La prédica anti-corrupcción debe ser una constante, así como permanentes tienen
que ser los esfuerzos que se hagan en favor de la instrumentación de rigurosos
mecanismos de control interno, tal y como se impone que sean establecidos en
cualquier institución que maneja fondos y bienes públicos, complementados, a su
vez, con supervisiones y/o monitoreos bajo la responsabilidad de lo que
pudiéramos llamar Juntas de Veedores, integradas por funcionarios de las propias
instituciones, quienes serián reemplazados de forma periódica para garantizar su
transparencia y efectividad.
Pero, ciertamente, no basta con ello. La corrupción es mucho más compleja.
Allí no sólo está el funcionario corrupto presto a delinquir y que siempre
tratará de encontrar resquicios para burlar cualquier control que exista, sino
aquél otro que se deja sobornar pasivamente y que hará lo propio, o aquellos
que, por temor a perder sus cargos, hacen todo lo que se les indique en la
dirección de que quienes están dispuestos a sacar provecho "sotto boche" del
acto administrativo acordado para la compra de bienes o servicios, logren sus
objetivos. Eso lo tenemos muy claro, y es así como se instrumentan los actos
ilícitos, pero sería una muy buena estrategia que en esa lucha anticorrupcción
se haga posible la participación del colectivo a través de esas Juntas que
proponemos. Por otra parte, estaríamos con ello haciendo una realidad el mandato
constitucional de la participación y el protagonismo del pueblo en aspectos tan
importantes como lo es, sin duda alguna, el control del gasto público, en todas
las instancias del Estado.
Frente a las recientes denuncias de corruptelas en la Universidad de Oriente
(UDO) y en el Fondo Unico y Social (FUS), el más alto gobierno y el Poder Moral
deben actuar de inmediato, ordenando la apertura de los respectivos procesos de
investigación que son los que, en toda circunstancia y tiempo, determinarán si
efectivamente en esas instituciones públicas se han cometido y se están cometen
irregularidades. En ambos casos, según hemos leído y escuchado a sus
denunciantes a través de este medio y de Venezolana de Televisión, se aportan
evidencias que apuntan a hacernos ver vicios e irregularidades por esos lares en
lo que tiene que ver con el manejo de los dineros y bienes públicos. En el caso
específico del FUS, hemos leído, también, el comunicado que produjo su gerencia,
en contestación a dichas acusaciones y nos corresponde decir, de manera muy
clara, que en ese documento no hay respuesta alguna a los señalamientos
específicos que formulan sus denunciantes, pues allí esa gerencia se limita a
destacar, únicamente, con cifras y resultados, los éxitos que hasta la fecha ha
venido logrando el Fondo en la instrumentación de sus programas sociales, lo
cual es válido que lo informe, ciertamente, pero en lo absoluto consideramos que
sea apropiado que acuda a ese expediente para darle explicaciones a un colectivo
que espera algo más, es decir, claras y precisas respuestas a todo cuanto está
siendo denunciado. Estamos persuadidos de que esas explicaciones únicamente es
posible encontrarlas a través de una investigación rigurosa, conducida en el
marco de la mayor imparcialidad y seriedad, lo cual nos lleva al convencimiento
de que la mejor respuesta de quienes están al frente de esas entidades públicas
y señalados por actos irregulares, son lo primeros que deben propiciar y dar
todo su apoyo a esas investigaciones.
De manera que, como lo hemos
sostenido desde hace muchos años, si bien es cierto que el discurso
anti-corrupción persistente coadyuva en favor de un propósito orientado a ir
creando en el pueblo una auténtica conciencia acerca dal daño moral que le hace
al país ese terrible flagelo, ello no es suficiente. Es imprescindible entender
que se hace necesario incorporar en una estrategia de lucha frontal contra los
corruptos, sean quienes sean y estén donde estén, tareas permanentes de
auditorías no programadas, es decir, lo que en el argot profesional se conoce
como la "auditoría de sorpresa", así como estimular y propiciar hasta el
cansancio la denuncia de hechos ilícitos, a través de apropiados mecanismos que
ofrezcan garantías de protección al denunciante, de manera que éste no sea al
final víctima de algún tipo de venganza. Igualmente y, por supuesto, la
instrumentación de una legislación severa e inflexible que prevea los juicios
expeditos para los delitos contra la cosa pública, porque de lo contrario
habremos perdido el tiempo.
