La amnistía, más que una medida jurídica, ética o moral sobre la libertad de personas sometida a un proceso o con pena por la comisión de delitos tipificados en la ley, es, esencialmente, una decisión política porque responde a la voluntad del Estado de dar por terminada la sanción o persecución de los responsables, autores, cómplices o cooperantes necesarios en la comisión de un delito, con el fin de favorecer el interés general de la sociedad, la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad política de las instituciones.
La extensión y oportunidad para dictar una medida de esta naturaleza igualmente responde a una razón política, por cuanto se debe tomar en cuenta los delitos y delincuentes beneficiados y el efecto positivo que una medida de esa naturaleza puede tener en el escenario social y político en el cual se dicta, por lo que debe tomarse en cuanta las previsiones de la ley nacional y los tratados internacionales en materia de delitos de Lesa Humanidad, el clamor de una parte representativa de la sociedad, el derecho de las víctimas y sobrevivientes a la Justicia y, la capacidad real y efectiva de de la Administración de Justicia de realizar los procesos penales y civiles e imponer las penas correspondientes.
Contrario al pensar generalizado, más que en favor los delincuentes, una medida de Amnistía, sea parcial o total, motivada por razones estrictamente políticas, tiene como principal razón, introducir al interior del cuerpo social y de las instituciones un evento extraordinario que impacte positivamente y, con ello, promueva una respuesta del mismo sentido, expresada en un acercamiento de los bandos enfrentados, distanciados e incomunicados, deslegitimando, aislando y debilitando a los sectores de la confrontación violenta que afectan o pudieran afectar la unidad y funcionamiento normal de las instituciones y favorecer el imperio de la ley y la autoridad en todo ámbito del espacio físico y político de la Nación.
El Decreto con Valor y Fuerza de Ley de Amnistía dictado por el comandante Hugo Chávez Frías, en uso de las atribuciones otorgada por la Ley Habilitante expedida por la Asamblea Nacional, cumple, en grado sumo todas las consideraciones anteriormente expuestas y, tal como han reaccionado los diversos componentes del país nacional, salvo algunas individualidades del campo revolucionario, esta decisión ha sido acogida como justa, acertada y oportuna, en plena correspondencia con los fines del Estado consagrados en la parte final del artículo 3 de la Constitución de la República y genuina y honesta expresión de la congruencia del gobierno bolivariano y socialista de Venezuela al propiciar procesos de pacificación en Colombia, confirmando además, la hegemonía ética, moral y política de un gobernante que se pone por encima de sus heridas personales y del proceso revolucionario bajo su conducción, con el fin de encauzar la confrontación irreconciliable entre el “nunca y el ayer “ florentiniano”, en una Batalla de Ideas, apostando por la posibilidad mínima de saldos dolorosos para el pueblo venezolano.
No se trata de olvidos imposibles ni perdones inmerecidos, sino de que asumamos en términos políticos una confrontación de clase que, por designios y manipulaciones del imperialismo y de pequeños grupos fascista locales, enfrenta a dos bandos sociales que no pueden derrotarse uno al otro sin el riesgo de fragmentar la Nación, dividir el país y disolver la República y, con ello, sepultar una hermosa utopía que con mucho temple, tacto y visión, se ha venido desarrollándose en Venezuela, bajo la dirección correcta del comandante Hugo Chávez.
Quienes tuvimos relación con los grupos insurgentes de los años 60 y 70´s, y asumimos la lucha por la defensa de los derechos humanos, no como una táctica política antisistema, sino como una opción por la Vida, la Dignidad de la persona humana y los derechos de los trabajadores y demás sectores populares durante los gobiernos de la Cuarta República, conocemos el valor y la trascendencia de una medidas de Amnistía Política que favoreció la superación definitiva de la confrontación armada, la libertad y legalización de nuestros partidos y dirigentes, reorganización de nuestros sindicatos y organizaciones sociales y culturales y la vigorización de nuestro ideal revolucionario socialista; y, si vimos con simpatía el Levantamiento Popular del 28F y las Rebeliones Militares del 4F y 27N, fue porque comprendimos el Derechos del Pueblo a Rebelarse en contra de un gobierno corrupto, represivo y genocida arrastrado por un estado generalizado de crisis que conducía al país, inevitablemente, a la guerra civil.
Hoy tenemos un país en paz, con instituciones funcionando, con crecimiento económico sostenido y sostenible, mejoramiento gradual de las condiciones de vida de las mayorías populares y un sistema político de democracia participativa y protagónica en tránsito al socialismo en el cual se promueve y garantizan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de género y transgeneracionales que son emblema de la Revolución Bolivariana y referencia para los hermanos pueblos de América Latina y el Caribe y demás Naciones, pueblos y etnias del planeta.
En este escenario de cambios en paz y democracia, el Decreto Ley de Amnistía dictado por nuestro comandante en jefe Hugo Chávez Frías, mide la grandeza de nuestra revolución y la bondad de sus líder que, de esta manera, nuevamente se ratifica como un ser humano magnánimo y generoso, con voluntad de construir un nuevo país donde quepamos todos los hombres de buena voluntad que amen esta heroica tierra de Libertadores.
