El desarrollo social como política de Estado

En Venezuela las décadas del ochenta y del noventa fueron espacios para la puesta en funcionamiento de los llamados “paquetes neoliberales” cuyas recetas recomendaron: la desregularización, la apertura de los mercados, las privatizaciones, la reducción del Estado a mero guardián del orden, el equilibrio fiscal y la estabilidad de los precios. En este escenario los Gobiernos de turno de la democracia representativa redujeron considerablemente la inversión social, lo que tuvo expresión en el aumento de los índices de pobreza y de exclusión, acelerándose los procesos, ya en marcha, de degradación social y debilitamiento de los valores fundamentales para la convivencia humana.

El Presidente Hugo Chávez gana las elecciones limpiamente a fines de 1998 y, con una concepción diametralmente opuesta a la pregonada por el Capitalismo neoliberal privilegia en su Política de Estado el desarrollo social y humano. Es el único Presidente que en Venezuela ha entendido que el desarrollo integral de un país no se logra sin el desarrollo social. Durante las décadas anteriores el crecimiento económico constituía el centro de la política de desarrollo y el resultado fue el “crecimiento sin desarrollo” tal como lo denominó Domingo Maza Zavala.

Al privilegiar el desarrollo social se coloca el énfasis en el cambio político expresado primariamente en el llamado a la Constituyente y en la aprobación mediante referendum de la nueva Constitución; en la creación de conciencia política y en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; en la inclusión social por medio de la educación, arma fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y formar integralmente a las nuevas generaciones en cuyas manos estará la consolidación del nuevo país, cuyo modelo de desarrollo está diseñado en la Constitución de 1999. En el mejoramiento de la salud mediante la diversificación de programas dirigidos tanto a la prevención como a la curación y, muy especialmente orientados a crear un sistema de salud integral; en los programas para aminorar la depredación del ambiente; en aquellos dirigidos a la democratización de la cultura y del deporte; en los planes de viviendas y mejoramiento de los barrios populares; en la entrega de las tierras urbanas a quienes en ellas habitan; en los planes crediticios dirigidos a los grupos sociales antes excluidos: las mujeres, los campesinos, los pescadores, los incapacitados y los pequeños comerciantes y empresarios; en los programas orientados a incentivar la producción nacional de alimentos para el consumo interno a fin de avanzar hacia la seguridad alimentaria de la población, así como en la y en aquellos orientados a proveer alimentos de bajo costo por medio de los mercados populares; en el incentivo a la creación de cooperativas de producción y de consumo y fundamentalmente, en el real funcionamiento de una verdadera democracia en la cual tienen voz los que antes eran callados.

Por mi experiencia puedo dar cuenta con mayor exactitud de lo hecho en educación. En primer lugar debemos enfatizar que la Constitución reconoce a la educación como un derecho humano y un deber social; concede la gratuidad de ésta hasta el nivel de grado y enfatiza su obligatoriedad. Igualmente, se refuerza el papel rector del Estado en su orientación y financiamiento y se le reconoce como un servicio público. Tales principios garantizan a la totalidad de la sociedad el acceso a una educación que debe ser de calidad. Lo realizado hasta el momento en todos los niveles de la educación por mejorar la calidad, la infraestructura, la dotación, la formación de maestros y profesores y sobre todo el mejoramiento de los niveles de desempeño estudiantil se completa con la acertada decisión del Presidente de crear la Universidad Bolivariana de Venezuela y las Misiones: Robinson, Ribas y Sucre Todas ellas permitirán acelerar el proceso de inclusión social por medio de la educación.

El renacimiento de la educación en la República Bolivariana de Venezuela no se orienta sólo a informar o a profesionalizar. Su objetivo fundamental es formar ciudadanos concientes de su papel en la construcción social, es afianzar valores tales como: la ética, la solidaridad, el respeto al otro, la honestidad, la justicia, la libertad, la independencia, la paz, es formar ciudadanos con responsabilidad social e identidad nacional. Es lograr conciencia colectiva.

Es necesario hacer notar que esta manera de entender e impulsar el desarrollo ha permitido que el crecimiento económico se coloque al servicio del desarrollo social, ya que las empresas del Estado están contribuyendo decididamente con los programas sociales. Tal es el caso de PDVSA, CVG, CORPOZULIA, CADAFE, entre otras. Esta sinergia entre las empresas y las instituciones del Estado responsables de llevar a cabo los programas dirigidos al logro del desarrollo social ha permitido que estos cumplan su cometido: ser parte del desarrollo integral del país.

El balance de cinco años del gobierno revolucionario es altamente positivo porque el desarrollo social es el centro de la Política de Estado. Es este el camino correcto para alcanzar una sociedad sin excluidos.


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