Ejercimos funciones fiscales como brazos ejecutores de la actividad cotidiana
en el ejercicio del control público, así como responsabilidades de gerencia por
muchos años en la Contraloría General de la República durante casi toda la era
del "puntofisjismo" (1.961/85) y por ello conocimos al monstruo por dentro, así
como su inmenso poder y complicidad para destruir a quienes se le atravesaban.
Fuimos una de sus víctimas cuando impedimos que se perfeccionara una estafa
cuantiosa con la adquisición de los terrenos del Criogénico de Oriente en 1.985
para PDVSA, durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1) y es por ello por lo que
nos sentimos obligados a no callar ante este tipo de cosas, además de que
estamos convencidos de que un proceso de cambios y transformaciones como el que
hoy se está dando bajo el liderato del Presidente Chávez, para que hagamos de
nuestro país una patria digna y de progreso en justicia y en paz, tiene la
obligación prioritaria e irrenunciable de acabar con la corrupcción, la cual
tuvo un crecimiento indetenible durante esa IV República .
Para llevar adelante ese gran esfuerzo anticorrupción persistente tenemos,
además, el mayor ejemplo en nuestro héroe máximo, Simón Bolívar, no solamente
con su conducta en el plano personal frente a aquellas varias ocasiones en que
se negó a ser beneficiario de asignaciones y canongías en dinero de los fondos
públicos, sino que ya como estadista y Jefe Supremo de la República, en sus
arengas, proclamas y cartas, el terrible problema de la corrupcción estuvo
siempre presente, pues para él ese fue un tema al que le prodigó especial
atención (2), al punto de que se vió en la imperiosa necesidad de tener que
llegar a prescribir como castigo a quienes incurrieran en delitos contra la cosa
pública, en jucios sumarios, la pena de muerte, lo cual sancionó por Decreto de
fecha 12 de enero de 1.824. En el decreto se dispone igual pena para aquellos
jueces que no le dieren cumplimiento a dicha decisión (3).
(1) Nuestros cálculos, a los precios de hoy, el sobre precio que se pretendía
reconocer y que lo habían establecido técnicos de la Contraloría General,
manipulados por un muy alto funcionario de esa Institución, con la complicidad,
sin duda, de algunos meritócratas de la estatal petrolera de la época, era
superior a los mil trescientos millones de bolívares. Debemos agregar, que bajo
nuestra responsabilidad descansaba la competencia del trámite de ese caso, por
lo que fue posible que impidiéramos la estafa, lo cual determinó que se nos
destituyera después de 23 años al servicio de ese órgano de fiscalización.
Recurrimos a todas las instancias posibles para denunciar el hecho, Congreso
Nacional, diarios de circulación nacional, personajes influyentes de la época y
nadie nos escuchó.
(2) Algunos pensamientos del Libertador sobre el tema: "Es deber de todo
ciudadano vigilar la legítima inserción de las rentas públicas, en beneficio de
la sociedad" (15/02/1.819); "La hacienda no es de quien os gobierna. Todos los
depositarios de vuestros intereses deben demostrar el uso que han hecho de
ellos" (02/01/1.814); "La masa física se equilibra con la fuerza moral"
(06/09/1.815); "La mejor política es la honradez" (17/08/1.820); "Para el
gobierno no sería más útil ni más satisfactorio que corregir los abusos de la
administración" (24/05/1.821) y "Sin moral republicana, no puede haber gobierno
libre" (26/05/1.820).
(3) Este decreto tiene por título: "Aplicación de la pena de muerte a los
funcionarios que hayan tomado dinero de los Fondos Públicos" y está suscrito por
Simón Bolívar, en su condición de Presidente del Perú.
