Norte. La lucha de los trabajadores venezolanos hoy es por convertir a PDVSA en una empresa verdaderamente al servicio de los intereses populares, y efectivamente en manos de sus trabajadores. Es la lucha tenaz contra los golpistas dueños de las empresas tomadas y recuperadas por sus obreros. Es una confrontación por el control de los medios de comunicación nacionales, pero simultáneamente es una lucha contra las grandes cadenas televisivas y editoriales del imperialismo. Es una lucha por lograr que el poder verdaderamente resida en el pueblo, en los trabajadores y sus organizaciones. Es por lograr una verdadera democracia participativa que sólo será posible en la lucha ininterrumpida por el Socialismo.


La principal lección de “febrero”: construir un partido socialista revolucionario

Algunos compañeros, influidos por las tesis “neoreformistas” y antimarxistas de Heinz Dieterich, Toni Negri y John Holloway, adalides del “movimientismo” y de la estafa de “cambiar el mundo sin tomar el poder”, tienden a confundir al “partido” con la aberración burocrática-stalinista de los PC, incluso confunden al partido de Lenin con estos aparatos contrarrevolucionarios. De allí que terminen planteando que no es necesario construir organizaciones políticas revolucionarias que dirijan a los trabajadores y el pueblo hacia la toma del poder, y que por el contrario, ese espontaneísmo que caracterizó a las jornadas de febrero de 1989, debe ser lo que prevalezca.

En rigor histórico, lo cierto es que todas las revoluciones populares que ha conocido la humanidad contemporánea han contado con una dirección política, fuera ésta un partido de masas o una organización guerrillera. Pero nunca una revolución ha triunfado sin contar con este instrumento, fundamental para organizar y orientar políticamente al conjunto de las masas explotadas.

Si una lección podemos extraer de aquellos acontecimientos es que la tremenda energía subvertidora del pueblo no contó con una herramienta política, con un partido que agrupara a lo más dinámico y activo del pueblo, de la clase obrera, de la juventud y de los demás sectores oprimidos de la sociedad.

Este debate adquiere hoy una relevancia crucial. Si queremos profundizar el proceso revolucionario hacia el socialismo, construyendo un gobierno de los trabajadores y el pueblo, es perentorio construir ese partido.


¿Cómo debe ser ese partido revolucionario?

Pero ese partido clasista, socialista, revolucionario, debe acoger en su seno a los mejores y más activos luchadores juveniles, obreros y populares. Debe ser un partido en el que no tengan cabida burgueses, terratenientes, ni burócratas de los partidos que han acompañado al presidente Chávez. Debe ser una organización independiente del Estado, del gobierno y los patronos. Profundamente democrática, donde los dirigentes sean elegidos por las bases y rindan cuenta a estas. Una organización donde la opinión de cada militante sea tomada en cuenta a la hora de elaborar la política; donde se debata a fondo la línea política a seguir, pero que luego intervenga como un ariete disciplinado en la lucha de clases. Pero este partido no se decreta, no se autoproclama, ni se puede organizar desde las alturas del poder, debe surgir de la lucha social y política mediante la confluencia de individualidades y colectivos obreros y populares probados en la lucha de clases. Un partido para construir una Venezuela socialista, sin patronos, terratenientes, burócratas ni corruptos.


(*) Dirigente de la Unidad Socialista de Izquierda (USI) y profesor de la escuela de Sociología de la UCV.
Prof. Escuela de Sociología-UCV
Jefe del Departamento de Estudios Latinoamericanos

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Miguel Angel Hernández (*)

Profesor de Historia en la UCV y miembro del comité impulsor del Partido Revolución y Socialismo. Como marxista, Hernández aboga por el definitivo rompimiento con el capitalismo en Venezuela y por la construcción del socialismo.


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