En los últimos tiempos, quienes tenemos por costumbre seguir el acontecer social, político y económico a nivel nacional e internacional, hemos visto con especial preocupación las constantes reseñas de las agencias de noticias internacionales que hablan acerca de la seguridad alimentaria global, de sus consecuencias, de sus causas y de algunos lineamientos de política para su solución. En nuestro país, salvo honrosas excepciones, la mayor parte los medios de comunicación no le dan la atención requerida a esta problemática, que junto al calentamiento global y a la contaminación amenazan nuestra existencia como especie y a gran parte de la biodiversidad de la tierra. 

       

     El asunto comunicacional es tan grave en el ámbito doméstico, que algunos “sesudos analistas criollos” limitan la discusión en torno al desabastecimiento y al aumento de los precios de los productos de la cesta alimentaria, a argumentos ridículamente absurdos como: (1) ¡El Gobierno no está tomando medidas para proteger a los más desfavorecidos!, como si MERCAL, las casas de alimentación y PDVAL fuesen medidas destinadas a quienes viven en la lagunita y demás urbanizaciones “bien” del este de Caracas; (2) ¡El régimen está ahogando la producción del sector privado con controles de precios y regulaciones laborales!, obviando un pequeño detalle: la economía lleva 18 trimestres consecutivos de crecimiento económico; (3) ¡Los productores están abandonando el campo porque ya no les es rentable!, dejando entrever que el éxodo campesino es un fenómeno que ocurre en el país desde 1998, con la llegada de la Revolución; (4) ¡La producción agrícola baja por falta de apoyo!, cayendo nuevamente en otro lapsus amnésico y dejando por fuera las ayudas del Estado en los ámbitos: (a) financiero, tasas inferiores para la actividad agropecuaria y con tendencia a la baja, además de períodos muertos más largos y reducción en la relación de garantía; (b) de insumos, PEQUIVEN y el INIA, por ejemplo, se encargan de proveer a los productores nacionales de semillas y agroquímicos en calidad y cantidad suficientes y a precios razonables; y (c) jurídicos, mediante la importante labor que en lucha contra el latifundio viene llevando a cabo el INTI, asignando títulos a familias que tienen varias decenas de años ocupando tierras mientras sus “dueños” se daban la gran vida en la ciudad o en el exterior; es decir, según estos personajes, todo es culpa del “teniente coronel”, como llaman de manera despectiva al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Pues, así de tonto creen que es el pueblo.

     Tan grave es la cosa, que ellos, en su enceguecido e irracional odio al Comandante Chávez, sesgan la información pretendiendo hacer ver al pueblo venezolano que (1) los biocombustibles (aunque el término más acertado sería agrocombustibles); (2) la especulación en los mercados internacionales con los productos alimentarios; (3) el control de la actividad agropecuaria por parte de las grandes transnacionales; (4) el aumento del precio del petróleo sumado a los exorbitantes impuestos que los países del G7 colocan a cada litro del hidrocarburo, que en promedio gravan con 47,57% (dato, según la OPEP) ; (5) el cambio climático; y (6) el contrabando de alimentos hacia la hermana República de Colombia; no tienen absolutamente nada que ver con las fallas puntuales en el mercado nacional que se han visto en productos como la leche, la carne, el pollo y la harina precocidad de maíz, las cuales, por cierto, han sido solventadas en corto plazo por la acción del Estado, el pueblo y los empresarios patriotas.

     No obstante, a pesar de que el Gobierno del Presidente Chávez ha salido muy bien parado frente al problema alimentario mundial, tal y como lo señaló recientemente el representante de la FAO, Francisco Arias Milla; aún queda mucho por trabajar en aras de hacer realidad lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 305: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola”. Sin embargo, como diría la Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner: ¡NO ES POCO LO QUE SE HA HECHO! 

*: Economista y Profesor Universitario.

alexisdavidmujica@gmail.com