La Cumbre de Monterrey no solo fue un fracaso para las ambiciones neomercantilistas* de Washington, al pretender reunir el consenso de los países latinoamericanos en torno al terrorismo, inmigración y libre comercio a través del ALCA, sino que también significó una contundente derrota para la oposición venezolana en su proyecto derechista, ultra-reaccionario y pro-yanqui que la mantiene aislada de los nuevos escenarios políticos, económicos y sociales que vienen tomando cuerpo en América Latina y El Caribe.
La posición progresista de Venezuela, Brasil y Argentina asumida en Monterrey en torno a las causas y características de la difícil situación latinoamericana, así como el convencimiento de que el crecimiento económico y desarrollo no podrán ser alcanzados por medio de la vieja receta neoliberal, pero si a través de un nuevo modelo económico que garantice la equidad, inclusión y justicia social, le dio forma y contenido al consenso de Monterrey en contraposición a las aspiraciones del presidente Bush, quien pretendió convertir la cumbre en la plataforma para el lanzamiento del ALCA y la defensa del Plan Colombia como epicentro de la "lucha contra el terrorismo."
En este sentido, la intervención del presidente Bush en Monterrey sirvió para delinear su política exterior hacia América Latina (12 de Enero de 2004),
"(...) desarrollar un crecimiento económico… un mercado libre que puede ayudar a salir a la gente de la pobreza y promover la clase media… hacer el tratado de libre comercio de las Américas… crear una cultura de transparencia que vaya en contra de la corrupción… como en Venezuela o Haití, o Bolivia, pararnos firmes con los hombres de Cuba a través de nuestro ejemplo democrático… mostrarle al mundo una sociedad libre y un mercado libre..."
Esta política es compartida plenamente por la oposición venezolana, cuyo proyecto "Gobierno Constitucional y de Unidad para la Reconciliación y Reconstrucción Nacional, Propuesta de Consensos para Políticas Públicas" (6 de Octubre de 2003), se inscribe en el consenso de Washington que busca desfalcar de manera definitiva las aspiraciones de equidad, inclusión y justicia social que hoy demanda la sociedad latinoamericana.
Este "proyecto de país para la transición" propone "reinstalar mecanismos de concertación tripartita entre empresarios, sindicatos y gobiernos", lo cual significa regresar al terrible modelo puntofijista dirigido por las cúpulas corruptas de Fedecámaras, la CTV y la vieja política. Además, la oposición venezolana pretende erradicar en control de cambio y "adoptar un tipo de cambio competitivo", focalizar el gasto publico "hacia el fortalecimiento de la actividad productiva" y la inversión privada, mejorar la actividad competitiva, corregir las distorsiones del mercado, abaratar los "costos sociales en la gestión productiva", definir al Estado como ente "planificador y facilitador de la ejecución de políticas publicas descentralizadas a través del sector privado", y financiar a las PYMEs exclusivamente por medio de la banca comercial, en función del interés norteamericano y las recetas del FMI y Banco Mundial. Asimismo, este proyecto neoliberal contempla reformar la Ley de Tierras y determinar "en función de la eficiencia y necesidades" los rubros que Venezuela debe producir.
En el aspecto educativo y de seguridad social, la oposición privilegia la iniciativa privada al proponer la descentralización del sistema educativo y "darle la mayor autonomía posible a escuelas y liceos", evaluar el proyecto de Escuelas Bolivarianas para "cambiar donde haya que cambiar", y poner en marcha un sistema de seguridad social "sin desmedro de opciones de aportes individuales de capitalización de pensiones o de salud." A este proyecto se le debe sumar también la reciente campaña contra los programas de alfabetización y asistencia medica integral que buscan saldar la enorme deuda social que tiene el Estado con la sociedad venezolana.
Sin embargo, donde la oposición presenta mayor afinidad con la política neomercantilista de la administración Bush, es en lo referido a los aspectos geoestratégicos del Estado. En este sentido, el proyecto incluye la elaboración de una nueva doctrina militar "adaptada a las necesidades reales del país" y que separe a la FAN de la sociedad civil, el restablecimiento de "relaciones sólidas y de confianza con socios naturales y propicios", lo cual implica resumir los vínculos de dependencia con Estados Unidos y organismos multilaterales como el FMI y Banco Mundial, abandonar la solidaridad reciproca con Cuba y buscar la mejor manera de "insertar a Venezuela en la economía internacional."
Asimismo, la oposición plantea un viraje en la política petrolera y basarla exclusivamente en lo que indiquen las fuerzas del mercado de acuerdo a las exigencias de la administración Bush. En este sentido, la oposición pretende eliminar la política de precios y reemplazarla por la sobreproducción petrolera que abarate el costo del barril, exigirle a la OPEP estrategias que beneficien este tipo de políticas y "reivindique su capacidad de producción en línea con el mercado", redireccionar la regalía hacia la producción en lugar de la inversión social además de "usarla como variable en los mecanismos de asignación de áreas de explotación y exploración para inversionistas privados", reenganchar a los trabajadores golpistas que fueron despedidos de PDVSA, y "separar" el manejo político de la industria petrolera para que no pueda ser integrada a los planes de desarrollo nacional.
Sin embargo, en la Cumbre de Monterrey se respiraron otros vientos, y se impuso un criterio progresista muy distinto al que pretende aplicar la oposición en su "proceso de transición" y completamente divorciado de las anacrónicas recetas neoliberales que sumieron a la región en la mas absoluta pobreza, desigualdad y exclusión.
Las primeras señales de divergencia al consenso de Washington partieron del presidente de Perú, Alejandro Toledo, quien se manifestó a favor del "crecimiento económico con equidad" y de "invertir más en el área social" (13 de Enero de 2004), y del primer ministro de Canadá, Paul Martin, quien señaló la necesidad de implementar políticas sociales "para que todos los ciudadanos podamos estar de una manera equitativa" y de "crear un estilo social, que haya salud y educación, y todas estas cosas en una manera inclusiva… hacia una sociedad equitativa." (12 de Enero de 2004)
Al respecto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, profundizó en el tema del "crecimiento con equidad" argumentando que "en el marco del modelo neoliberal está más que demostrado que es imposible para los pueblos de América Latina y el Caribe específicamente lograr esa meta." En este sentido, el presidente Chávez propuso dirigir el debate hacia el modelo de desarrollo que ponga "la economía al servicio del ser humano, al servicio del bienestar y el bien común… para generar de verdad un crecimiento con justicia social." (12 de Enero de 2004)
Asimismo lo sostuvo el presidente Lula de Brasil, para quien resulta imprescindible "garantizar el desarrollo social de nuestras naciones… el combate al hambre, a la pobreza y a la exclusión social." (12 de Enero de 2004)
"En América Latina el número de gente en condiciones de extrema pobreza pasó de 48 millones para 57millones; 26 por ciento de la población vive con menos de dos dólares por día; hay 19 millones de desempleados y de cada diez nuevos empleos creados, siete son informales… La falta de empleo afecta de forma particularmente perversa a mujeres, a negros, a indios y a jóvenes. El desempleo y la miseria crecieron de manera exponencial con efectos sociales y éticos gravísimos, entre ellos una asustadora desagregación familiar… Más de 50 millones de personas, casi un tercio de la población brasileña padecía en el 2002 de cotidiana inseguridad alimentaria."
En este sentido, Lula manifestó que la grave situación en América Latina, "no son consecuencias secundarias y aleatorias de una política económica supuestamente sana y adecuada; se trata, eso sí, de un modelo perverso que separó equivocadamente lo económico de lo social, opuso estabilidad a crecimiento y divorció responsabilidad de justicia… La estabilidad económica fue pensada de espaldas a la justicia social… la experiencia histórica muestra que el equilibrio económico es insostenible sin el equilibrio social y nuestros desafíos son articular la expansión y la eficacia productivas con distribución de ingresos y aunar responsabilidad fiscal con crecimiento sostenible."
Para Lula, "llegó el momento de rescatar y afirmar de una vez por todas la superioridad del interés colectivo y de la cosa pública en las Américas"; y en este sentido, propone "trabajar con un nuevo concepto de desarrollo, donde la distribución de ingresos no sea simple consecuencia del crecimiento, pero su palanca fundamental."
Con este "nuevo concepto de desarrollo" que propone Lula para América Latina coincide el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, cuando manifestó la necesidad de contar con "un nuevo paradigma de desarrollo inclusivo, equitativo" (13 de Enero de 2004), al tiempo que criticó duramente el modelo neoliberal que impulsa la Casa Blanca.
"Debemos entender que los principios que fueron sostenidos a rajatabla en la década del 90, que van desde la apertura financiera indiscriminada y la desaparición del Estado a las privatizaciones a cualquier precio, fueron los que consolidaron un modelo de injusticia, de concentración económica, de quiebra de nuestras economías, profundizando hasta puntos extremos la injusta distribución del ingreso, la exclusión y la corrupción en nuestras naciones."
Para Kirchner, "es necesario internalizar un nuevo paradigma, que reconociendo que no existe desarrollo sostenido sin equidad valore de otro modo el cumplimiento de las metas fiscales y económicas… Se trata de que se aumente la producción, la inversión y por ende la creación de riqueza, y de ayudar a distribuir mejor la riqueza que se crea."
Es claro que para Kirchner, así como para Chávez y Lula, el modelo neoliberal condujo a la región hacia la mas absoluta pobreza, desigualdad y exclusión, por lo que como dijera el presidente Argentino, "resulta inaceptable, desde la más objetiva racionalidad, insistir con recetas que han fracasado." En este sentido, Kirchner dejó claro que "que no servirá cualquier Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) Firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad." Y es precisamente por ello, que Venezuela firmó la "Declaración de Nuevo León" (13 de Enero de 2004) con reservas al párrafo relativo al ALCA "por motivos principistas y diferencias profundas acerca del concepto y la filosofía contenidas en el modelo propuesto, así como por el tratamiento dado a las materias específicas y a los plazos establecidos."
Si bien es cierto que en lo económico y social, la Cumbre de Monterrey no se traducirá en progreso para América Latina, en lo político significa el punto de inflexión en el cual los países progresistas de la región tomaron distancia de las viejas recetas neoliberales y del modelo neomercantilista que aspira Washington al promulgar y defender una nueva propuesta para el desarrollo democrática, participativa, integracionista y solidaria que dejará aislada a la oposición venezolana al tiempo que marcará de manera definitiva el destino de nuestra América.
